En tanto el presidente Vicente
Fox Quesada anunciaba apenas el jueves la inyección de recursos por un monto de
$2,000 millones al plan Puebla-Panamá —que incluye a Yucatán— su gobernador, Víctor
Cervera Pacheco se prepara para enfrentar por primera vez al nuevo mandatario y darle
la que parecería "su primera lección de política".
Fox y Cervera. Bienvenido a la "Pesadilla".
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El capítulo uno de esa clase, contiene el
grave conflicto que ha generado en el estado el hecho, sin precedente no solo en Yucatán,
sino en el país, del no acatamiento de un fallo judicial dictado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del Congreso del Estado que, al
cierre de esta edición, seguía en su negativa de aceptar el laudo de ese organismo.
Según diputados del PAN y directivos del
PRD consultados por La Revista, el gobierno de Vicente Fox deberá en todo caso
poner en su lugar las cosas, y ahora si, propiciar una auténtica, real y definida
separación de poderes. Este problema compete al Poder Judicial de la Federación, y el
Ejecutivo sencillamente deberá convocar a que se cumpla con la ley que rige en el país
para los estados confederados.
—En este sentido —declara Jorge
Vallejo Buenil, del PRD—, será conveniente apelar a la sensibilidad política de
Vicente Fox para que sea él quien convoque a la cordura y de esta forma, los
problemas políticos y actitudes rebeldes no se conviertan en un problema para su
administración.
Será la guerra
No hay que olvidar que la primera elección
que se registrará durante la administración de Vicente Fox Quesada —la del
27 de mayo próximo— será, también, la primera crisis preelectoral que
tendrá en sus manos la flamante administración que este viernes 1o de diciembre arranca.
El panista Santiago Creel Miranda,
nuevo secretario de Gobernación, quien como señaló La Revista hace varias semanas
resintió en carne propia lo que es la vigilancia y espionaje cerverista, y junto con Adolfo
Aguilar Zínser —hoy coordinador de Seguridad Nacional—, en sus frecuentes
visitas por el estado, fue asediado por los grupos de información, hoy tienen la enorme
oportunidad de poder contener, desde la Presidencia de la República, al viejo sistema
priísta hoy representado por Cervera.
El desacato del Congreso local a la
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prosigue. Luego de
una amenaza de ruptura entre la diputación priísta —Mario Tránsito Chan Chan intentó
que los diputados del tricolor decidieran de manera individual si debían o no acatar el
fallo de la instancia federal— una orden fulminante llegó: "no se acatará la
resolución. Iremos hasta el final".
De acuerdo con fuentes cercanas a la
diputación priísta, luego del amague del dirigente obrero fue el gobernador Víctor
Cervera el que exigió unidad en torno al fallo del TEPJF. Horas después, el
miércoles 29 de noviembre, catorce de los quince diputados de la fracción parlamentaria
del PRI cerraron filas y reiteraron que no acatarán la segunda sentencia emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
—Fue el señor (en referencia al
gobernador Cervera); es el único que podía concitar a la unidad entre los
diputados. Él está previendo que si muestra debilidad en este momento, durante los siete
meses que trabajará con los foxistas no tendrá la fuerza necesaria para negociar con
ellos asuntos políticos —revela la fuente.
La versión la corrobora un diputado del
PRI, Gaspar Xiu Chacón, el único de los legisladores que se ha manifestado
abiertamente en contra de la decisión de no acatar el fallo del TEPJF, asegura que fue en
una reunión de la fracción tricolor con el gobernador donde se decidió que todos los
diputados del tricolor se manifestaran a favor del rechazo.
Así, el conflicto llega a su cuarta semana
y el organismo encargado de organizar las elecciones del próximo 27 de mayo simplemente
no existe. Peor aún, los plazos legales que se estipulan en el Código Electoral del
Estado de Yucatán (CEDEY) ya ser violaron, lo que, a decir de abogados consultados,
coloca en una situación de extrema ilegalidad a los comicios.
Y pese a que los consejeros electorales
cesados ya fueron notificados por el TEPJF de su destitución, éstos aún prevén la
posibilidad de regresar a sus cargos "si el Congreso yucateco se los ordena",
pues, de acuerdo con el destituido presidente Roger Medina Chacón, la resolución
federal les fue notificada de manera "ilegal".
Jorge Vallerjo. La Advertencia
del PRD.
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Y si en Yucatán el asunto se mueve,
entre los Magistrados que integran el tribunal federal el caso es considerado de suma
importancia. El miércoles 29 enviaron al Congreso local un primer "aviso" del
juicio en su contra por desobedecer el veredicto en el que los ordenaron disolver, de
inmediato, el Consejo Estatal Electoral, al encontrar irregularidades en su integración.
Como previsión ante una maniobra de los
consejeros destituidos, los integrantes de la Sala Superior también decidieron notificar
el inicio del proceso a las personas que en este momento ocupan en forma ilegal un puesto
dentro del organismo que se encargará de organizar los comicios del próximo año en esa
entidad.
El "aviso" representa el primer
paso del Tribunal Electoral antes de tomar medidas más drásticas previstas en la ley,
como la multa hasta por 200 días de salario mínimo en contra de la diputada Myrna
Hoyos Schlamme.
Hoy, ya. La bomba va. Va directo al amplio
escritorio de fina madera que recibirá Santiago Creel Miranda, el nuevo secretario
de Gobernación. Él, junto con el ex mandatario interino de Guanajuato Ramón Martín
Huerta —subsecretario de Gobierno—, tendrán que revisar el conflicto
electoral del estado y buscarle una salida, que de no tenerla pronto, amenaza ensuciar los
primeros comicios del nuevo gobierno.
Los amagues de Mario Chan
No todos los legisladores priístas estaban
convencidos de seguir con el desacato. Algunos de ellos en pláticas privadas manifestaron
su rechazo a lo que calificaban como "berrinche" de la Sra. Hoyos Schlamme.
Incluso trascendió que algunos diputados
priístas —Límber Sosa y Liborio Vidal— se reunían con sus
homólogos de la oposición para tratar de destrabar el conflicto y proseguir con la
organización de las elecciones.
El martes 28 la división asomó en la
fracción priísta cuando el cetemista Chan de manera inesperada se sumó a la
oposición y pidió a sus compañeros de bancada que le den curso a la sentencia para que
se defina en el pleno quiénes están de acuerdo o no en cumplir la resolución de la
instancia federal.
En una actitud que sorprendió a varios de
sus colegas, el dirigente cetemista subió a la tribuna para manifestar que estaba de
acuerdo con el diputado panista Sergio Chan Lugo en que el asunto del Trife
"se ha hablado mucho en la prensa, pero no se le ha dado el curso debido", y
pidió a sus compañeros priístas que lo pusieran a consideración del pleno.
Al concluir la sesión del miércoles en el
Congreso, los diputados priístas Liborio Vidal Aguilar y Verónica Farjat
Sánchez declinaron anticipar qué postura adoptarían si el fallo del Tribunal
Electoral de la Federación se sometiera a la consideración del pleno. Ante la
insistencia de los reporteros, ninguno confirmó abiertamente si está de acuerdo con el
desacato.
—Vamos a ver, vamos a ver...
—indicó la ex alcaldesa de Tizimín, al tiempo que se alejaba para evitar más
preguntas.
Pero, de pronto, todo se modificó. Una
orden, que de acuerdo con la fuente consultada, se dio desde la oficina del mandatario
yucateco transformó la división en unidad y, en menos de 24 horas, los 14 legisladores
aparecieron en una rueda de prensa anunciando que respaldaban la decisión de su
coordinadora. No acatarían el fallo.
El comunicado fue redactado en un tono
amenazador. "El Consejo Electoral del Estado es un órgano de fundamental
importancia, cuya integración es de competencia exclusiva del Congreso Estatal de los
yucatecos.
"Los diputados priístas, en las
diferentes etapas y procedimientos que se han efectuado con tal fin, hemos actuado con
estricto apego a la ley, pero la interpretación que el TRIFE le ha dado a nuestro asunto
no sólo ha sido discordante con nuestra responsabilidad legislativa sino que le ha hecho
incurrir en marcadas inconsistencias jurídicas que han propiciado un estado de
incertidumbre al respecto, así como también han vulnerado la soberanía del estado de
Yucatán.
...Por tal motivo, reiteramos nuestra
actitud de plena disposición para que este asunto sea total y definitivamente resuelto
con estricto apego a la legalidad, de cara al pueblo yucateco y con respeto irrestricto a
su soberanía".
Es la guerra. El comunicado se leyó el
mismo día que el TEPJF dio a conocer en un boletín de prensa —el 064/2000— que
los Magistrados advirtieron a la líder del Congreso que tendría un plazo de 24 horas
—a partir de la notificación del fallo, lo que sucedió el jueves a las 17:30
horas— para responder al fallo del órgano federal.
Es una de las últimas medidas del TEPJF
antes de sancionar al Congreso. De acuerdo con algunas fuentes consultadas, el tribunal
impondrá la primera multa antes del 7 de diciembre. Lo que, una vez que esto suceda,
colocará al Congreso de Yucatán como el primero en ser sancionado por desacatar una
sentencia.
—De no acatarse el fallo se fomentará
la ilegalidad entre la sociedad. No hay ninguna otra salida que no sea su cumplimiento. La
vida en sociedad se sustenta en un régimen jurídico que no está al arbitrio de nadie y,
por tanto, una vez dictada una sentencia, se tiene que cumplir, negarnos a respetarla
provocaría entrar a un peligroso paso que es la anarquía— alertó Sergio Salazar
Vadillo, presidente del Colegio de Abogados en una nota periodística.
Los priístas se preparan para
contraatacar. Esperan preparar una demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema
Corte. Mientras eso sucede los plazos corren y la organización de las elecciones sigue en
el aire. Y mientras los nuevos funcionarios foxistas se acomodan en sus sillas una bomba
los espera. (G.G.S. Mérida, Yuc. diciembre 2000)
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