En desacato al orden
jurídico republicano y federal, el Congreso del Estado de Yucatán no introdujo, en el
plazo que estableció la reforma constitucional, las modificaciones que en materia
electoral aprobó el Congreso federal antes de las elecciones de 1997 para todo el País,
y no lo hace porque al Gobernador del Estado no le ha dado la gana, ni los diputados
priístas —cuyo deber es hacerlo— están dispuestos a desobedecerlo porque saben
que el señor al que sirven es uno de los políticos que creen que gozarán de impunidad
hasta después de la muerte. Y a las creencias del jefe supeditan las suyas.
Nuestro Estado no está a la vanguardia en
ningún rubro relacionado con la gestión de gobierno, como pretende la propaganda de Cervera.
Como en muchas otras entidades, las contradicciones entre las clases, sectores y grupos
sociales, como entre las fuerzas sociales y políticas que los representan, están ahí a
la espera de que cualquier suceso imprevisto las vuelva conflictos debido a que no hay los
espacios ni la voluntad política para resolverlos o encauzarlos con los mecanismos que
sólo la democracia política ofrece. Y si a esta situación de estancamiento nos
atenemos, el hecho casi trágico es que Yucatán, bajo el control cerverista, cada vez se
distancia más de los avances que en materia política se vienen dando en el País y que
probablemente se aceleren los próximos años.
Nunca estará de más señalar —ni nos
cansaremos de hacerlo mientras sea necesario— que la actitud del gobernador yucateco
frente a la declinación imparable del partido de Estado ha sido la misma que el
Presidente y otros gobernadores priístas mantuvieron sin éxito durante el tramo final
del priísmo con tal de no perder el poder ni el control sobre la sociedad. La ventaja de Cervera
y sus copartidarios sólo es de tiempo: pronto enfrentarán el reto de mantener el poder
en condiciones ahora más desventajosas. Por eso es que Gobernador y diputados se cierran
a cualquier discusión civilizada y, menos aún, a negociación alguna —por mínima
que sea— de las diferencias que enfrentan a las fuerzas opositoras con su gobierno.
Zedillo fracasó hace tres años en
evitar que la oposición, mayoritaria en una de las dos cámaras del Congreso federal,
asumiera el control de su gobierno interno. Cuando encubrió el gigantesco fraude del
Fobaproa —convirtiendo sus pasivos en deuda pública— no pudo evitar que se
conociera una parte de ese fraude, el que corresponde al financiamiento ilegal de las
campañas de Colosio, Madrazo y la suya, e incurrió en desacato a la
Constitución para negar el acceso de los diputados a los expedientes acusadores. Zedillo
ha perdido y deberá entregar los expedientes de Banca Unión gracias a que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece haber puesto fin ya a su dependencia del
Ejecutivo, lo que es ya un gran avance para el País.
Cervera, en cambio, junto con la
mayoría de los diputados locales, cuentan todavía con amplios márgenes para usar
discrecionalmente los fondos públicos con fines espurios, ya que esos diputados lo
encubren y los opositores que combaten la impunidad que protege a Gobernador, diputados
priístas y presidentes municipales del mismo círculo, no están en condiciones de
promover ninguna controversia como la que inició la mayoría opositora de diputados
federales ante la SCJN, ya que el Poder Judicial de nuestro Estado está limitado por la
Constitución y las leyes pero sobre todo por la sumisión política de jueces y
magistrados al gobernador yucateco.
Si el buen juez por su casa empieza, ni de
eso son capaces los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que aceptan callados
—cual si fueran empleados suyos— que el Gobernador decida sus presupuestos
anuales de egresos con la aprobación incondicional de sus otros empleados en el Congreso.
Esos jueces y magistrados permiten que los empleados de juzgados y oficinas se pasen un
año sin incremento salarial porque así lo decidieron los otros poderes.
Y si carecen de independencia y de voluntad
para hacer justicia salarial a los trabajadores que hacen posible el funcionamiento del
aparato judicial, todavía menos demuestran para contradecir al que tienen como jefe
supremo del Estado yucateco frente a una eventual demanda de los diputados locales a
quienes, por consigna de aquél, la mayoría priísta y hasta un empleado del Congreso
—el Contador Mayor de Hacienda— les atropellan sus derechos obstaculizando
deliberadamente el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
El cambio en el Poder Legislativo podría
darse si la mayoría de los yucatecos en edad de votar resisten las tentaciones
clientelares, así como las amenazas del cacicazgo, y eligen una nueva mayoría que tenga
la voluntad y el coraje de aparejar el desarrollo democrático de Yucatán con el que se
ha estado dando a escala federal.
El cambio del Poder Judicial, por el
contrario, se ve muy lejano si consideramos que la burocracia constituida por magistrados
y jueces hechos a imagen y semejanza del régimen antirrepublicano que ha dominado a
nuestro Estado está muy sólida y no se ve, por ahora, que entre ellos haya quienes
estén dispuestos a asumir por voluntad propia la transformación de un Poder que así
como está no le sirve al progreso de nuestro Estado.
De gran magnitud es el rezago político de
Yucatán bajo el dominio cerverista. (R.A.S., Mérida, Yucatán, Méx., agosto de 2000)
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