La matanza de
Chimalhuacán, Estado de México, fue noticia sólo de algunos días debido
—probablemente— a que fue resultado no de la represión ni de la agresión de
cuerpos represivos o de paramilitares a personas desarmadas, sino del enfrentamiento feroz
entre dos grupos de priístas, uno de los cuales utilizó el armamento municipal contra el
otro que sólo estaba armado con palos y piedras.
La muerte violenta de un número no
precisado de personas —se habla hasta de 17—, de casi un centenar de heridos y
centenares de detenidos es comparable por su magnitud y su impacto político y social con
las matanzas de Aguas Blancas, Gro., y Acteal, pero, a diferencia de esos genocidios, si
no ha suscitado expresiones de repudio o de solidaridad con muertos y heridos ha de ser
porque, aparte de ser producto de un zafarrancho entre "iguales", las
autoridades involucradas en el conflicto son del mismo partido en el que militan o
militaban los protagonistas de ese fatal enfrentamiento.
No obstante, la gravedad de lo sucedido en
Chimalhuacán no debería desestimarse ya que, además de ser otro aviso —¡y qué
aviso!— del grado de descomposición política del PRI, trasciende sus filas porque
se trata también de una manifestación de la descomposición social que sigue
desenvolviéndose a causa, en parte, de la agudización de las contradicciones entre los
grupos de interés que manipulan las inmensas carencias de grupos marginales enfrentando a
pobres contra pobres, pero también como consecuencia del grado de perversión a que
llegaron los sistemas de control político y la cadena de complicidades en que se
sustentó el dominio sobre la población por parte del partido de Estado hoy herido de
muerte pero cuya inercia todavía podría seguir causando graves daños, como veremos en
seguida.
Es bastante probable que una buena parte de
los mexicanos que somos forzados espectadores del fratricidio del priísmo mexiquense
(todavía portador del pensamiento mágico que, para ejemplificar, luego de la derrota del
PRI está esperando que por sí solo venga el cambio que cada uno desea, aun cuando no sea
capaz de precisarlo), frente al sangriento suceso asuma la cómoda idea de que, puesto que
el PRI está ya derrotado, casos como ése dejarán de darse.
Pero la gente no cambia sólo porque cambie
el partido que gobierne. Ni siquiera un cambio de régimen político o social produce el
cambio automático del ser y del actuar de personas, clases, sectores y grupos sociales.
Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia acusan distintos grados de
virulencia según la idiosincrasia de las sociedades regionales o estatales donde se dan,
no menos cierto es que, cualquiera que sea su tipo y el grado de su manifestación, dañan
profundamente la convivencia y se constituye en un elemento de honda división social,
cuando no de retrocesos.
Yucatán sufrió el siglo pasado la más
sangrienta rebelión que se haya dado en la historia del México independiente. La
población de municipios enteros fue barrida y el fuego de los enfrentamientos no vino a
extinguirse por completo sino a fines del siglo pasado. Quizás por el terrible trauma
social que la rebelión de los mayas y su aniquilamiento dejó en indios y mestizos, las
siguientes generaciones de yucatecos aprendieron a evitar las confrontaciones violentas.
La última vez que la autoridad estatal asesinó a un ciudadano (Efraín Calderón Lara),
la insurgencia civil fue de tal magnitud y duración —se extendió de Mérida a
poblaciones del interior del Estado durante dos meses— que desde entonces los
gobernantes deben pensarlo más de dos veces antes de intentar romper por la fuerza
manifestaciones de descontento.
Pero no por eso la violencia ha dejado de
estar presente ni ha dejado de enfrentar a los yucatecos. En 1985, un enfrentamiento entre
priístas y panistas de Chemax causó una muerte. Antes, en Kanxoc un comisario municipal
fue linchado por un grupo muy beligerante de esa población. Hace unos días, en Chamkom,
siempre en el oriente del Estado, un grupo de priístas agredió con violencia a
opositores, en venganza por haber perdido la comisaría ejidal.
En todos esos casos el control político
autoritario sobre la población ha sido a la vez detonante y causa de los actos de
violencia extrema. Y esas formas de control autoritario, que son parte del sistema de
complicidades que une al actual gobernador con los caciques de pueblo, son origen de
constantes arbitrariedades contra los ciudadanos de muchos municipios de nuestro Estado
que se enfrentan al sistema, y si no han devenido en enfrentamientos ha sido por la
prudencia de las víctimas de alcaldes que actúan con prepotencia porque se sienten
protegidos desde Mérida.
Tal vez no haya Chimalhuacanes en el futuro
inmediato de Yucatán, lo que no es para consolarse sino para reforzar las acciones y las
denuncias contra todo acto de despotismo que se dé. No olvidemos que sólo forzando el
respeto del gobierno a las expresiones y los actos independientes de los grupos y partidos
podremos contribuir a crear un clima que le haga muy costoso al Gobernador todo intento de
violentar la voluntad electoral el mes de mayo de 2001. En Yucatán, ni Chimalhuacanes ni
Chimalhuacanitos. (R.A.S., Mérida, Yucatán, Méx., agosto de 2000)
|
