La corrupción, la violación a los derechos humanos y la arbitrariedad en la aplicación de la justicia podrá decirse que son casos comunes en el sistema político mexicano. Sin embargo, ni la capacidad de indignación ante estos hechos, ni mucho menos la oportunidad de denuncia ante las evidencias debe dejar pasarse, ni por la frecuencia de las situaciones, ni porque un caso se distinga de los demás, como es en Yucatán el caso Medina-Abraham.

Particularmente notorio por la difusión pública de los hechos y las irregularidades del proceso, también por tratarse de dos familias conocidas en el medio yucateco y con capacidad de relaciones y de oportunidades económicas, sobre todo una de ellas, este caso tiene especial importancia porque significa la constancia pública, la evidencia que otros casos no tienen, de hasta dónde la justicia puede ser manipulada y cómo los gobiernos que hemos tenido en México llegan a estos extremos con total impunidad, precisamente por la falta de intervención y de decisión de la ciudadanía.

Con toda pena por el dolor humano que una muerte significa, por la invasión de la privacidad en el seguimiento del proceso penal, y con el riesgo personal de intervenir, los ciudadanos, y mucho más los que tenemos mayor responsabilidad social por participar en política y ser funcionarios públicos, estamos obligados a denunciar y a tratar de incidir en este caso que no deja lugar a dudas en cuanto a violaciones a la ley se refiere.

Las pruebas que la defensa del Sr. Armando Medina ha expuesto de alteración de hechos, de falsificaciones y de suplantación de evidencias son contundentes para señalar que las autoridades competentes están actuando con parcialidad, negligencia y corrupción graves.

Desde los primeros meses del proceso público del caso se fueron haciendo notorias las irregularidades, derivando incluso en la renuncia del Procurador del Estado, y mientras las investigaciones avanzaron, éstas fueron cada día más evidentes e indignantes, así como también la actitud parcial de la Jueza en el trato dispensado a ambas partes.

Todo esto ha llevado a la conclusión política de que el Gobernador de Yucatán estaba involucrado, "metido en el asunto", como se dice popularmente, violando la autonomía que corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, todavía así, por precaución, para que el caso no se "politizara" más, varios de quienes debemos conjuntar esfuerzos para evitar injusticias sociales nos abstuvimos de emitir opinión pública alguna. Al día de hoy, no queda duda de que el caso Medina-Abraham tiene que ser tratado con claridad y apertura como un problema de índole social.

Resulta, por tanto, absurdo e inconsistente plantear que es un asunto estrictamente jurídico o que es un problema entre dos familias. Se trata del poder económico y del poder político coludidos para obtener los resultados deseados, pasando por encima de todos los derechos constitucionales, a la clásica manera del sistema corrupto que nos gobierna desde hace décadas y que tiene a uno de sus principales exponentes en Víctor Cervera Pacheco, el gobernador inconstitucional de nuestro Estado.