La transición mexicana a
la democracia puede empezar a discutirse desde el propio término transición, así
como sus tiempos y sus características. No cabe duda que da lugar a una larga, compleja y
hasta farragosa discusión teórica. Pero el cambio político puede calibrarse también
desde un punto de vista que se encuentre sustentado mucho más en datos duros. Contra las
opiniones que insisten en empequeñecer y hasta negar la importancia de las
transformaciones, así como de quienes sólo consideran trascendente la alternancia en la
Presidencia de la República, Alonso Lujambio nos presenta la forma en que nuestro
país ha experimentado el paso de un poder casi indisputado en manos del PRI, a un poder
que es cada vez más compartido, distribuido entre las distintas fuerzas políticas de
nuestro país. Sin duda, es un útil mapa que nos permite conocer cómo ha cambiado de
forma gradual el País.
El libro busca, como explica el autor,
"ofrecer evidencia empírica del modo (pausado y atropellado hasta 1994, acelerado y
más institucionalizado desde entonces) en el que se fueron produciendo estas
modificaciones (elecciones crecientemente limpias, la posibilidad de la alternancia, la
realidad del poder compartido), y parte de una premisa básica: el pluralismo llegó para
quedarse".
Para Lujambio, en México se ha
vivido el tránsito de un autoritarismo mayoritario, que significa un sistema de partido
hegemónico con elecciones no competitivas y el ejercicio monopólico del poder, a una
democracia consensual, que es un sistema multipartidista en elecciones competitivas, en el
que el poder tiene que ser compartido. El inicio de dicha transición, pese a los
importantes antecedentes de las reformas electorales de 1963 y 1977, se da en 1988,
cuando, debido a los resultados electorales que dieron a los partidos de oposición una
cantidad de diputados inédita, se ponen límites reales, constitucionales, al poder de
decisión hegemónico posrevolucionario, en el que el poder político se encontraba
concentrado en la Presidencia de la República, la que disponía de su amplia mayoría en
el Congreso de la Unión. Un esquema similar se reprodujo en los Estados de la República.
En dicho acotamiento al poder jugó un
papel importante el sistema electoral mexicano, que fue modificándose de un sistema
electoral estrictamente mayoritario para ir asumiendo un carácter mixto, en el que las
minorías van adquiriendo mayor representación gracias a la instauración de la
proporcionalidad. Esto ha llevado a los partidos a trabar acuerdos que permitan establecer
eficacia en las decisiones y condiciones de gobernabilidad.
Además de lo anterior, el partido del
Presidente tuvo que cambiar su tradicional estructura corporativa a una territorial,
además de la forma de elección de sus candidatos, en un proceso que el autor llama de
racionalización del poder del Presidente.
Los cambios en la representación política
dan cuenta de la transición mexicana. Por ejemplo, a partir de 1988 en la Cámara de
Diputados se acabó la época en que un solo partido contaba con la mayoría calificada, y
nueve años más tarde terminóse con la mayoría absoluta. Esto es atribuido a la
creciente competitividad de nuestras elecciones y al sistema electoral mixto, que han dado
lugar al "gobierno dividido". La reproducción de esta historia en los Congresos
locales se inició en 1974, aunque fue la reforma política de 1977 la que obligó
constitucionalmente a establecer sistemas electorales mixtos en todas las legislaturas
locales. Con esto, en 1974 el PRI tenía el 98% de todos los escaños locales, mientras
que en 1999 sólo el 50%.
Asimismo, en el Senado de la República
también se ha dado espacio a la expresión del pluralismo político, a partir de la
reforma de 1993.
Además de los Congresos, la pluralidad se
ha expresado en otros ámbitos: las gubernaturas de los Estados de la República y los
municipios. Con el fin del monopolio priísta en el poder de los Estados en 1989, el País
ha vivido un importante adelanto: que los "distintos partidos políticos ejerzan
el poder, se responsabilicen directamente en el ejercicio de la función
pública y adquieran experiencia de gobierno". En el recorrido democrático,
el municipio ha sido escuela de democracia, dice Lujambio, ya que los partidos de
oposición aprendieron los menesteres gubernamentales en ese nivel de gobierno, a la vez
que el PRI ha aprendido a ser de oposición. Pero también allí los ciudadanos han
aprendido a premiar y a castigar, a través de sus preferencias electorales, a los
gobernantes, por lo que han aprendido el valor de la alternancia (como buen ejemplo de
esto, el autor menciona casos de municipios en los que ya han gobernado los tres partidos
políticos nacionales más importantes).
Esto muestra una idea básica del libro:
"Si bien no se trazó conscientemente de ese modo, la transición democrática de
México ha de entenderse como la gradual profundización de la necesidad de una auténtica
convivencia multipartidista en un diseño constitucional pluralista".
Entre las consecuencias positivas de estas
transformaciones, se encuentra una fundamental: los partidos han tenido que asumir una
responsabilidad cada vez mayor de sus decisiones, además de establecer pactos para que se
puedan ejercer las funciones gubernamentales, por lo que el electorado tiene mayores
elementos para juzgar su actuación.
Después de pasar revista a varios de los
avances más importantes que ha habido en materia electoral en nuestro país, Lujambio
propone que dejemos ya atrás la transición democrática para que se empiecen a plantear
otros temas que en esta hora son de prelación. Coincidiendo con otros autores acerca del
tema de la gobernabilidad, en el orden de la consolidación democrática el consejero del
IFE destaca la siguiente cuestión: la del "control ciudadano de las instituciones
operando con contrapesos y balances en un entramado constitucional consensual, el de la
capacidad de decisión de los gobiernos y el del ejercicio democrático de un poder eficaz
en el logro de sus metas". (A.R.M., México, D.F., septiembre de 2000)
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