13 de Marzo de 1998. Mérida, Yucatán, México
Partido de la Revolución Democrática
Plataforma Política 1998 - 2001
A través de sus candidatos durante la contienda y, especialmente, de sus representantes populares en el congreso del Estado, así como en los ayuntamientos que conquiste mediante el voto de los ciudadanos, el PRD impulsará una plataforma política que, sustentada en los elementos anteriores de diagnostico de la realidad del Estado, se oriente a partir de las directrices fundamentales siguientes:
-Impulsar y construir una nueva relación entre la ciudadanía y sus representantes populares, de tal forma que los diputados y ediles municipales mantengan una permanente comunicación con sus representados escuchando e interpretando el sentir de los grupos populares, elevando y estructurando sus demandas ante las instituciones y órganos gubernamentales, gestionando la viabilización de las peticiones y propuestas y legislando para que la solución de las demandas adquieran la categoría de leyes de observancia obligatoria y general en favor del pueblo yucateco.
-Impulsar y practicar una nueva forma de gobierno democrático que, fundada en el respeto a las organizaciones políticas y sociales y a los ciudadanos, ejerza la autonomía política del Congreso Local, mediante una actitud crítica y responsable en las decisiones y la promulgación de las iniciativas de ley, y sostenga un efectivo equilibrio de poderes, con contrapesos reales hacia las posturas y posiciones del Poder Ejecutivo.
-En la tarea legislativa, mantener una política invariable de revisión exhaustiva del ejercicio del presupuesto público y, a partir de 1999, que la Ley de Ingresos y Egresos y su aplicación se apegue y responda a los problemas críticos y más apremiantes de la población mayoritaria de Yucatán.
-Promover y tomar la iniciativa en el sentido de que el Congreso asuma de manera veraz, ágil y expedita las demandas y propuestas de los grupos y organizaciones de ciudadanos, quebrando la inercia de torpezas e inmovilidad y convirtiéndose en una verdadera y activa asamblea de representación, gestión y legislación de las causas de los yucatecos.
Estas directrices, en las que habrá de conducirse en lo general el accionar y la conducta política de nuestros representantes populares, tomarán cuerpo y se concretarán con base en una serie de propuestas programáticas que, en su caso, serán formuladas en términos de iniciativas y reformas legislativas.
Los yucatecos debemos aspirar a un crecimiento real del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de entre el 5 y 6% anual. Esto nos permitiría recuperar en tres años el nivel de crecimiento que se vivió hasta mediados de los años ochenta.
La estrategia para la reactivación inmediata de la economía será el fortalecimiento de las fuerzas económicas locales (mercado interno), para preparar circunstancias favorables que nos permitan competir de manera más equilibrada con el capital extranjero y nacional en la localidad.
Para el Partido de la Revolución Democrática el fortalecimiento de las fuerzas económicas locales implica un amplio compromiso social y político de todos los grupos sociales productivos para gobernar las fuerzas del mercado. Sólo así se podrá aspirar a un desarrollo de largo plazo con crecimiento sostenido y distribución equitativa de riqueza.
A diferencia del neoliberalismo, gobernar las fuerzas del mercado permitirá crear un ambiente propicio para el trabajo y la inversión, con el que se garantizará un desarrollo justo y sustentable, cuyo objetivo de largo plazo es crear las condiciones humanas y económicas para impulsar un serio proceso de desarrollo económico, con distribución de la riqueza, justicia y democracia. Nuestro reto es superar el atraso de la economía yucateca y erradicar las causas de la pobreza.
Nuestra estrategia económica tiene dos componentes, uno de corto plazo, constituido por el Plan de Rescate y de Reactivación Económica, y otro de largo plazo, el Plan para el Desarrollo Justo y Sustentable.
En el horizonte del período de tres años al que corresponden nuestras propuestas, orientado a incidir coherentemente en la dirección del Plan para el Desarrollo Justo y Sustentable, privilegiamos aquí el impulso del plan inmediato.
Ante la crisis, el P.R.D está convencido de que sí existen opciones y alternativas realistas, técnicamente fundadas, que permiten encarar los actuales problemas económicos resolviendo de raíz las causas que los generan y los agravan.
Como el estancamiento de la economía se ha expresado en forma desigual entre sus sectores, ramas y entre la población, el plan de corto plazo priorizará las actividades que por su importancia productiva, de ocupación e ingresos, pueden estabilizar la economía y permitir su reactivación. En tal sentido, se propone:
-Un Plan de Rescate y de Reactivación Económica a desarrollarse de inmediato, en el que el ajuste económico debe ser para crecer, para generar empleo y preservar la planta productiva y atender la marginación social.
El Plan de Rescate y de Reactivación Económica se integra por dos grandes programas: el Programa de Reactivación Productiva del Sector Agropecuario, y el Programa de Defensa de la Planta Productiva y de Servicios, del Empleo y los Ingresos.
Apoyándonos en instrumentos y políticas agrícolas como son precios de garantía, créditos oportunos y baratos, canales adecuados de distribución y venta, adquisición de insumos y maquinaria, y capacitación y organización campesina, se buscará la reactivación inmediata del sector agropecuario.
Las medidas inmediatas a tomar son:
a) Rescate de unidades productivas.
Dado el interés que los campesinos han demostrado para recuperar las unidades productivas abandonadas, el P.R.D., conjuntamente con los productores, buscará la articulación de las instituciones y programas federales que invierten en el campo, para impulsar un ambicioso plan de rescate de estas unidades, priorizando aquellas donde existan grupos campesinos organizados para la producción. Simultáneamente se trabajará para que dichas unidades se integren en los procesos de comercialización, para lo cual se aportará la asesoría que los mismos productores demanden.
b) Autosuficiencia alimentaria y el abasto popular en maíz y frijol.
El P.R.D., consciente de que las unidades de autoconsumo de los campesinos yucatecos pueden constituirse en lo inmediato en el principal elemento para abordar la pobreza extrema que padecen las comunidades indígenas y mestizas, se propone fortalecer las unidades de autoconsumo sustentadas en la milpa y en los solares, y enriquecerlas con proyectos de innovación tecnológica, apegadas a la idiosincrasia y al manejo sustentable de los recursos naturales de las propias comunidades. Con ello se impulsarán policultivos hortícolas y frutícolas, así como el desarrollo avícola y pecuario en pequeñas escalas pero con alta productividad.
Por supuesto que no se trata de fomentar unidades aisladas; éstas tendrán que estar integradas a un mercado microregional que, con el apoyo necesario, facilitará el intercambio y abasto de los excedentes. En este sentido se fomentarán los llamados huertos tradicionales, que son solares especializados y con una orientación económica hacia el mercado.
c) Ejecución de obras de infraestructura que eleven la productividad.
Se emprenderá un amplio y riguroso inventario de la infraestructura y las condiciones en que se encuentra. Se procederá a rehabilitar las existentes y construir nuevas obras de infraestructura productiva en aquéllos municipios y comunidades que garanticen su rentabilidad social y económica.
d) Impulso a la Integración Agroindustrial.
Conjuntamente a la rehabilitación y rescate de las unidades productivas, se propiciarán los vínculos del sector agropecuario con el industrial. El objetivo es resolver los problemas de comercialización de las unidades agropecuarias dotando de mayor valor agregado a sus productos y en consecuencia fomentar su recapitalización.
Se promoverán las relaciones entre los industriales y los productores del campo a efecto de establecer los vínculos productivos que sean necesarios y ventajosos para ambas partes.
Para ello nos proponemos gestionar, además de apoyos financieros y fiscales, financiamientos internacionales bondadosos para reactivar la producción agropecuaria y de las ramas industriales correspondientes, sobre la base de su integración estratégica con el campo yucateco.
a) Reestructuración de carteras vencidas
El P.R.D., consciente de la gravedad de la situación, considera que la solución de este problema debe ser afrontado con base en una gran unidad de acción de los productores y del gobierno. Propone levantar la confianza de nuestra gente con un plan económico sólido y viable. Asume el compromiso de encabezar la salvación de nuestra planta productiva, del empleo y del campo.
La reestructuración de las carteras vencidas debe partir de la situación y necesidades de la industria y campo yucateco y no de intereses financieros. Habiendo una corresponsabilidad de los acreedores y del gobierno federal en la problemática que vivimos, gestionaremos de inmediato que se dé prioridad al Sureste mexicano, y particularmente a nuestro Estado, en la atención a la problemática financiera.
El fracaso de las Udis, como ha acontecido en otros esquemas de reestructuración diseñados unilateralmente, nos obliga a comprometernos a estar siempre del lado de los genuinos deudores para: suspender los embargos y cualquier acción judicial contra los deudores (hasta ahora se reportan alrededor de 25 mil juicios mercantiles de embargos ante los juzgados civiles promovidos por las instituciones de crédito), y garantizar que la reestructuración de adeudos signifiquen quitas importantes de capital, reprogramación adecuada de pagos, tasas de interés razonables y/o preferenciales, y recursos frescos.
b) Estímulos fiscales para la producción
Pugnaremos para que se implemente un programa de apoyo fiscal para restituir entre el 5 y el 10% de los impuestos sobre la renta, al activo y al valor agregado, a las empresas con dificultades financieras. Asimismo, nos sumaremos a la petición empresarial de eliminar el impuesto del 2% sobre los activos, siempre y cuando los recursos liberados se destinen en un 100% a la inversión productiva.
La gestión de este programa de apoyo fiscal será el inicio de una revisión del sistema de impuestos locales y federales con el fin de disminuir el monto de impuestos que paga el productor individual, ampliar el universo de contribuyentes con base en la simplificación y progresividad y no en el terrorismo fiscal, e incrementar los ingresos del gobierno local a partir de una negociación con el gobierno federal, en la que se busque que el estado de Yucatán pueda disponer de una mayor proporción de los recursos que se obtienen de los impuestos federales.
Nos pronunciaremos por, además de la supresión del impuesto sobre el activo, la creación de un impuesto a las ganancias especulativas y la revisión del impuesto sobre la renta para dotarla de progresividad.
c) Apoyos para la reducción de costos de producción
Se buscará un acuerdo inmediato con el gobierno federal y las grandes compañías prestadoras de servicios para la aplicación de una tarifa especialmente baja para los productores. En el caso de la agricultura citrícola, frutícola y maicera de riego se gestionará un apoyo emergente para que el gobierno federal absorba el costo del riego en electricidad y en cuota de agua.
d) Programa emergente de empleo
Con el fin de crear empleos productivos permanentes, pugnaremos para que la reactivación del sector agropecuario e industrial sea acompañada por un ambicioso programa de rehabilitación y construcción de infraestructura productiva y social básica (agua, drenaje, electrificación) y de vivienda popular que genere quince mil empleos.
Se trata de complementar el programa de trece mil empleos transitorios planteado por el gobierno federal con la generación de empleos productivos a partir de la rehabilitación y construcción de cuatro a cinco mil viviendas en zonas agrícolas y ciudades medias, así como de obras de infraestructura productiva y social en zonas de desastre económico.
El combate de la pobreza no es tarea exclusiva del Estado, aunque por la concentración de recursos e instituciones que posee, debe dirigir esta urgente y delicada empresa. En ella deben participar todos los sectores sociales, incluidos quienes se debaten en la miseria y la marginación. En este sentido, el combate contra la pobreza debe ser un compromiso de toda la sociedad, y en especial de los grupos que hasta hoy han sido los más beneficiados por las políticas gubernamentales.
La política de Reforma Social con Justicia necesariamente tiene que superar los programas asistenciales que han implantado los gobiernos federal y local. Estos, si bien han aliviado parcialmente la angustia y la miseria de algunos grupos marginados, son ineficaces para combatir la pobreza. Lo cierto es que estos programas han servido para ganar votos en favor del partido oficial y para aparentar la existencia de una política social.
Los yucatecos, al igual que todos los mexicanos, necesitamos de una auténtica política de justicia social que, para resolver el problema de la pobreza y sus secuelas, ataque las causas que la originan y no sólo sus efectos. Si estamos de acuerdo en que la pobreza, la marginación y el deterioro del medio ambiente son éticamente inaceptables, esta política de desarrollo social debe partir del criterio de hacer compatible el crecimiento económico con la distribución de la riqueza y la protección de la naturaleza.
La reforma social que propone el PRD se constituye con dos tipos de acciones. Por un lado, las que atenderán los problemas urgentes que no admiten demora, y por el otro, las acciones encaminadas a sentar las bases para consolidar el bienestar de la sociedad.
Los yucatecos necesitamos asumir el compromiso social y moral de no aceptar ni permitir que nuestros semejantes mueran de hambre, sean marginados, maltratados y condenados a vivir en la miseria. Este compromiso también es ético por cuanto se trata de preservar la vida social y material de los brutales ataques que le han dado los neoliberales y su ambición de poder y dinero.
Atención especial a la niñez yucateca. Para afrontar el problema de la desnutrición y de los bajos niveles de aprendizaje en la población infantil, se desarrollará un conjunto de acciones que, empezando por el trabajo remunerado de las familias en lo inmediato, generalice la dotación de los desayunos escolares, apoye con material escolar y becas a los niños de las comunidades rurales y amplíe la cobertura de asistencia médica gratuita para los niños de las familias pobres que carecen de ese servicio. Asimismo se revisará el programa de becas para ampliar su cobertura, y se promoverá atención educativa especial a los niños con bajos índices de aprendizaje.
Atención a necesidades básicas de la población marginada. Se coordinará la atención médica del IMSS, Issste y de la SSA, así como de los hospitales públicos y privados, para ampliar y eficientizar la atención médica a la población del campo, de la costa y colonias populares de las ciudades. En los lugares más apartados de inmediato se instalará por lo menos un dispensario médico en cada comunidad.
Se reorganizará la distribución de tortibonos, leche y despensas para eliminar la corrupción, el favoritismo y la manipulación política, garantizando que tales productos lleguen a la población que realmente los necesita.
Se llevará a cabo una campaña de rehabilitación y dotación de obras de servicio comunitario para introducir agua potable, electricidad y teléfono, y para abrir y reparar caminos en las comunidades marginadas.
Atención a las viudas y jubilados. En lo inmediato se apoyarán las gestiones ante las instituciones correspondientes a efecto de incrementar las pensiones que reciben las viudas y los jubilados henequeneros.
Se estructurará un programa de asistencia social y de apoyo al campo que no sea utilizado como medio para cultivar el clientelismo político tanto del PRI como del PAN. Se buscará que tal programa cumpla su función real de asistencia social y su aplicación se haga sin favoritismos.
Dignificación del indígena maya. Se restituirá el valor histórico y cultural del pueblo maya, creando las bases para su pleno desarrollo actual. Junto a la rehabilitación productiva y a la capitalización del campo, se emprenderán acciones sociales con pleno respeto a las costumbres de las comunidades indígenas. Así, se les apoyará para que ningún niño abandone la escuela y para que todos los adultos aprendan a leer y escribir. Se desarrollará una amplia educación sobre los derechos constitucionales, humanos y políticos de los indígenas para que la sociedad los trate como a verdaderos ciudadanos. El respeto a los derechos de los indígenas deberá empezar en los propios tribunales y Ministerios Públicos, en los cuales se contará con traductores bilingües para los casos en que el detenido se exprese preferentemente en su lengua materna. Se exigirá el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados entre el gobierno federal y el EZLN.
Promoción de la educación para todos. La educación es un derecho constitucional de todos los mexicanos. El P.R.D. considera irracional e injusto que los niños y los jóvenes que desean estudiar no puedan hacerlo por falta de recursos económicos. En tales casos el gobierno, conjuntamente con las instituciones educativas respectivas, procurará la forma de garantizar que ningún educando se quede sin estudiar.
El analfabetismo será erradicado con el concurso de los universitarios y estudiantes técnicos. Con ellos se impulsará una campaña estatal de alfabetización cuyo objetivo será garantizar que todos los adultos aprendan a leer y a escribir en el corto plazo.
Garantías a la seguridad pública. Se depurarán, moralizarán y profesionalizarán los cuerpos policíacos a fin de que éstos se constituyan en guardianes y promotores de la seguridad pública, y sean en todo momento respetuosos de los derechos humanos y políticos en el cumplimiento de la ley.
Dignificación de la mujer. Con base en una permanente campaña educativa y en las reformas legislativas correspondientes, se garantizará el pleno respeto a la dignidad de la mujer. Asimismo se estimulará y facilitará su creciente incorporación como actor protagónico en la vida social, productiva, política y cultural. Se promoverán reformas legales para frenar el mal trato, los abusos sexuales y las violaciones. Se garantizará la maternidad responsable y voluntaria y se evitará el abuso médico en el tratamiento del embarazo.
Apoyo a la función social de la juventud. El gobierno, en cumplimiento de su función social, dará un decidido apoyo a los jóvenes para que éstos encuentren libre acceso a la educación y los espacios culturales deportivos y laborales que les permitan tener una vida social altamente productiva
Revalorización social de jubilados, viudas, pensionados y ciudadanos de la tercera edad. Se promoverá la inmediata homologación de las pensiones y jubilaciones a las condiciones salariales vigentes; se les garantizará la atención médica de cobertura completa, y para aprovechar su experiencia se organizarán casas de la cultura y la producción en las que dichos ciudadanos convivan y trabajen para su bienestar.
En el caso de los jubilados, el gobierno se sumará a la demanda de alcanzar un incremento para que sus ingresos recuperen el poder adquisitivo perdido.
Reincorporación social y productiva de discapacitados. Con el objeto de que dejen de ser tratados como una carga social y de aprovechar el importante potencial productivo y cultural de las personas discapacitadas, se dará cumplimiento a la legislación existente haciendo valer sus derechos jurídicos y laborales; se propiciará su incorporación a las actividades productivas y se apoyará el sistema de educación especial para ampliar su cobertura en toda la entidad. Asimismo se legislará para otorgarles atención médica gratuita.
Recuperación y restauración del equilibrio ambiental. Con el fin de evitar la creciente contaminación y frenar el deterioro de la flora y la fauna de Yucatán, con el apoyo de los especialistas en medio ambiente se desarrollará un ambicioso programa de recuperación ambiental y de protección a las especies en peligro de extinción. En especial se trabajará para eliminar la contaminación de los mantos freáticos, garantizar el suministro de agua realmente potable a la población rural, resolver la contaminación de la basura y controlar la emisión de contaminantes de hidrocarburos así como de desechos industriales.
Rehabilitación y construcción de viviendas. Para atender la creciente demanda de viviendas, se impulsará su rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, particularmente en la zona rural, aprovechando los materiales de la región.
En tal sentido, el PRD propone una reforma cultural para promover la revalorización y recreación de la identidad cultural yucateca como síntesis de dos orígenes y expresiones igualmente valiosas: la cultura maya y la mestiza. Su propósito central será estimular la creatividad de los individuos y grupos comprometidos con la producción y el desarrollo culturales del pueblo yucateco. La cultura será el camino privilegiado para construir el progreso de Yucatán y de su pueblo. Para la recuperación de nuestra dignidad y grandeza cultural, se propone:
En el marco de la descentralización de la educación, el PRD promoverá una reforma educativa cuyos ejes centrales serán: integrar la educación científica, artística y humanística desde los primeros años de la enseñanza escolar y desarrollar una nueva pedagogía que enseñe a pensar al educando, desarrolle su creatividad, estimule la inventiva e impulse las iniciativas científicas y artísticas de los mismos. Con la reforma educativa se erradicará el analfabetismo y se orientará a la meta del décimo grado de escolaridad.
Se fortalecerá y ampliará el sistema de bibliotecas públicas, a las cuales se les dotará de los avances tecnológicos (televisión, lectores, aires acondicionados y cubículos de lectura individual) y de nuevos acervos bibliográficos, para convertirlas en espacios de información e instrucción agradables y atractivos, sobre todo para la niñez y la juventud.
Se dará especial atención al estímulo de la investigación científica, humanística y tecnológica, ligada al plan de desarrollo con distribución de justicia y democracia.
Se impulsará la profesionalización de la educación artística. Siendo Yucatán una entidad de gran potencial artístico es necesario estimular los múltiples esfuerzos culturales que la sociedad viene realizando. En tal sentido, con el apoyo de los diversos grupos culturales y de las instituciones de educación superior local y nacionales, se impulsará la profesionalización de la educación artística con la apertura de las licenciaturas en Música, Artes Plásticas, Literatura y Artes Escénicas.
Con el objeto de socializar las principales expresiones de la cultura universal, nacional y regional para que éstas lleguen a todos los hogares, se promoverá la organización de una casa de la cultura en cada municipio, en la que se coordinarán las actividades culturales y científicas. En este mismo sentido se promoverá el uso de los medios de comunicación masiva como instrumentos de educación y difusión cultural.
Se impulsará el reconocimiento del maya como segunda lengua oficial. Al mismo tiempo se fortalecerá la educación bilingüe y se estimulará la creatividad literaria y artística del pueblo maya. Para ello, se promoverá la creación de la Universidad Maya de las Américas.
En apoyo a la revalorización de nuestra identidad nacional y regional, conjuntamente con los investigadores sociales se promoverá la producción y recuperación de estudios sobre historia y realidad regional, con el propósito de difundirlos masivamente e incorporarlos al sistema de educación escolar.
Para el desarrollo de esta reforma, el gobierno tomará la iniciativa de dialogar de manera plural y franca con todas las agrupaciones civiles involucradas en la vida cultural. Estas agrupaciones serán apoyadas en sus proyectos específicos y estimuladas para que contribuyan como protagonistas de la nueva política cultural.
Para aspirar al desarrollo con justicia y democracia los yucatecos necesitamos una profunda reforma política y también moral. Necesitamos una nueva ética política y una nueva forma de gobernar. La reforma éticopolítica no sólo es necesaria sino urgente. El objetivo primordial de esta reforma es construir una sociedad democrática capaz de tomar en sus manos la dirección de su propio desarrollo. Esto sería posible en la medida en que la democracia permita recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones estatales con lo que éstas se legitimarían.
De esta manera el gobierno sería visto como la dirección de toda la sociedad. Un gobierno legítimo emanado de procesos electorales limpios, en el que se incorporen a los cargos gubernamentales líderes realmente representativos y prestigiados ante el pueblo por su honradez, por su experiencia y por su espíritu de servicio; será un gobierno capaz de garantizar la estabilidad política y de dirigir conjuntamente con los distintos sectores sociales un proyecto de desarrollo regional, distribuidor de riqueza, justo y democrático.
Un gobierno legítimo y representativo, comprometido a gobernar para todos pero con una atención preferencial para todos los yucatecos pobres, podrá darle confianza a la sociedad y particularmente a los inversionistas y a los productores en general. Un gobierno legítimo y representativo es el que se necesita para organizar la participación de toda la sociedad en busca del desarrollo de Yucatán.
Para reactivar la economía, para proyectar un desarrollo justo y sustentable, para promover una mejor distribución de la riqueza, para respetar los derechos constitucionales de todos y para transitar pacíficamente hacia la democracia, el Partido de la Revolución Democrática asume ante la sociedad yucateca el compromiso de impulsar, con la participación de todos, las siguientes reformas éticopolíticas:
Restablecer el federalismo. Con apego al Pacto Federal establecido en la Constitución Política de la República Mexicana, se defenderá con dignidad los intereses del pueblo yucateco. Lucharemos incansablemente contra el antidemocrático centralismo y se buscará que el gobierno federal respete nuestro derecho a impulsar nuestro propio proyecto de desarrollo regional. La idea de que Yucatán es un estado subsidiado por la Federación es falsa. Yucatán merece un mejor trato no sólo por la deuda histórica que la Federación tiene con nuestra entidad, sino porque hoy el gobierno federal se queda con la mayor parte de la recaudación fiscal. En consecuencia, una medida inmediata será revisar la política fiscal a fin de incrementar substancialmente el presupuesto público de la entidad.
Rescatar la autonomía y establecer el equilibrio entre los tres poderes de gobierno. Con apego a las Constituciones Políticas de México y de Yucatán, el Poder Ejecutivo devolverá al Legislativo y al Judicial su autonomía para establecer una relación equilibrada. El Congreso del Estado, entre otros cambios, asumirá como una nueva función la que en la actualidad no ha podido desempeñar la Contraloría Estatal. En este sentido el Congreso como órgano representativo de la soberanía popular se constituirá en el vigilante de la buena actuación del Ejecutivo. El Legislativo deberá asumir su propia iniciativa y proceder a revisar la Constitución yucateca a efecto de institucionalizar las reformas sociales, éticopolíticas, económicas y culturales que requiere Yucatán.
El Poder Judicial tendrá que moralizarse y retomar su esencia ética como garante del respeto a los derechos individuales y colectivos de todos los yucatecos. Los Poderes Legislativo y Judicial se constituirán en los agentes institucionales encargados de erradicar la inmoralidad, la corrupción y el tráfico de influencias en la administración pública.
Respetar la autonomía municipal. En correspondencia al restablecimiento del federalismo se impulsará una nueva relación entre el gobierno estatal y los municipios. Esta nueva forma de relación política partirá reconocer la necesidad de la autonomía municipal y se fincará en el derecho de los gobiernos municipales para administrar sus propios recursos. Las autoridades municipales dejarán de ser los firmantes de convenios, contratos, facturas y recibos que emanan de las acciones del gobierno estatal, para convertirse en los verdaderos gobernantes de sus pueblos y en los defensores del bienestar de sus comunidades.
Independizar al gobierno de los partidos políticos. Los partidos políticos recibirán del Ejecutivo únicamente los recursos económicos que por ley les corresponden. Ningún partido político gozará de privilegios. Así, se promoverá una reforma en la que se prohiba por ley el uso de los recursos públicos financieros, materiales y humanos en favor de cualquier partido político. Los funcionarios públicos que sean sorprendidos en el ilícito de designar recursos públicos a cualquier partido, serán sancionados conforme a la nueva legislación electoral.
Ciudadanizar los organismos electorales. Para garantizar la equidad en la competencia política electoral, se legislará para que, con base en la experiencia de ciudadanización de los órganos electorales y corregidos los errores cometidos, éstos realmente se conviertan en instituciones autónomas del Poder Ejecutivo local y federal y de los partidos políticos. En tal sentido, se reconocerá la capacidad de la sociedad para organizar los procesos electorales y garantizar así la legitimidad y credibilidad de los mismos.
El objetivo central de los organismos electorales independientes será garantizar el respeto absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas y cumplir con el viejo clamor nacional del respeto al sufragio efectivo. En la integración de los órganos electorales se evitará que en éstos se reproduzca el viejo sistema de la subordinación de los ciudadanos a las dirigencias e intereses de los partidos gobernantes.
Hacer efectiva la libertad de asociación. Con el fin de terminar con el corporativismo y el clientelismo se promoverán las reformas jurídicas correspondientes a fin de cancelar la obligatoriedad de pertenecer a alguna organización gremial. Se explicitará la prohibición de la obligatoriedad a votar por determinado partido político en el caso de las organizaciones sindicales, campesinas, populares o empresariales.
Asimismo, se cancelará la obligatoriedad de las organizaciones sindicales, empresariales y campesinas de registrarse ante el gobierno para obtener su reconocimiento; en tal caso el gobierno se limitará a recibir la notificación de la existencia de la organización y sólo intervendrá como conciliador en los casos de conflictos y por petición expresa de las partes.
Esta reforma incluye la eliminación de la cláusula de exclusión en los sindicatos y la obligada pertenencia de éstos a alguna central obrera. El gobierno no tendrá preferencia por ninguna organización o central. La única prioridad la tendrán las organizaciones de productores.
Respetar el derecho a la información. En estricto apego a las leyes, el nuevo gobierno promoverá reformas jurídicas encaminadas a garantizar al ciudadano su derecho a la información. Con el fin de que la ética y el profesionalismo prevalezcan en los medios de comunicación masiva, se establecerá el derecho de los individuos y las organizaciones a demandar por difamación, tergiversación u ocultamiento de la verdad a los medios de comunicación que practiquen estas arbitrariedades.
Los propietarios de los medios de información y todos los individuos gozarán de la libertad de prensa que establece la Constitución, pero no de la impunidad por los delitos que en materia de información cometan. Durante los procesos electorales se garantizará la imparcialidad de los medios de comunicación y el acceso en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos para que sus candidatos dialoguen con la sociedad.
Erradicar la corrupción y el tráfico de influencias de los servidores públicos. Con el apoyo del Congreso y del Poder Judicial local se luchará por erradicar la corrupción y los privilegios que los malos funcionarios se han tomado para servirse del gobierno. El combate a la corrupción y al tráfico de influencias será una prioridad, no sólo por su valor ético sino también porque con ello se podrán rescatar cuantiosos recursos del presupuesto público para destinarlos al desarrollo social y productivo de Yucatán.
Ningún funcionario público sospechoso de corrupción y tráfico de influencias dejará de ser investigado. Ningún funcionario público a quien se le comprueben malos manejos en la administración quedará impune. El pueblo conocerá el patrimonio de cada uno de los funcionarios gubernamentales antes de que tomen posesión de sus cargos y después de concluida su gestión. Asimismo, el pueblo conocerá los salarios e ingresos totales que reciben los servidores públicos, los cuales serán revisados y ajustados a la nueva política de moralidad pública y al sentido social y productivo del presupuesto gubernamental.
Respetar los derechos humanos y políticos de los yucatecos. El nuevo gobierno promoverá las reformas necesarias para otorgar seguridad a los ciudadanos y garantizarles el estricto respeto a sus derechos humanos y políticos. Para ello, el combate a la corrupción y el tráfico de influencias se extenderá también a las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la impartición de justicia. No se atropellará a los inocentes y tampoco quedarán impunes quienes incurran en violaciones al orden jurídico.
Se pondrá especial atención al respeto de los derechos humanos, políticos y sociales de la comunidad indígena yucateca. Al respecto, se contratarán en todos los juzgados traductores mayas a efecto de que la población indígena reciba el tratamiento adecuado y las soluciones jurídicas a sus problemas. Asimismo, el gobierno se comprometerá a otorgar asesoría jurídica honesta y gratuita a los yucatecos humildes a fin de garantizar el pleno respeto a sus derechos constitucionales, humanos y políticos.
La reforma política propuesta tiene como fin sentar las bases para que la sociedad yucateca transite pacíficamente hacia la democracia. De esta manera, en el PRD estamos seguros que los yucatecos encontraremos la concordia política y social, y concentraremos todas nuestras energías en la construcción del desarrollo social y económico de Yucatán.
Para ello, el criterio de gobierno debe ser el respeto irrestricto de los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos y el respeto a la Constitución Política de la República Mexicana y la Constitución Política del Estado de Yucatán.
El desarrollo económico y social de Yucatán requiere de estabilidad política e institucional. Esto sólo se logrará garantizando el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el respeto al derecho de los yucatecos a elegir con libertad a sus gobernantes y a tomar las decisiones fundamentales de la vida social.
Por ello es que en el PRD pensamos que la realización de la reforma global para Yucatán requiere de una nueva forma de gobernar, de un gobierno legítimo que gobierne de cara al pueblo y basado en un nuevo compromiso social entre los sectores productivos. Un gobierno comprometido con la democracia y dispuesto a emprender el combate definitivo de la pobreza como la única salida para preservar la paz.
Para salir de la crisis y encontrar el camino del desarrollo se requiere de los mejores yucatecos, de los más capaces, los de probada honradez, sin importar su filiación política. De favorecernos el voto el próximo 24 de mayo, con nuestros representantes populares en el Congreso local y en los ayuntamientos llamaremos a emprender el camino de la recuperación económica, el desarrollo con justicia social y la democratización de Yucatán.
 |  |  |
| Página principal | Portada | Inicio de Nota |