Es la Ley del Talión. El
razonamiento que Myrna Hoyos Schlamme comenta a este reportero es simple: Si a la
oposición lo que más le duele es que Víctor Cervera gobierne, pues
entonces "tendrán Cervera para rato".
Dice Myrna Hoyos que prefiere ir a la cárcel que acatar al Trife.
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Y es que tras serle notificada la última
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Trife) —que por
segunda ocasión invalida el nombramiento de los integrantes del Consejo Electoral del
Estado (CEE)— la presidenta de la Gran Comisión del Congreso de Yucatán amenaza:
"Ante el fallo del Trife nos encontramos que no hay condiciones para la próxima
elección, por lo que los priístas en el Congreso analizamos la posibilidad de extender
el periodo de los actuales poderes".
—El Trife nos orilló a violar los
plazos. Nosotros avizoramos que no hay condiciones para realizar elecciones, por lo que
analizaremos (la posibilidad de) que el Gobernador esté con nosotros más tiempo
—remacha la diputada priísta.
El fallo del Trife echó por tierra todos
los acuerdos tomados por el aparato electoral y, para algunos, se pone en peligro la
legalidad de la elección. Nada de lo que haya hecho el CEE es válido.
El abogado Ángel Prieto Méndez,
representante del PRI ante el dos veces inexistente CEE, se mete en el ruido y alerta:
"El Código Electoral del Estado de Yucatán no contempla modificaciones a los
plazos. No hay autoridad alguna que pueda estar por encima de la ley; por ello sí digo
que la elección está en riesgo. La decisión del Trife le metió ruido a la
elección".
La visión en el PRD difiere. Jorge
Vallejo Buenfil, encargado de los asuntos electorales del partido, dice que el riesgo
de la elección depende de la intención que tenga el gobierno estatal para negociar.
—Si de ahora en adelante se privilegia
el diálogo, el proceso puede darse en un marco apto para que la sociedad tenga certeza de
que su voto será válido y el proceso electoral del 27 de mayo próximo sea limpio.
Rabieta
El panista José Castañeda Pérez se
muestra más optimista. Dice que la actitud de Myrna es una rabieta y coincide con
el PRD, aunque condiciona el riesgo electoral a la voluntad de diálogo que califica como
indispensable para poder construir el aparato electoral del Estado.
Para poder modificar el periodo
gubernamental se necesitaría que dos terceras partes del Congreso votaran a favor de la
medida. El PRI únicamente cuenta con quince diputados —de los cuales uno, Pedro
Bartolomé Castillo, falleció recientemente, y otro, Gaspar Xiu Cachón, se
ha manifestado en contra del Gobernador— por lo que no podría hacerle cambios a la
Constitución de Yucatán.
Además, el artículo 50 de la
Constitución del Estado es claro en precisar la extensión de un periodo de gobierno.
"Si al comenzar un período constitucional no se presentare el Gobernador electo o
la elección no estuviere hecha y declarada el día primero de agosto, cesará el
Gobernador cuyo período hubiere concluido y se encargará desde luego del Poder
Ejecutivo, con el carácter de interino, el ciudadano que designe el Congreso".
Víctor Cervera y la amenaza de Myrna.
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Sin embargo, y pese a que la amenaza de la
titular de la Gran Comisión del Poder Legislativo no se encuentra legalmente sustentada,
fuentes cercanas a la dirigencia del PRI comentaron que la declaración de la diputada
sería entendida como una muestra de rechazo a lo que califican como intromisión de la
Federación en asuntos del Estado.
El miércoles 15 de noviembre el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por tercera ocasión disposiciones
que habían ejecutado autoridades yucatecas en el actual proceso electoral, por
considerarlas ilegales.
Ese día, el Trife ordenó al Congreso
Local reponer la integración del Consejo Electoral del Estado. Con el fallo, adoptado de
manera unánime por los magistrados federales, todos los trabajos del Consejo Electoral
del Estado, incluyendo la integración de 105 consejos municipales y 15 distritales,
quedan invalidados.
La elección en riesgo
Es tiempo de Fox. La Diputada no se
queda atrás y le roba al guanajuatense los adjetivos. Para la encargada de renovar el
proceso de integración del Consejo Estatal Electoral, el fallo del Trife que le ordena
reponer el procedimiento es una "marranada".
El representante del PRI ante el
inexistente Consejo Electoral respalda la apreciación sobre el fallo del Trife: "Es
una aberración jurídica. El Tribunal ordenó modificar su propia sentencia".
Ambos priístas —entrevistados por
separado— coinciden en que las recientes sentencias dictadas por el máximo órgano
jurisdiccional en la materia son una intromisión en la soberanía del Estado.
Pero Vallejo Buenfil y Castañeda
Pérez lo niegan. El perredista asegura que la soberanía no puede ser entendida por
las autoridades locales como una "patente de corso" que les permita pasar por
encima de la ley. "Somos parte de una república y la Constitución es la Ley
Suprema", afirma.
El ex dirigente panista niega que el fallo
atente contra la soberanía de Yucatán y coincide en afirmar que el Trife protege a los
ciudadanos ante los abusos en materia electoral que ha pretendido hacer el gobierno local.
Pero los priístas no están de acuerdo.
Cero y van tres, y la piel se ablanda. La polémica líder de la bancada priísta reitera
su acusación y asegura que el fallo es motivado por intereses políticos al interior del
Tribunal. Ángel Prieto va un poco más allá y advierte que estudiarán pedir
juicio político a los magistrados electorales.
Y del rechazo pasan a la advertencia. Ambos
ven riesgos en la elección y acusan al Trife de generar un "caos electoral" que
puede ser peligroso para la realización de los comicios.
El "histórico" representante
priísta ante los órganos encargados de realizar las elecciones en Yucatán pone su
parte: "El Trife ordenó que se viole la ley. Los plazos legales están superados y
además se han vulnerado derechos de partidos y ciudadanos que bien podrían impugnar la
elección".
Y poniendo la suya, la Diputada acusa:
"Caos, claro que hay caos, pero éste lo provocó el Tribunal".
Frente a esa postura se coloca la de la
oposición. El PRD niega que la actual situación sea resultado de la labor del Trife y,
por el contrario, asegura que las sentencias de este órgano han limpiado un proceso que
de inicio se encontraba "manchado".
El PAN lo mira de manera similar. "El
fallo limpia lo que de inicio se encontraba sucio", subraya Castañeda Pérez.
Pero ante la realidad surgen las visiones
convertidas en versiones. Al cierre de esta edición —jueves 16 de noviembre— el
CEE no existe y los 947 consejeros distritales y municipales que ya habían sido
seleccionados se encuentran en la indefinición; y lo más grave: los plazos que dispone
el Código Electoral de Yucatán para la designación de los consejeros ya vencieron. Y de
acuerdo con un prominente priísta conocedor de la legislación electoral, bajo el
escenario actual la elección podría impugnarse bajo la premisa de que el actual proceso
está viciado de origen.
Myrna tendrá que acatar la decisión del Trife: José Castañeda.
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Sí y no
—¿Está la elección en riesgo?
—pregunta el reportero.
Jorge Vallejo responde: "Sí,
en la medida que se insista, por parte de quienes tienen la responsabilidad de poner las
condiciones, de no conducirse dentro de la ley. Pero si de ahora en adelante se privilegia
el diálogo, el proceso puede darse en un marco apto para que la sociedad tenga certeza de
que su voto será válido".
La postura de la diputada Hoyos es
tan similar como diferente: "Sí, hay un riesgo de que se interprete como ilegal la
elección. Pero el riesgo que existe es generado por la oposición y el Trife".
Ángel Prieto coincide: "Los
opositores y el Trife complicaron de sobremanera la elección. Hay, es cierto, algún tipo
de riesgo en la realización de los próximos comicios".
Pero el hoy tan impugnado ex presidente
estatal del PAN no mira el riesgo. Prefiere esperar a que aparezca el diálogo y surja el
consenso entre los encargados de organizar el proceso: "No creo que esté en riesgo
la elección si se hacen bien las cosas. Estamos tratando de hacer (el trabajo) lo más
limpio posible. Necesitamos la voluntad política, que yo no la veo en Yucatán. Los
puentes que hemos intentado tender no los han querido cruzar. ¿Con quién negocias en el
PRI?", se pregunta.
La decisión del Trife se da en medio de un
escenario nacional complicado. El PRD y el PAN han acusado de parcial al titular del
Tribunal por sus declaraciones sobre el proceso electoral en Tabasco —en las que
exculpó al tan virtual como cuestionado gobernador electo de la entidad cercana—, y
sin embargo alaban la independencia que el órgano que él encabeza manifestó en el caso
de Yucatán.
—Es una muestra de que lo que les
conviene lo aplauden y lo que no, lo descalifican —refuta Myrna Hoyos.
Pero Vallejo Buenfil se defiende:
"Son dos casos distintos. Por Tabasco el Comité Nacional del PRD puso un proceso en
contra de Ojesto por la posición que tomó, pues falló en su compromiso de
objetividad, pero ello no deslegitima al Trife".
Sin embargo, el fallo dictado esta semana
cimbró al aparato electoral de Yucatán y lo puso contra las cuerdas. La posibilidad de
un aplazamiento de la elección existe en la realidad y en la esperanza. Y al igual que se
describe en un texto publicado la semana anterior, el tiempo pasa y nada pasa.
Insiste Myrna: no acatará la decisión
Frente a ella tiene los periódicos que
informan de la decisión del órgano federal. Se le nota agitada, no mide sus palabras y
reitera lo antes dicho en La Revista (ed. 577): "No acataré la
decisión del Trife. Prefiero ir a la cárcel que hacerle caso al Tribunal".
—¿Y si Cervera le pide que
acate? —se le sugiere.
—No le haré caso. En esta ocasión se
trata de dignidad.
—¿No es el Gobernador el impulsor
de esta maniobra para enrarecer el proceso electoral?
—¿Acaso él le dijo al PRD o al PAN
que impugnaran? No, pensarlo es una barbaridad —ataja.
El revuelo no espera. Los dichos de la
legisladora se encuentran de frente con el rechazo de la oposición.
—Me parece que las declaraciones de Myrna
están fuera de lugar. No está a discusión si es legal o no, o si tiene efectos
negativos. Lo único que corresponde es acatar la resolución —advierte Vallejo
Buenfil.
—Es una berrinche, producto del no
querer entender que éste es un mandato de una autoridad federal— dice el perredista.
José Castañeda Pérez,
quien se encuentra acusado por la Diputada por el delito de difamación y calumnias,
minimiza los dichos de ella y reitera los suyos.
—Es puro blof. Tendrá que
acatar la decisión. Ella ha demostrado que dice una cosa y hace otra. Quiero ver cómo
cambia sus palabras.
Pero Myrna Hoyos intenta ser clara.
En entrevista asegura que no está dispuesta a acatar un fallo que califica de
"aberrante". La Diputada expone sus motivos, interpreta la última resolución
del Trife y, por contradictorio que parezca, dice que ésta incluso la reivindica.
—El fallo me da la razón. Integran
como prospectos a los que nosotros aprobamos. Imagínate si el nuevo Consejo sale igual
que el que se acaba de destituir —dice al reportero.
—Estaríamos salados si en una
insaculación salen los mismos consejeros —advierte el panista.
Por su parte, la Sra. Hoyos toma su
amenaza muy en serio. Dice que no acatará la resolución del Tribunal y que está
dispuesta a ir a la cárcel por desacato. Asegura que se trata de un asunto de dignidad,
por lo que está preparada para todo, incluyendo que la destituyan.
—El riesgo es dejar que se viole la
soberanía— dice confiada.
Pero aunque rabieta para la oposición y
asunto de dignidad para la ella, la intención de incurrir en el desacato coloca a
Yucatán —de nuevo— en el extremo del escándalo. (G.G.S., Mérida, Yucatán,
Méx., noviembre de 2000)
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