El Ayuntamiento de Mérida
afrenta la mayor crisis de credibilidad en lo que va de su gestión, y respecto de las
tres administraciones panistas que le antecedieron. Lo peor es que conforme abunda en
explicaciones, el alcalde Xavier Abreu ahonda las contradicciones del caso y
sustenta el cimiento de nuevas interrogantes que fracturas una estructura edificada a lo
largo de la década de los noventa que comienza a tambalearse en vísperas de una
estratégica etapa electoral.
Al quedar en claro, como adelantó La
Revista en su edición anterior, que el ayuntamiento pagó 425 mil dólares
—cuatro millones 31 mil 892.13 pesos al tipo de cambio vigente en la fecha de la
transacción— por un título que avala a Mérida como la Capital Americana de la
Cultura en el 2000, pero nunca precisó ante la opinión pública con la claridad que
requiere el caso el que lo hizo; la omisión da paso a la especulación y esto a la
suspicacia cuando se aprecian insustanciales e insuficientes los argumentos de la
administración municipal para justificar lo que semejaría injustificable.
Si la erogación tiene poca o nula
justificación para las arcas de un municipio cuya cabecera es sede de la capital del
estado con bellas zonas urbanas pero también con extensas áreas empobrecidas cuyos
habitantes requieren de más y mejores servicios públicos, o con un sistema de transporte
público falto de planeación y más característico de un Barrio de Bombay, o tantas y
tantas necesidades, el argumento que la sustenta es igualmente endeble, declinante, caído
por su propio peso.
Empero, el procedimiento administrativo que
se cursó para liquidar el pago resulta aún más cuestionable que lo que se pretende
justificar. Ahora resulta que la opinión pública si fue enterrada de la erogación,
sólo que ésta permanencia camuflageada es un rubro dedicado al pago de difusión
internacional del ayuntamiento capitalino, como quiso aclarar el alcalde Abreu Sierra.
Pero, ¿por qué no especificar, con todas sus letras, el concepto de lo gastado?
Las transferencias a Banamex a cargo de
Capital Americana de la Cultura, corresponden a pagos en moneda nacional por un millón
205 mil 633.61 pesos el 22 de octubre de 1999, 10 días después de suscrito el
"Convenio de nominación". Dos pagos más se hicieron en febrero pasado, por 957
mil 627.08 y 937 mil 117.36 pesos y el último en abril, por 931 mil 414.08 pesos.
Lo interesante del caso es que el proceso
se genera por una "solicitud de servicio" de la presidencia municipal el 15 de
octubre de 1999 y como concepto se señala "servicios de la ONG Internacional Capital
Americana de la Cultura, según convenio firmado el 12 de octubre de 1999". En el
documento no aparece firma del solicitante, pero si el visto bueno del director, quien en
este caso es Juan Carlos Rosel Flores, jefe de la oficina de la presidencia. El
documento generó una orden de servicio sin fecha especificada y autorizada por el oficial
mayor Romel Uribe Capetillo. Ambos corresponden a la partida presupuestal
1204-0505-01-022-4304.
¿Cómo pudo el ayuntamiento amparar pagos
de esa cuantía por los servicios prestados por Capital Americana de la Cultura sin
someterlos no al juicio de la opinión pública sino a la aprobación de los integrantes
del Cabildo? Más aún, ¿cuáles son los servicios de la agrupación? Esta si que es una
interrogante de sumo interés, pues Abreu Sierra dijo en sus declaraciones
aparecidas en la prensa que los famosos servicios corresponden a la difusión que ha
tenido la capital yucateca en publicaciones especializadas de todo el orbe y que el nombre
de la ciudad ya se baraja entre los círculos más importantes de la cultura mundial.
Pero ¿pueden estos nobles fines justificar
el monto de la erogación? ¿Acaso no habría resultado más eficiente y quizá menos
costoso para el ayuntamiento insertar por su propia cuenta dichas inserciones en vez de
pagar a simples intermediarios, pues éstos parecen ser los integrantes del la ONG de la
Madre Patria, más que promotores culturales?.
Uno de los aspectos medulares del asunto,
al margen de las justificaciones por muy válidas que resulten con base en los fines más
loables, es como la oficina de la presidencia dispuso ordenar un pago de esa cuantía sin
informar al Cabildo. Tampoco hay explicación suficiente para argumentar que el concepto
del gasto no aparezca especificado en los rubros de egresos y sea cobijado sin detalle
sobre su origen en el rubro de gastos de difusión.
Como observamos la semana pasada al dar a
conocer el hecho, es grave que la autoridad actúe sin informar con claridad a sus
representados, y más que lo haga disponiendo de fondos públicos mediante procedimientos
cuestionables y poco claros.
Otro ingrediente del caso es la
explicación que ofrece el presidente de Capital Americana de la Cultura, Xavier Tudela
Peya, cuyas explicaciones sobre el asunto constituyen una magistral cortina de humo.
En primer término, durante todos estos meses y tiempo su organización fue identificada
como ONG, incluso en la documentación que ampara los pagos en dólares. De repente, de
unos días para acá, la Comuna y el propio directivo le agregaron la sigla I para que de
súbito adquiera el carácter de "Internacional".
Tudela justifica la erogación con una
relación de gastos sobre los eventos que ha organizado en esta capital, Europa y otros
puntos del globo para promocionar a Mérida, eventos de los que poco o nada sabemos.
Argumenta también que reportajes sobre Mérida se han publicado en decenas de países. En
estos dos aspectos se resumen los principales logros de Capital Americana de la Cultura y
es inevitable reflexionar si dichos logros no hubiesen sido cubiertos por una eficaz labor
de propaganda y relaciones públicas planificada desde esta ciudad por los estrategas de
comunicación del ayuntamiento o por alguna de las varias agencias de publicidad que
laboran en esta capital en vez de recurrir a su organización no gubernamental. La duda
cabe y sin duda persistirá y aumentará su rasgo en los próximos días.
Otra mención sobre el tema: cuando Tudela
dice que se quiere politizar el caso habla, sin duda mal asesorado. El PRI sí quiere
hacerlo, pero su recurso es muy legítimo. Quien debiera permanecer callado es Tudela
y quien debe hablar, hablar mucho y abundante sobre el caso es el alcalde Abreu Sierra.
(Mérida, Yucatán, Agosto 2000).
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