El cacique inauguró la
era de la pérdida del miedo de los trabajadores al servicio del Estado en nuestra
entidad. Hace algunos meses apenas, era una utopía pensar que estos trabajadores pudieran
levantar su voz para hacer denuncias. Durante la larga etapa de los gobiernos priístas,
los empleados públicos fueron una especie de sumisas comparsas a las que los gobernantes
podían humillar impunemente. Ahora las cosas están cambiando, como puede apreciarse con
la movilización de los trabajadores de una rama del gobierno estatal: la de los empleados
del Poder Judicial.
Éstos han salido a la calle a manifestar
su descontento con el trato arbitrario y despótico que reciben de sus jefes,
particularmente de la dama de compañía del cacique a todos los actos públicos a que
asiste, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Migdalia Rodríguez Arcovedo,
y a denunciar la podredumbre que hay en esa área de la administración pública, la de la
impartición de justicia.
Son varias las veces que estos trabajadores
se han expresado ya abiertamente en los últimos días, realizando marchas y exigiendo ser
recibidos tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso del Estado, donde han planteado
sus demandas. Todo lo anterior indica que la necesidad de justicia de los trabajadores del
Estado en Yucatán comienza a ser superior a su temor a la represión. También nos dice
que el poder de los caciques del País, entre ellos el de Yucatán, Cervera Pacheco,
está disminuyendo con rapidez por efecto de las derrotas que han sufrido: una, el 2 de
julio; la otra el 20 de agosto, en Chiapas.
Con toda razón los empleados del Poder
Judicial han denunciado algo que es ampliamente conocido: la forma en que la insaciable
camarilla que se ha apoderado de los puestos públicos en Yucatán reparte los empleos
mejor remunerados entre parientes y amigos, y cómo da a éstos los ascensos haciendo a un
lado toda noción de justicia laboral para privilegiar su concepción autoritaria y
patrimonialista de la cosa pública.
Mientras decenas de jóvenes deambulan de
un lado a otro, después de terminar una carrera, en busca de un trabajo que difícilmente
consiguen, los hijos, las esposas, las queridas, los compadres, los amigos de quienes
están en el poder, por el solo hecho de serlo, ocupan, gracias a su relación con quienes
se han hecho dueños de los destinos de la entidad, los mejores cargos, no obstante haber
gente con mejores calificaciones para ocuparlos.
Uno de los que más destacan en la rapiña
a favor de familiares y recomendados es el segundo de a bordo del cacique, flamante
senador y con toda seguridad persona a la que, llegado el momento, su jefe tratará de
imponer como gobernador a los yucatecos —eso si el pueblo lo permite, claro—, Orlando
Paredes Lara, quien durante su larga cuanto gris carrera política a la sombra del
jerarca de "Che’en Pato" ha hecho de la colocación de familiares, amigos y
rastreros corifeos en puestos de todo tipo en la administración pública estatal la
herramienta fundamental para el control de la burocracia local y de las decenas de
ciudadanos a los que se les condiciona los servicios públicos a su militancia en favor
del partido de Estado, hoy en franca descomposición y veloz caída libre.
Paredes tiene, según la denuncia de
los empleados del Poder Judicial, a varios parientes incrustados en éste. Pero no
solamente en el órgano de impartición de justicia del Estado ha colocado a "su
gente" el "Abogado" —como le dicen sus aduladores—, ni
sólo a sus parientes y a los de su esposa ha dado chamba para que con ella se sirvan a
sí mismos y sirvan a los intereses de quien les dio los cargos para que lo ayuden en sus
proyectos personales, dedicando tiempo y recursos del erario a esa labor.
También en otras instancias de la
administración estatal ha situado a sus partidarios el antiguo delfín del cacique y
además ha dado "trabajo" a otras personas —que no tienen parentesco con
él— para que cumplan igual función que sus parientes.
La carta que en el número anterior (el
566) publicó La Revista es la prueba más rotunda de la clase de alimañas
con que ha llenado la administración este anacrónico personaje en su afán enfermizo de
controlar al mayor número posible de ciudadanos para seguir columpiándose de un cargo a
otro en las ramas del poder y seguir acumulando fortuna a costillas del erario.
Aunque no está firmada, por el santo y
seña que la propia carta da al través de las revelaciones que hace y los nombres que
cita, se llega a la conclusión de que quien la escribió es un esbirro del "Abogado"
de marras, colocado por éste en la dirección de la Escuela Normal Superior de Yucatán,
conocido por lambiscón y rastrero, que responde al nombre de Lorenzo Salas González.
Se la dirige a su jefe en términos tan abyectos que nos cuesta trabajo explicarnos cómo
una gentuza de esta clase puede estar al frente de una institución formadora de maestros
(cuando en donde debería de estar es en la cárcel o en un manicomio).
La carta es, en realidad, un informe de
corte policiaco a su amo, en el que Salas González da cuenta de las violaciones a
la legalidad y de los atropellos contra maestros de la institución, que ha cometido en
aras de favorecerlo. Es una prueba más de cómo actúa la canalla que, escondida bajo el
discurso de que "en Yucatán hemos alcanzado lo que en el País todavía se está
prometiendo", constituye la verdadera esencia del régimen que preside el cacique Cervera,
un régimen cuyo destino inmediato es morir. Por corrupto y por perverso. (F.P.S.,
Mérida, Yucatán, Méx., agosto de 2000)
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