Luego de dos años de
amenazas, la Comisión de Hacienda del Congreso de Yucatán tomó la decisión la noche
del miércoles 30 de denunciar penalmente a Patricio Patrón Laviada, por presuntas
irregularidades en el ejercicio de su gestión. Le atribuyen supuestos manejos indebidos
en diversos conceptos de sus cuentas por un monto de 52 millones de pesos durante su
administración al frente del municipio meridano hace casi cinco años.
Según los diputados priístas, el hoy
Senador —quien este viernes 1º de septiembre tomó posesión— no habría
comprobado ni aportado documentos suficientes para "acreditar la aplicación de los
recursos" durante el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 1995 y
del 1 de enero al 30 de junio de 1996.
No obstante, el Dip. Rolando Zapata
Bello, miembro de la Comisión acusatoria, aclaró que para levantar la denuncia
primero requieren el apoyo del pleno en una sesión. Esta tendría que ser extraordinaria
y, hasta donde se sabe, debería convocarse ex profeso para el asunto antes señalado, con
cierta anticipación. Sin embargo, más allá de los motivos formales o las argucias
legales que los priístas puedan fincar contra el ex alcalde dándole forma, la denuncia
penal sería la respuesta que el gobernador del Estado da a los preparativos que el ahora
senador realiza para contender por la gubernatura del Estado, anuncio que se daría en un
acto que posiblemente ocurra la noche del 15 de septiembre, cuando el PAN dé su
tradicional grito en el parque de La Mejorada.
El anuncio del Congreso ocurrió la mañana
del jueves 31 —horas antes de cerrar esta edición—, y fue posterior a la
declaración que hizo el miércoles 30, el líder de los trabajadores del Sindicato del
Ayuntamiento —de filiación priísta—, Jorge Camelo Escalante,
quien dijo que "veía con buenos ojos la posible candidatura de Abreu y no la
del panista Patrón "a porque los yucatecos conocen bien la mala
administración que tuvo".
—Hasta varios priístas votarían por
él. Creo que es por la amistad que guarda con Cervera Pacheco
—expresó el líder priísta Camelo a un rotativo local que le hizo una
entrevista.
La opinión del dirigente sindical priísta
llama la atención pues ocurre precisamente cuando regidores y diputados del PRI denuncian
al presidente municipal Abreu por malos manejos con motivo de la compra del derecho
de utilizar el nombramiento de "Capital Americana de la Cultura" (ediciones 565
y 566) tema que se trata en este mismo ejemplar.
La acusación... vieja
A unas horas de que reciba el fuero
constitucional como senador de la República, la mencionada Comisión de Hacienda rechazó
las cuentas públicas del Ayuntamiento que encabezó y aseguraron que éste no aportó
"los datos y comprobantes suficientes para acreditar la correcta aplicación de los
recursos". Y ante la falta de información, presumieron la existencia de un delito.
Así de plano.
—Es una acusación vieja. Ya presenté
las pruebas y en su momento comprobé las cuentas de mi administración. La verdad es una
vacilada lo que hizo el Congreso —responde Patricio en entrevista telefónica
desde su flamante despacho en el Senado la tarde del jueves 31.
"Entre otras erogaciones cuyo destino
no ha sido debidamente comprobado, están la compra de vales de despensa por más de siete
millones de pesos; gasolina para vehículos por más de 5 millones de pesos; material
eléctrico por 14 millones; obra pública efectuada por administración que importa más
de 22 millones de pesos, así como adquisiciones no licitadas según lo ordena la Ley
Orgánica de los Municipios por más de cuatro millones de pesos. El dinero significaría
el 31.5% del total de los recursos ejercidos en el segundo semestre de 1995 y el 48.8% del
primer semestre de 1996", se refiere en un boletín de prensa que distribuyó la
oficina de Comunicación Social del Congreso.
Y de nuevo refuta:
—Nada de lo que dicen tiene sustento,
yo demostré , entregué facturas que justifican los gastos y, si ahora dicen que no
entregué comprobantes, es una estrategia para enlodarme; cumplí con la Ley y todos los
gastos de mi administración están comprobados, incluso yo pedí que me auditaran y no
quisieron hacerlo.
La noche de la decisión
La noche del jueves, en una reunión
convocada con extrema prontitud —10 horas antes de que se realizara— los
legisladores se decidieron a dar a conocer la denuncia largamente anunciada, y cuatro de
ellos, Myrna Hoyos, Raúl Lara Caro, Zapata Bello y Miguel Lara
Sosa, aprobaron un dictamen que instruye al Oficial Mayor del Congreso y al Contador
Mayor de Hacienda, a levantar la denuncia respectiva ante la Procuraduría de Justicia de
Yucatán. El panista Alfredo Rodríguez y Pacheco votó en contra de la
resolución.
Al parecer, Patricio no sería
acusado en los próximos días, pues la resolución votada el jueves no fue presentada
ante el pleno cameral durante la sesión del 31 de agosto —última del período
ordinario de sesiones—, y los funcionarios instruidos por la Comisión respectiva no
pueden obedecer más que a un acuerdo votado por todos los diputados. De acuerdo con
legisladores del PRI, en los próximos días se citará a sesión extraordinaria
exclusivamente para atender este caso.
Sigue el reto
—Que lo hagan, pero que lo hagan ya.
Que cumplan con su función y que me denuncien, de lo contrario estudiaremos la
posibilidad de promover un juicio político en contra de Myrna Hoyos y del contador
de Hacienda por no cumplir con su función que es la de denunciarme si es que tienen
pruebas suficientes —insiste en su postura el ex alcalde, amigo de Vicente Fox.
Lejos quedaron las declaraciones de la Sra.
Hoyos en las que aseguraba que no acusaría a Patricio pues de hacerlo lo
ayudaría electoralmente. "Imagínate, además de guapo, mártir", refirió hace
un par de semanas a los reporteros que la interrogaban sobre el destino de una acusación
que vio la luz a mediados de 1999.
Para el acusado, la denuncia obedece a un
intento del gobierno cerverista de enlodarlo, y cuestiona la fecha en que se deciden a
actuar en su contra: "mañana tomo posesión y tendré fuero constitucional, entonces
los priístas dirán que me escudo en éste para que no me hagan nada". (Mérida,
Yucatán, agosto de 2000)
En recuadro, nota
aparte:
La noche del acuerdo
Era la noche de un día difícil en el
Congreso. Pasaban las nueve de la noche del miércoles 30 de agosto y se notaba en los
rostros de los legisladores las huellas del cansancio; habían pasado el día entre la
preparación del proyecto de dictamen para ratificar a los consejeros ciudadanos del
Consejo Electoral estatal, y la preparación para el debate sobre las cuentas públicas de
los municipios, temas que los ocuparían el día siguiente, el último del periodo
ordinario de sesiones.
Alrededor de las 8:30 horas Rolando
Zapata recibió un telefonazo, era la líder de su bancada la que le llamaba. Myrna
Hoyos le pedía citar a una reunión urgente, había que citar a la Comisión de
Hacienda la mañana siguiente, el motivo era uno: la denuncia contra Patricio Patrón tenía
luz verde.
Pronto se reunieron en las oficinas de la
presidente de la Gran Comisión; en minutos redactaron la convocatoria a la sesión y
decidieron enviarla a los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda.
A las 11:00 p.m. Alfredo Rodríguez y
Pacheco escuchó el timbre de su casa. Un diligenciero le llevaba la convocatoria a la
sesión que se verificaría 10 horas después, aún no conocía el motivo y menos imaginó
que tal asunto fuera sacado a la luz. La reunión fue puntual, a la hora señalada ya se
encontraban reunidos los priístas Rolando Zapata, Myrna Hoyos, Raúl
Lara Caro, Miguel Lara Sosa y el panista Rodríguez y Pacheco, juntos
escucharon el recuento que les hizo el contador mayor de Hacienda sobre las cuentas
públicas del Ayuntamiento entre 1995 y 1997. Con rapidez votaron y aprobaron el dictamen
que era el primer paso para denunciar penalmente al ex alcalde panista.
—Son ganas de joder —dice Rodríguez—,
"extrañamente checaron hasta las bitácoras del combustible que usaron los
vehículos oficiales en ese lapso. Además, acusan a Patricio de no entregarles
información, cuando ellos pudieron haberla conseguido con un simple exhorto a la
Tesorería Municipal. La Ley los faculta. Para el también aspirante a la dirigencia de su
partido, la denuncia presentada el jueves es parte de una estrategia para menguar las
posibilidades que tiene el senador de convertirse en gobernador, y la calificó de
"extraña, además de ilegal".
—Es extraño que hayan decidido tan de
pronto lanzar la convocatoria a la reunión, sólo 10 horas hubo entre una cosa y otra;
además acusan de falta de datos y comprobantes que justifiquen gastos, pero no hablan
nada de facturas que son las que respaldan los movimientos, hasta parece que apuestan a
que las equivocaciones que surgen en los controles internos sean las que perjudiquen a Patricio
—comenta el diputado.
Su compañero, el diputado Jacinto Sosa
Novelo recuerda que el año pasado exhortaron a la Contaduría a cumplir con el
artículo 7 de la ley que la rige, y que la faculta a auditar la cuenta pública de la
administración patricista sin tener que pedirle a éste que entregara documento alguno.
—Ellos no tenían que pedirle a Patricio
que entregara documentos pues era ya un ciudadano; bien pudieron llegar a la Tesorería
del ayuntamiento y exigir que les mostraran todos los comprobantes que justifican los 52
millones, pero no lo hicieron. Mañosamente y dolosamente no lo hicieron para causar la
impresión que era éste el que se negaba —recuerda el legislador.
—Eso es falso —asegura Zapata
Bello.
Asegura que no hay un trasfondo
político en la denuncia. "No hay nada más que la exigencia de transparencia",
asegura y como anticipándose, responde a una inexistente pregunta: "Tenemos la
justificación legal para proceder como procedimos, el manejo de los tiempos fue el
resultado de que procedimos hasta tener todos los elementos. Todo está legal —arguye
el priísta.
—No tuvimos información que
comprobara en que se usaron los 52 millones y por ello denunciamos —dice.
El asunto, que no se trató abiertamente en
el pleno, no pasó de ser una amenaza, que no se concreta aún en la denuncia penal.
Mientras tanto Patricio Patrón se encontraba en México a punto de tomar protesta
como Senador. (G.G.S. Mérida, Yucatán, México, agosto de 2000)
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