| La Revista Peninsular, Edición 461 Viernes, 21 de Agosto de 1998. Mérida, Yucatán, México. |
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| La Revista Peninsular, Edición 461 Viernes, 21 de Agosto de 1998. Mérida, Yucatán, México. |
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| ¿Coincidencia? |
| En la lista del Fobaproa aparecen los que apoyan a Cervera |
No es coincidencia. Millonarios, prestanombres, socios y amigos de Víctor Cervera Pacheco desde su primer interinato, aparecen en la lista de personas que adeudan enormes sumas de dinero a los bancos y que podrían no devolver un solo centavo a pesar de que todos ellos, sin excepción, gozan de desahogadas situaciones económicas e incluso han adquirido costosos bienes en los últimos días. La lista, que dio a conocer primero el PRD y que luego fue colocada incluso en una página "no oficial" del Fobaproa en Internet —que aparece en esta edición—, enumera a gran cantidad de conocidos personajes del sector privado y a sus empresas, algunas declaradas en suspensión de pagos pero operando satisfactoriamente. De acuerdo con datos obtenidos por este semanario, es casi un hecho que los deudores yucatecos no devuelvan un peso de los millonarios adeudos que pesan sobre sus compañías, a pesar de la fuerte presión que se ha comenzado a ejercer en su contra, incluso negándoles acceso a otros créditos, cancelando otras operaciones y servicios, pues todos aparecen en el "buró de crédito" mejor conocido como "lista negra" de los bancos. Prestanombres, amigos, socios y firmantes de remitidos en favor de la ilegal permanencia de Cervera Pacheco por más tiempo que el que señala la Constitución, son precisamente los yucatecos registrados en esa escandalosa relación de personas que contrajeron millonarias sumas con la banca, que no las devolvieron y que piensan que el Gobernador del Estado debe permanecer en su encargo, aunque la Constitución señale lo contrario. Aquel remitido De acuerdo con el remitido que Luis Alberto Rivas Polanco se responsabilizó en publicar el 24 de abril pasado, Emilio Díaz Castellanos, Fernando Ponce García, Jorge Dorantes Gamboa, Jacobo Xacur Eljure y Francisco Loret de Mola Díaz son algunos de los miembros de una agrupación denominada "Por Yucatán, respeto a la voluntad ciudadana", que tenía como único fin defender, mediante una costosa campaña de publicidad, el gobierno de Cervera. (La campaña, de la que dio cuenta en su oportunidad este semanario, incluía la publicación de los desplegados en periódicos capitalinos y locales, anuncios comerciales en la radio y televisión, la fabricación de calcomanías, camisetas, gorras y la pinta de bardas por los cuatro puntos cardinales.) Ahora sus apellidos figuran "coincidentemente" entre los que adeudan al Fobaproa. Además, están la Siderúrgica de Yucatán, el Fideicomiso de Fomento de Infraestructura Turística (Fomintur), el Banco del Sureste, entre otros negocios cuyos administradores o dueños son también firmantes de los remitidos en favor de que el Gobernador siga violando la ley. En la lista también se encuentra el empresario Javier Romero Osorio, esposo de la diputada federal Beatriz Zavala Peniche y al que se le vincula con Carlos Cabal Peniche, con una deuda de $60’000,000. * * * No obstante, el Diario de Yucatán del domingo 16 de agosto publicó la información relacionada con los conocidos empresarios yucatecos que, a juzgar por el tren de vida que sostienen, no parecen tener problemas económicos de la índole de sus adeudos. La nota, señala: Nueve empresas yucatecas, con una deuda global de poco más de $2,272 millones, figuran en la lista del polémico Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que dio a conocer en días pasados el Partido de la Revolución Democrática. El monto de la deuda vencida de las compañías locales equivale a 15.5 veces más de lo que debe el gobierno del Estado a la banca comercial y de desarrollo —es decir, a la deuda pública estatal— que al 30 de junio ppdo. ascendía a $146’488,000, según se asienta en el III Informe de Gobierno. El monto de esa cartera, de $2,272’300,938.40, es casi igual también al presupuesto que ejerció el gobierno del Estado en el período de julio de 1997 a junio de este año, que fue de $2,267’413,000, según precisa el mismo documento oficial. De acuerdo con la lista del PRD, en poder del Diario, las compañías y empresarios yucatecos cuyos adeudos están en el Fobaproa (según valor actual estimado del rescate) son, en orden de mayor a menor: —Grupo Xacur, representado por Nicolás Xacur Eljure, $1,308’743,719.64 (es el 57.5% del total que deben las empresas locales). El PRD dice que en 1993 ese empresario era parte del Consejo de Administración de Banamex. Forman parte del grupo Xacur: Hidrogenadora Yucateca, Aceitera del Golfo, Harinera del Sureste e Hidrogenadora Nacional. —Grupo Sanjor, representado por Jorge Dorantes Gamboa, $180’802,639.94. —Grupo Loret de Mola, representado por Francisco Loret de Mola Díaz, $167’255,726.87. —Banco del Sureste, $148’546,194.30. —Siderúrgica de Yucatán, representada por Víctor Erosa Lizarraga, $146’354,989.27. —Grupo Ponce, $132’530,739.78. (Aunque el PRD no lo dice, este grupo liquidó sus adeudos en septiembre de 1997). —Grupo Díaz, representado por Omar Díaz Castellanos, $86’091,177.59. —Javier de Jesús Romero Osorio, $57’758,103.81. —Fomento de Infraestructura Turística (Fomintur, consorcio que administraba la supercarretera Mérida-Cancún), $44’217,647.20. * * * Como se señala en otra parte de esta edición, por lo menos uno de los arriba señalados estrenó esta temporada un yate, remodeló una casa y planeaba participar en la subasta de aeropuertos. Esto último, sin embargo, no pudo lograrlo debido a que lo impidieron las autoridades, pues resultaría una burla más dada la situación económica en la que se ha escudado para no devolver la fuerte suma de dólares que debe. Tanto en el Banco del Sureste como en el Fondo Operador de la supercarretera Kantunil-Cancún, son socios otros conocidos yucatecos que también apoyan o han firmado remitidos a favor del Gobernador, como Andrés García Lavín, Manuel Mantecón Alvarez, Jorge Morales Mendoza, Benjamín Paredes Góngora y Teodoro Ortiz Ancona, entre otros. En la sociedad yucateca es público que la gran mayoría de los arriba señalados goza de gran solvencia económica, por lo que la suspensión de pagos o la negativa para cubrir sus adeudos, evidencia alguna irregularidad. La impunidad, sin embargo, es el generoso manto protector oficial del que también gozan los deudores del Fobaproa. (Mérida, Yucatán, Méx., agosto de 1998). |
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