 Inmersa en la controversia luego de que Jorge
Serrano Limón, dirigente nacional de Provida, la clausurara simbólicamente el jueves
10 de agosto, la única clínica en el país legalmente constituida para realizar abortos
sale a la luz dos meses después de inaugurarse, precisamente cuando el tema se convierte
en un escándalo nacional, luego de conocerse la decisión del Congreso de Guanajuato de
prohibir esta práctica en su legislación
Cobijada por la reciente reforma al Código
de Defensa Social del Estado que impulsó el PRI, la polémica clínica, situada en el
número 439-C de la calle 54 en el centro de la ciudad —predio al que La Revista ingresó
un día antes de la manifestación— es llamado Servicios Humanitarios en Salud Sexual
y Reproductiva, A.C., y está dirigido por la feminista yucateca, Sandra Peniche
Quintal —quien fuera colaboradora del ex alcalde de Mérida, Herbé Rodríguez
Abraham—, y quien también encabeza la organización llamada Unidad de
Atención Sicológica y Educativa para el Crecimiento Personal.
El día mencionado, Jorge Serrano Limón
llegó a Mérida para "clausurar" la clínica y manifestarse, junto con un
grupo de integrantes yucatecos de la organización, por la operación de ésta que,
aseguró, se encuentra fuera de la ley.
La inusual protesta se inició con una
marcha que comenzó en el remate del Paseo de Montejo, y terminó en las puertas del local
donde opera el equipo de la Dra. Sandra Peniche. La manifestación casi termina en
un choque violento cuando la doctora llegó e intentó desalojar a los manifestantes.
Serrano Limón acusó a la feminista
de encontrarse fuera de la ley, "en esa clínica una feminista proabortista hizo su
sueño realidad de tener una clínica abortista", dijo por medio de un altavoz frente
a un grupo de personas que portaban imágenes de fetos destrozados, entre las que se
encontraban el dirigente local de la organización, Augusto Reyes Escalante.
 El aborto en Mérida
Permitida en Yucatán por diversas
causas, la práctica del aborto siempre se ha realizado en secreto —en la famosa
clínica del Dr. Acosta, al oriente de la ciudad—, ahora, y tras la reforma
hecha por diputados al Código Penal del Estado, en el que no se modificaron las
disposiciones por las que se despenaliza el aborto en diversos casos, incluyendo razones
económicas, la clínica sale a la luz pública con la "especialización" de
atender a las mujeres que decidan no tener un hijo.
El local donde funciona no es de grandes
proporciones, apenas tres consultorios y una pequeña recepción lo conforman. Ahí
trabajan cuatro médicos, uno de los cuales es ginecólogo, una psicóloga de nombre Julieta
Mass y una consejera que proporciona pláticas para la planificación familiar y la
prevención del embarazo en mujeres adolescentes. Los médicos que ahí laboran pertenecen
a las organizaciones antes mencionadas (Unasse y Gire). De acuerdo con Serrano Limón el
médico encargado de realizar los abortos, es la Dra. Olivia Parra Patrón.
Según su promotora —en entrevista
realizada un día antes de la protesta de Provida— la clínica opera con permiso de
las autoridades de salud estatales, y está facultada a dar consultas ginecológicas,
psicológicas y médicas en general. Hasta donde se sabe, para que en ese lugar se puedan
ejercer abortos ahora denominados legales, no se necesita de un permiso especial, pues la
ley no castiga la práctica siempre que se inscriba en diversos casos. Por ello, y bajo la
premisa de que lo que no se prohíbe se permite, tanto la clínica mencionada como
cualquier otra en Yucatán, puede realizar estas operaciones abortivas a mujeres que
comprueben que su intención de privar de la vida a un nonato no contraviene las
disposiciones establecidas por los diputados en el Código de Defensa Social.
El dirigente de Provida asegura que ésta
se encuentra fuera de la ley, pues en Yucatán el aborto es ilegal. "Que la
Procuraduría estatal diga la última palabra", retó durante la manifestación que
realizó el jueves.
¿Pero cuáles son esas condiciones?. Al
establecimiento puede asistir cualquier mujer que busque atención médica ginecológica,
orientación sobre lo que la doctora Peniche Quintal llama "derechos
sexuales", o quien desee interrumpir su embarazo. La doctora asegura que la clínica
sólo practicaría —no ha hecho ninguno, asegura— abortos en mujeres que cumplan
las condiciones establecidas por la ley, entre las que se encuentran que el embarazo sea
motivo de una violación, que demuestre que el bebé podría afectar la salud de la madre
—razones ambas permitidas en casi todo el país— o por las "nuevas"
razones —sólo tomadas en cuenta en Yucatán—, como el que una mujer que ya
tenga tres hijos demuestre que no puede sostener económicamente a otro más; la otra es
que de acuerdo con el testimonio de un médico, el producto tenga malformaciones
genéticas. (Durante la manifestación del jueves Sandra Peniche aseguró
que sólo se practicarían abortos a mujeres violadas)
Sin embargo, el procedimiento para
certificar que las mujeres que deseen abortar no es claro. La responsable de la clínica,
la Dra. Peniche, sólo dijo que ellos se encargarían de investigar si la
solicitante cumple con los requisitos que marca la legislación vigente, aunque no
precisó en que consistiría dicha investigación; la entrevistada argumentó que aún no
se realiza ningún aborto, y por ello no podría definir el procedimiento.
De acuerdo con abogados interrogados,
cualquier mujer que desee abortar bajo el amparo de la ley, tendría que someterse a
estudios médicos reconocidos que demuestren que el producto que lleva en su seno presente
malformaciones; que corra peligro su salud o que éste sea producto de una violación
—en este caso tendría que mediar una denuncia penal y un laudo judicial—, ya
que esas son las causas que quitan la punibilidad (castigo penal) al aborto en Yucatán.
Sobre las razones económicas, los abogados
manifestaron que éste era un termino subjetivo, pues no están establecidos los
parámetros para determinar si una persona puede o no mantener a un hijo y menos quién
sería la autoridad que, por ejemplo, dictaminaría que tal o cual persona sí es pobre o
realmente pobre, como para no poder mantener a un hijo. Pero la Dra. Peniche
asegura que en su clínica harían una investigación socioeconómica —que tampoco
precisó— para determinar si la mujer cumple con lo que marca la ley. En su opinión
"es el punto menos subjetivo de la ley. La pobreza es evidente y si una mujer ya no
puede mantener a su hijo, tiene todo el derecho de abortar".
El aborto en Mérida
El pequeño local enclavado en antiguo
sector del primer cuadro casi en la esquina de los cruzamientos de las calles 54 y 49,
está reluciente, bien pintado, y lleno de luz. Se ubica en pleno centro de la ciudad. De
una pared cuelga una manta plástica que anuncia sus servicios y en ella se anima a quien
lo requiera por medio de un mensaje muy convincente: "Confidencialidad y
profesionalismo". Con el nombre de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y
Reproductiva, difícilmente los vecinos podrían suponer siquiera que ahí está la única
clínica, la primera del país, dedicada al "aborto legal" en todo México.
Ahora lo saben por la clausura de que fue objeto.
Al lugar acuden mujeres, principalmente de
escasos recursos, aunque los vecinos aseguran que también llegan personas en carros
"caros" y que no se ven con problemas económicos. En los consultorios se
aprecian camas clínicas e instrumental médico. En uno de ellos hay un pequeño
quirófano cuyo equipo se ve en buenas condiciones.
En todo el país, Mérida no es la
excepción, funcionan consultorios donde en condiciones insalubres y al margen de la ley
se interrumpen embarazos. Durante años los locales han sido denunciados, pero en muy
pocas ocasiones las autoridades han hecho algo en el asunto. En Yucatán jamás se ha
actuado en contra de quienes ejercen ese negocio —que reditúa pingues
ganancias— en la clandestinidad.
Hasta donde se sabe, el local de estos
"Servicios Humanitarios", es el primero en salir a la luz pública, y que se
encuentra amparado por la ley, ya que en éste no se practican abortos que estén penados
por la legislación vigente, aunque tampoco se sabe que haya una vigilancia de parte de la
autoridad estatal y, en especial, alguien que confirme que en el lugar los legrados que se
practiquen cumplan con los parámetros establecidos por la ley.
Pero la Dra. Peniche asegura que hay
un procedimiento para asegurarse que quienes deseen abortar cumplan con las disposiciones
legales que se lo permiten, "hay un procedimiento, investigamos si cumple con los
requisitos y luego le damos consultoría psicológica a la mujer. La asistencia se le da
antes, durante y después del procedimiento", asegura.
De acuerdo con la impulsora de la clínica,
ésta atiende las necesidades de muchas mujeres que antes se encontraban descuidadas, y
explicó que la apertura del sanatorio obedece a la necesidad de que existan espacios
idóneos para que "ejerzan sus derechos", en referencia a la posibilidad legal
de abortar que rige en Yucatán. "No sirve de nada que las mujeres tengan derechos
sexuales si no tienen lugares dónde ejercerlos", dice y advierte: "no
perseguimos fines de lucro con esta clínica; las tarifas son accesibles para todas las
mujeres".
La entrevistada asegura que hasta el
momento no han efectuado ningún aborto en la clínica, pero que están en la
"completa disposición de hacerlos". "Contamos con todo el instrumental
necesario y la gente preparada para realizarlo", asegura la también dirigente de
Unasse.
Contrario a esta declaración, Jorge
Serrano Limón acusó que en el sanatorio se realizan abortos por los que cobran de
mil a 5 mil pesos, "aquí se utiliza el método de la succión, después de
descuartizar al bebé", dijo frente a los manifestantes.
En la entrevista realizada antes de la
protesta, e interrogada sobre el origen de la clínica, la doctora aseguró que ésta se
realizó con la colaboración económica de organizaciones como la Unasse y Gire
(organización feminista nacional), y que las remuneraciones de quienes ahí trabajan
provienen de los ingresos por las consultas otorgadas. Las tarifas de éstas no fueron
proporcionadas pues la doctora dijo que éstas dependían de los recursos económicos con
que cuentan las personas que atienden.
La Revista averiguó sin embargo,
que firmas internacionales dedicadas a financiar Organizaciones No Gubernamentales,
estarían detrás del verdadero patrocinio del proyecto.
Mientras eso sucede, la discusión sobre la
penalidad del aborto sigue en el País, y ésta divide a una sociedad educada en el
derecho a la vida.+ (G.G.S. Mérida, Yucatán, México, agosto de 2000)
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