12 de Junio de 1998. Mérida, Yucatán, México
El gobierno zedillista obligó a desaparecer a la Conai
| Filiberto Pinelo Sansores |
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ebe estar ya contento Ernesto Zedillo por los resultados de sus presiones contra la Comisión Nacional de Intermediación, la Conai, y particularmente contra su presidente, don Samuel Ruiz. La función de esta instancia ha concluido en medio de las descalificaciones, las calumnias y las agresiones del gobierno zedillista contra sus integrantes y contra gente relacionada con ella o con don Samuel.
Ahora, el Presidente de la República tiene en sus manos el garrote de la guerra listo para ser usado sin obstáculos contra los indígenas rebeldes chiapanecos, tanto los levantados en armas como los que usan la vía pacífica para exigir solución a sus ancestrales demandas. Pero tiene también sobre las espaldas de su gobierno la grave responsabilidad de resolver el conflicto desatado en Chiapas o llevar al país a una crisis catastrófica, peor que las desatadas anteriormente por los irresponsables gobiernos priístas que ha tenido México.
En el comunicado en que hizo pública su renuncia a la presidencia de la Conai previa a la declaración de los demás integrantes de ésta en que, también, la declaraban desaparecida, don Samuel manifestó que presentaba la misma por el "clima de linchamiento" en contra de los sacerdotes, religiosas y catequistas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y contra él mismo, creado por el gobierno federal encabezado por Zedillo y el grupo de trogloditas que se encuentra en la Secretaría de Gobernación y en el que destacan Francisco Labastida Ochoa, Adolfo Orive Alba y Emilio Rabasa Gamboa.
La lista de agravios que don Samuel dio a conocer es amplia. Se expresa en "la expulsión de siete sacerdotes por falsas acusaciones; negación práctica de residencia a los agentes de pastoral extranjeros; encarcelamiento de cuatro sacerdotes acusados falsamente y con franca violación a sus derechos humanos; el cierre de cerca de cuarenta templos, alguno de ellos ocupados por el Ejército Mexicano; órdenes de aprehensión a numerosos sacerdotes, religiosas y misioneros, y presión a campesinos para que afirmen que la diócesis les entrega armas".
Está claro que este gobierno sigue creyendo que puede resolver el conflicto chiapaneco imponiendo su política autoritaria de guerra de baja intensidad a las comunidades indígenas de Chiapas.
Esta política consiste en instaurar el terror en estas comunidades usando para eso al Ejército, los cuerpos de policía y las bandas paramilitares, comprar con despensas e hipócritas ayudas humanitarias -como lo hizo Víctor Cervera en Yucatán- las conciencias de los indios que, cansados y aterrorizados, acepten venderse; desintegrar por la fuerza los municipios autónomos creados por los indígenas zapatistas para defenderse de la explotación de los caciques y los atropellos del PRI-gobierno; descabezar a los municipios indígenas llamados constitucionales pero gobernados por la oposición y, en su momento, una vez localizada la dirección militar del EZLN, caer sobre ella y asesinarla y detener a quienes no sucumban ante las balas de las fuerzas represivas del régimen, para hacer befa de ellos ante la nación.
Es una política propia de genocidas la que está llevando a cabo el gobierno presidido por Zedillo. Con toda intención, este señor impuso en Chiapas a un tercer gobernante espurio -Roberto Albores Guillén- en tres años, llegado éste al poder como virrey del Centro, sin elecciones, para que, con la diligencia que caracteriza a los lacayos del partido de estado, ponga en práctica la política guerrerista que sus amos han querido llevar a cabo en aquel Estado.
Así se explica el sangriento asalto más reciente perpetrado por las fuerzas represivas del PRI-gobierno en Chiapas, el que ejecutaron hace unos días en el municipio constitucional de Nicolás Ruiz, adonde se metieron soldados, policías, agentes de la PGR, paramilitares y soplones con el cínico pretexto de rescatar a unos supuestos priístas secuestrados, los cuales no eran sino los propios soplones que llegaron acompañando a los agentes gubernamentales y los que, cubierto el rostro con chamarras o toallas para que sus vecinos del poblado no los reconocieran, fueron señalando las decenas de casas de habitantes de la localidad cuyas puertas derribaron los salvajes represores, para que fueran allanadas y sus moradores sacados a rastras y detenidos.
La prisión de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que está al reventar por la enorme cantidad de víctimas de la satrapía zedillista y -localmente- alborista que han sido confinados en ella, fue la cárcel a la que fueron llevados 16 de los 164 detenidos en Nicolás Ruiz (los demás fueron liberados después de la golpiza que les acomodaron los genízaros), quienes han engrosado así las filas de los presos políticos y presos de conciencia del régimen en Chiapas, mismo que los ha hecho prisioneros por el delito de luchar por sus derechos o por el respeto a los derechos de los oprimidos por la dictadura que sojuzga a nuestro país en aquel Estado.
A pesar de las exigencias de amplios sectores de la sociedad que han demostrado que los verdaderos delincuentes son quienes han detenido a estos luchadores sociales y a estos defensores de los derechos del hombre y no quienes han sido por ellos encarcelados, el régimen de Zedillo se mantiene imperturbable y se obstina en retenerlos presos.
Entre quienes se encuentran en esa inmunda prisión está nuestro conterráneo Luis Fernando Menéndez Medina. El, juntamente con el maestro Sergio Valdez Ruvalcaba y otras personas, fueron detenidos desde el 11 de abril en otra incursión gorilesca parecida a la del municipio de Nicolás Ruiz, y mantenidos arbitraria e ilegalmente privados de su libertad. Son víctimas de la venganza del sistema porque han puesto en evidencia la suciedad, la desfachatez y la inmoralidad política que lo caracterizan.
Es preciso exigir -hasta que se dé respuesta satisfactoria a la demanda- que queden libres los presos políticos y de conciencia que hay en México. No deberemos cejar en el empeño de que se vacíen de presos políticos y presos de conciencia las cárceles de nuestro país, particularmente la de Cerro Hueco.
La desaparición de la Conai es un tanto más que se adjudica el gobierno zedillista en su afán por mantener inamovible el sistema antidemocrático tan preciado a los beneficiarios del autoritarismo en nuestro país. Sin embargo, no será por mucho tiempo que podrán cantar victoria. La nación cada día se muestra más desesperada, por la forma de gobernar de la oligarquía mexicana encabezada por Zedillo. Y estamos ciertos de que la sociedad no permitirá que este gobierno de transnacionales, caciques y corruptos se salga con la suya en Chiapas. (F.P.S., Mérida, Yucatán, Méx., junio de 1998)
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