Postura nacional de Coparmex

México, D.F., a 18 de Noviembre de 1998.– Necesitamos finanzas públicas sanas. Sin embargo, el paquete económico para 1999 falla en dicho propósito, ya que:

1.– Considera un déficit fiscal de 1.25% del PIB que alienta mayor inflación, con su consecuente impacto negativo en el poder adquisitivo.
2.– No hay un ajuste importante en el gasto público.
3.– No amplía la base de contribuyentes.
4.– Incrementa (gracias a su poder monopólico en sectores como el energético) precios y tarifas tan importantes como la gasolina.

Debería existir un esfuerzo importante en los puntos 2 y 3 y terminar con los proteccionismos al sector de la burocracia y al de la economía ilegal.

Mayor deuda pública y mayor déficit fiscal como proponen algunos, y mayores impuestos, lo único que logran es poner amarras a la creación de empleos productivos y al crecimiento sostenido que necesita el País.

Grandes reproches fiscales

No existe un fuerte y claro vínculo entre la política fiscal y ningún sector de la economía en forma específica, en donde aquélla realmente y de manera estructural, consistente y a largo plazo, sea una herramienta que fomente o promueva algún campo de la actividad económica.

Un ejemplo, entre muchos, lo constituyen los pequeños y medianos empresarios, que son tratados con leyes diseñadas para los grandes. Debe crearse una fórmula de tributación apropiada para este sector, como las que existen en muchos países, y abandonar la abundantísima regulación administrativa y discrecional que hoy existe.

Deben diseñarse esquemas de tributación que respondan a las necesidades de aquellos grupos o campos de actividad que conviene estimular como política nacional.

No promueve el empleo. Peor aún, la voraz Federación monopoliza las principales fuentes de tributación nacionales, lo que orilla a las entidades federativas a crear impuestos a la nómina, que constituyen un desaliento al empleo. Es una paradoja que en México no se pueda absorber la mano de obra que cada año surge y a la vez existan gravámenes al empleo. Estos impuestos se recomiendan cuando no compiten con la oferta de trabajo, por tratarse de economías desarrolladas.

Persigue fines exclusivamente recaudatorios

Equivocadamente se considera que los impuestos son fines y no medios. El principal motor de las reformas fiscales es el de incrementar la recaudación. El tono de todo cambio se dirige a mejorar los niveles del cobro de los impuestos y se olvida de la verdadera función de todo gravamen: contribuir al gasto público con justicia y equidad.

Las leyes fiscales están gravemente enfermas de desconfianza. Por esta razón existen abundantes requisitos de todo tipo que sólo entorpecen el nivel de cumplimiento de las normas fiscales. La "reglamentitis" de la legislación fiscal representa un alto costo que no se computa de los que se utilizan para resolución miscelánea. Es una peligrosa práctica que conviene a un Estado de Derecho eliminar.

Inequitativo

Las tasas reales de impuestos no premian la productividad, la castigan. Ante un ligero repunte del ingreso, se aumenta la tasa marginal del impuesto, neutralizando el aumento de la percepción con una mayor carga fiscal. Es indispensable recuperar la progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Debe demostrarse con hechos que la obligación fiscal debe ser cumplida por toda la sociedad y dejar de justificar con criterios utilitaristas que ciertos sectores se encuentren fuera del padrón de contribuyentes, pues esto constituye un estímulo al evasor.

El prácticamente interminable crecimiento de los accesorios a cargo de los deudores fiscales, es un valladar que impide que éstos puedan regularizar su situación frente al Fisco y por esto se les condena a emigrar a la ilegalidad. Los programas de facilidades deben realmente tender a facilitar la regularización, no a dificultarla. Estímulos a la regularización parecen ser recomendables, sin caer en los premios al incumplimiento.

Una posibilidad podría ser el restablecimiento del perdón fiscal que permita pagar las deudas íntegras del último ejercicio y de los siguientes a cambio del compromiso de no revisar ni liquidar los ejercicios anteriores, salvo que el contribuyente incurriera nuevamente en algún cumplimiento.

Sobre las medidas fiscales

Al parecer, lo único importante para Hacienda es la recaudación; un marco facilitador de la inversión, el ahorro y el empleo productivo quedan para después.

De ser aprobado por el Congreso el paquete de reformas, se castigaría a la sociedad en general a través del incremento del 15% adicional al 15% que ya se paga en el servicio telefónico y al posibilitar que los Estados cobren un 2% adicional de IVA.

En materia de devoluciones de impuestos, ahora se pretende que el contribuyente garantice por un período de seis meses el interés fiscal, lo cual resulta gravoso para el contribuyente y dificulta la devolución.

Absurdamente se pretende incrementar en dos rangos la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero contrariamente a lo que solicitó el sector privado de que resultara una tarifa progresiva hacia abajo del 34%, la tasa incorpora un incremento hasta un 40% para quienes perciban ingresos altos.

Es falso que el ISR para empresas pretendan disminuirlo del 34% al 30%, ya que ahora se pretende gravar los dividendos al 5%, con lo cual realmente lo que se observa es un incremento en un punto.

Resulta erróneo eliminar las deducciones inmediatas tomando en consideración que se limitan los flujos de las empresas.

Resulta inadmisible que se pretenda incluir como delito grave la defraudación fiscal, por lo cual no permite fianza o caución. Esto es un retroceso y afectaría gravemente la seguridad jurídica y se prestaría a chantajes contra los contribuyentes.

De manera muy importante se restringe la consolidación fiscal para 1999, ya que ahora se propone que solamente consoliden el 50% de los resultados de las empresas controladas, aún cuando se tenga el 100% de la tenencia accionaria: prácticamente se están eliminando como empresas controladas las que hoy en día califican bajo el concepto de control de efectivo, así como también aquéllas en las que la tenencia sea indirecta. Esto ocasionará el que muchas empresas se desincorporen o que incluso grupos empresariales lleguen a desconsolidarse fiscalmente, con el consecuente pago de los impuestos, según disposición transitoria, hasta el año 2001. Con medidas de esta naturaleza, no sólo se afecta el marco de seguridad jurídica de los contribuyentes, sino también se está afectando la reinversión de utilidades. Asimismo, es preocupante que se estén proponiendo estos cambios en materia de consolidación, sin que el impuesto al activo se proponga las adecuaciones correspondientes.

En lugar de permitir la compensación entre diversas contribuciones, la iniciativa faculta a la autoridad para que si hubo error al compensar en exceso o se compensó contra contribuciones no permitidas, se corrija la compensación indebida acorde con las disposiciones fiscales vigentes.

El gasto neto total asciende a 1’040,935.7 millones de pesos (mp), cifra que representa un crecimiento del 5.6% respecto del cierre de 1998 y un porcentaje del 22.4% del PIB.

El gasto primario crece 1.4% y el costo financiero 30.7%.

En el gasto primario (gasto programable + adefas + participaciones) crecen las participaciones a Estados y municipios en 8.7% y el gasto programable permanece constante.

Dentro del gasto programable del Poder Ejecutivo, que asciende a 686,503.6 mp, el rubro de otros gastos corrientes es de 170,393.6 mp, equivalentes al 57% del rubro de servicios personales.

El gasto corriente total del sector público se estima en 564,772.4 millones de pesos, es decir, un 54.3% del total.

El proyecto de presupuesto constata la existencia de previsiones para sufragar la creación de nuevas plazas para 1999.

Dice el presupuesto que al cierre de 1998 la Administración Pública Federal Centralizada contará aproximadamente con un total de 845 mil 877 plazas, y el sector paraestatal (de control directo) con 713 mil 030. Adicionalmente existen 1’319,896 plazas que corresponden al personal federalizado de Salud y Educación. La suma total es de 2’873,803 plazas.

El 80% corresponden a plazas de Educación, Salud, Seguridad Social y Fuerzas Armadas. El 20% corresponden a personal operativo y mandos medios y superiores.

Contra el cierre de 1997, encontramos las siguientes cifras de algunas secretarías:

Distribución de plazas:
cierre 1997-cierre 1998

Comunicaciones y Transportes: 41,096-48,824; Medio ambiente: 38,531-40,723; Agricultura: 32,007-35,484; Gobernación: 18,395-20,873; Reforma Agraria: 10,631-13,303; Desarrollo Social: 9,042-12,398; Comercio: 5,537-9,570; Trabajo: 6,242-6,972; Contraloría: 2,166-2,398; Energía: 1,183-1,323.

Totales: 164,830-191,868. Diferencia: 27,038 nuevas plazas.

¿Cuántas más se crearan en 1999? ¿Eso es austeridad y eficiencia del sector público?

El gasto social asciende a 413,963.9 millones de pesos, esto es, el 59.2% del gasto programable.

Si esa cantidad llegara directamente a los 25 millones de mexicanos más pobres, le correspondería a cada uno 16 mil 558 pesos, cantidad que refleja la poca eficiencia de dicho gasto.

Comentarios al Presupuesto

Como puntos positivos del presupuesto podemos señalar los mayores recursos destinados a Estados y municipios, así como a Seguridad Pública.

Frente a las dificultades del entorno económico no se justifica el crecimiento del gasto total ni mantener el mismo nivel de gasto programable. Es poco el esfuerzo de productividad del sector público.

Durante algunos años se ha difundido el argumento de que no tiene sentido recortar partidas o eliminar dependencias porque sus presupuestos son muy pequeños respecto al gasto total. Sin embargo, si esa decisión se hubiese aplicado en su momento, hoy las presiones de gasto serían considerablemente menores. Ante las circunstancias es preciso aplicarlas hoy en lugar de estar pensando en aumentar la burocracia, como se deduce de la información presupuestal.

Los niveles de gasto corriente siguen siendo muy elevados. El Congreso deberá desmenuzar cada partida y eliminar cualquier gasto inútil, por pequeño que parezca. Tan sólo si se mantuviera el mismo nivel real de gasto que en 1998 podría generarse un ahorro de más de 58 mil 292 mp.

Hay que recordar que hace un año el gobierno argumentó que era imposible bajar el nivel de gasto. La realidad es que tuvo que hacer tres recortes. Con productividad y combatiendo en serio la corrupción es totalmente viable ajustar el gasto público a la capacidad contributiva del pueblo mexicano y no seguir pasándole toda la factura de las crisis, en beneficio del sector de la burocracia nacional.

Mientras no existan los mecanismos para que la sociedad pueda vigilar y sancionar el gasto público, no parece ético incrementar cargas fiscales para sufragar un presupuesto cuya eficacia en servidores públicos, infraestructura y gasto social es altamente cuestionable.

Aumento a la gasolina

El aumento al precio de la gasolina es un duro golpe a la población y a la industria.

En tanto el sector de los energéticos siga siendo un monopolio se seguirán aplicando precios máximos, unas veces por alinearlos a los precios internacionales y otras porque bajaron los precios del petróleo. Argumentos sobran mientras no exista competencia y con ella se alienten nuevas inversiones y empleos.

Es verdaderamente necesaria una apertura en este sector; de otra manera, con el paso de algunos años se convertirá en un verdadero lastre para la economía nacional.

Atentamente: Coparmex

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