Unos párrafos escondidos en el presupuesto que envió el gobierno del Estado al Congreso el 3 de diciembre de 1998, recomiendan "austeridad y disciplina en el ejercicio presupuestal".

Entre sus recomendaciones, ordena que las publicaciones se envíen a medios de comunicación del servicio público.

De ser esa la vía de enlace con el pueblo, el Gobernador corre el riesgo de que sus acciones y programas de gobierno sean el secreto mejor guardado, pues nadie las conocerá.

A poco más de dos mil 445 millones de pesos asciende el presupuesto de Cervera Pacheco este año.

Entre otras partidas, ordena se gasten —barril sin fondo— en el organismo conocido como Radio Solidaridad, $1’288,889.36. Esta empresa, dependiente en lo administrativo del Instituto Mexicano de la Radio, es la caja de resonancia que tiene Cervera para desprestigiar a sus adversarios. Bajo este concepto Cervera ordena, por ejemplo, que se ataque a los integrantes de la oposición, en especial a los partidos políticos, y al Ayuntamiento de Mérida.

En otra partida adicional, contemplada como "Comunicación y Difusión Social", el Ejecutivo dispone una erogación de $5’749,979.48, y otra partida adicional, siempre dentro del rubro "Comunicación Social", Cervera Pacheco distrae $244,603.46.

La presupuestación anterior nada tendría de extraño de no ser porque en el Título Tercero del mencionado "Proyecto de Presupuesto de Egresos", en el renglón denominado "Disciplina presupuestal", existe un capítulo dedicado a las "Disposiciones de Racionalidad y Austeridad".

Por ejemplo, en su Artículo 35 establece que "Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, y su uso se sujetará a criterios de austeridad y racionalidad:

I.– Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales, exposiciones.

II.– Contratación de asesorías, estudios e investigaciones deberán estar previstas en los presupuestos y su celebración se informará dentro de los 15 días inmediatos siguientes a la Secretaría; estas contrataciones se sujetarán a los siguientes criterios:

—Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.

—Que las contrataciones cumplan con lo dispuesto por la Ley, y demás disposiciones que de ésta emanen.

III.– Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las relacionadas con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público.

—Las erogaciones a que se refiere esta fracción deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Comunicación Social.

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De este modo, es casi un hecho que la Secretaría General de Gobierno sea "la que diga cómo se aplicarán los fondos". Conociendo las actividades del Ejecutivo en torno a "Comunicación Social", no es difícil interpretar que esta dependencia será la que ordene a quién se insulta, cuándo, cómo y por qué.

Más aún, en su Artículo 36 dice que "Las unidades administrativas de las respectivas dependencias y entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, teléfono, agua potable, material de impresión y fotocopiado, control de inventario, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente, mismos que deberán someter a la consideración de los titulares y órganos de gobierno, respectivamente, a más tardar el 31 de marzo. Estos programas deberán ser remitidos a la Secretaría, o a la Oficialía Mayor".

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