La estrategia de los
priístas es doble y el primer paso ya se dio. Darle apoyo legislativo al Consejo
ciudadano destituido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) e impedir, por todos los medios posibles, que se conforme el que se integró en la
Ciudad de México tras la insaculación realizada por los Magistrados fue la instrucción.
El caos y la indefinición política se asoman con mayor fuerza.
Tras que, en franco desafío, el jueves
pasado se aprobó por la mayoría de la fracción priísta en el Congreso un decreto con
el que se autorizó al Consejo encabezado por Roger Medina Chacón, e invalidado
por el TEPJF el 15 de noviembre pasado, proseguir con sus funciones y, por medio de un
punto de acuerdo aprobado únicamente por los legisladores del PRI, le permitió hacer uso
de los 38 y medio millones de pesos que están presupuestados para su operación, el
conflicto preelectoral se complica.
En los siguientes días se conocerá el
siguiente paso de la estrategia de los priístas yucatecos: impedir que se conforme el
Consejo que integró el Tribunal Electoral el viernes 29 de diciembre. El fin de la
estrategia: forzar a la administración foxista a una negociación política que destrabe
un conflicto que, aún ahora, puede empeorar.
Sin embargo, la estrategia es arriesgada.
Si Víctor Cervera entrega recursos económicos al Consejo destituido por el
Tribunal Federal cometería un delito al desconocer una orden judicial. La oposición ya
prepara una segunda denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que
acusaría al gobernador de Yucatán de delitos contra la administración de la justicia y
desvío de recursos.
—Un acuerdo del Congreso no exime al
gobernador de culpas si entrega dinero al Consejo destituido —advierte Alfredo
Rodríguez y Pacheco, legislador y presidente estatal del PAN.
Pero los priístas no lo creen así.
—No, el gobernador estaría acatando una resolución de los diputados yucatecos
—comenta el legislador y ex presidente del PRI, Rolando Zapata Bello.
Para ellos, de acuerdo con la legisladora y
su líder, Myrna Hoyos Schlamme, el asunto es claro: No acatarán una resolución
que consideran violatoria de la soberanía y, menos aún, aceptarían a un Consejo
integrado por el órgano federal.
Pese al riesgo, la estrategia continúa. De
acuerdo con fuentes cercanas a la fracción parlamentaria del PRI, no se logrará integrar
el Consejo, pues al menos nueve de catorce consejeros posibles no acudirán al llamado que
les hizo el Tribunal Electoral.
Si bien es seguro que ante la negativa del
Congreso de tomarles protesta de su cargo, Fernando Bolio Vales e Ignacio Puerto
Rodríguez acudan a un fedatario público a cumplir con el resolutivo del TEPJDF, ni Ariel
Avilés Marín, ni Carlos Alberto Sosa Guillén, ni tampoco Abel Peniche
Rodríguez y Miriam Ivette Mijangos Orozco —quien sí participará en el
CEE que ya fue destituido por el Tribunal Federal— participarán en el Consejo. El
otro propietario, Felipe Cervantes González, quien es un hombre cercano al grupo
de Federico Granja Ricalde, aún no decide sí participará.
En cuanto a los suplentes, sólo acudirían
al llamado del TEPJF Eduardo Seijo Gutiérrez y Armando Corona Cruz. De
acuerdo con el análisis realizado por los legisladores del PRI, los otros insaculados, Elena
Castillo Castillo (ex presidente del CEE), William Santos Sáenz, Raúl Tzab
Campos, Gabriela Solís Robleda y Miguel Alcocer Sélem no acudirán al
llamado.
En el mejor de los escenarios para cumplir
con la resolución del Tribunal Electoral, sólo 5 consejeros acudirían a que les tomen
la protesta, lo que ocasionaría que no se logre conformar un Consejo tal y cómo lo
ordenó el Tribunal Federal.
El riesgo ya lo vislumbra el diputado Jacinto
Sosa, quien acepta que es posible dicha posibilidad. —Sería una maniobra que
complicaría aún más el panorama— advierte.
Consejeros al sacrificio
La estrategia se mostró el jueves 4 de
enero. Por medio de un documento, los consejeros destituidos por el TEPJDF, Roger
Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina
Klaussell, Alfredo Cámara Zi, José Manuel Alvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos
y Miriam Ivette Mijangos Orozco; solicitaron al Congreso que les instruyera los
pasos a seguir luego de que los diputados se negaron a tomarle la protesta al Consejo
integrado por el TEPJDF .
"...Ahora bien, según nos hemos
enterado por medio de la prensa y radio esa H. Legislatura no ha dado curso a la citada
resolución en virtud de que es contraria a nuestras leyes y atenta contra la soberanía
del Estado de Yucatán, y como de acuerdo a nuestras leyes ese H. Congreso es la única
autoridad facultada para designar Consejeros del Consejo Electoral del Estado y se ha
manifestado en el sentido de que estamos en funciones, por medio del presente acudimos a
esa instancia para que, por escrito, nos dé indicaciones precisas al respecto, y su en su
caso, contamos con la autorización para ejercer el presupuesto asignado para el proceso
electoral del año dos mil uno.
Y así, intentando tener un sustento
legal para acudir a las instalaciones del Consejo Electoral del Estado y "sentarse a
trabajar" pese a estar invalidados por una orden judicial federal, los consejeros
destituidos cumplieron con lo que se les había exigido una semana antes: "que se
pusieran a trabajar", pese a que de hacerlo, estarían sujetos a una acusación penal
por violar la disposición del Tribunal Electoral Federal.
El camino lo marcó el gobernador Víctor
Cervera. Sus declaraciones sobre la distribución de recursos económicos al CEE que
nombró la fracción priísta de la legislatura local fueron la clave. Desde ese momento
se clarificó que el Consejo destituido, tendría validez.
El jueves, en el primer acto oficial de
rebeldía e insurrección en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral de la
Federación, la mayoría priísta en el Congreso aprobó un decreto con el cual reconocen
como único Consejo Electoral del Estado de Yucatán, al que encabeza Roger Medina
Chacón y autorizaron que el Ejecutivo Estatal les entregue 38 y medio millones de
pesos, autorizados para su operación.
—Es un suicidio. Están orillando a
los ex consejeros a que los metan a la cárcel— advierte Jacinto Sosa.
—El primer delito que cometería Víctor Cervera, en este asunto, sería aceptar lo
que se votó en el Congreso— reconocen Alfredo Rodríguez y Noemí Avilés.
Y es que en el momento que la Secretaría
de Hacienda estatal, encabezada por Rafael Casellas Fitzmaurice, entregue recursos
económicos al Consejo destituido se colocarían en un oficial desacato a la resolución
del TEPJF y podrían ser sujetos, incluso, de un juicio político.
Se especula que la próxima semana el
Consejo Electoral destituido por el TEPJF comience a operar. A partir de ese momento, los
siete consejeros podrían ser señalados como responsables del delito de "usurpación
de funciones" y ser detenidos por la Procuraduría General de la República. El
Ministerio Público Federal aún tiene una denuncia realizada por el PAN en la que los
acusó de erigirse como "consejeros electorales" pese a que fueron destituidos
por el TEPJF. En noviembre, cuando trascendió la denuncia, Roger Medina Chacón adujo
que no habían recibido la notificación del órgano federal en la que les anunciaban su
cese, lo que sucedió días después.
El panista Jacinto Sosa asegura que
el decreto, aprobado por la mayoría priísta en el Congreso este jueves 4 de enero, no
los exime de responsabilidad. —Si se instalan bien podrían terminar en la cárcel
—les advierte.
Myrna Hoyos, polémica líder de la
bancada tricolor, asegura lo contrario. Reitera la inexistencia del Consejo que integró
en México el TEPJF y advierte que la legalidad, en Yucatán, está de su lado.
La postura de Gobernación
Pese a que en público se niega la
posibilidad que intervenga la Secretaría de Gobernación en el conflicto, la fuente
consultada admitió que sólo una negociación encabezada por la dependencia federal
destrabaría el asunto.
En una declaración publicada el jueves, el
subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ramón Martín Huerta,
declaró que están en contacto con las organizaciones políticas, los partidos y grupos
sociales involucrados en los conflictos electorales de Yucatán, pero aseguró que serían
respetuosos de sus asuntos internos.
Sin embargo, al revisar su declaración se
advierte la posibilidad de que entren al conflicto: —Es ahí —en
Yucatán— donde existe un reto importante para trabajar, ya que se deberán ver los
plazos que tienen las instancias para tomar sus posturas, pero insisto: siempre seremos
respetuosos de las soberanías estatales.
Los plazos son la clave. Al acercarse la
elección los tiempos de negociar se agotan. Si en febrero no se ha solucionado el
conflicto sería sumamente difícil la realización de los comicios,
La comedia de enredos
Se dijeron de todo. Ese jueves 4 de enero
de ingrata memoria quedó la mancha en el Congreso. Frente, y de frente, al nombre de
aquél gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, los que la
víspera habían recordado su asesinato "en manos de la reacción", se
enfrascaban en un enfrentamiento verbal con los que ellos llaman representantes de
aquellos que mataron a aquel.
Y en medio del polvo histórico que nubla
conciencias, y que pinta de rayas verdes y rojas, aderezadas de cinco estrellas, a las
nuevas banderas, estaba Lucelly Alpizar Carrillo —flamante su ropa, impecable
el peinado, ¿quién la peinará tan bien?— parada en la tribuna. Ella, que bien
parece representante de aquellos pero que hoy pertenece a éstos, estaba gritándole
"apátridas" a los diputados panistas que defienden, hoy, la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apátridas de su misma patria. A
menos que lo que se escuchó esa tarde no haya sucedido en Yucatán, sino en Madrid. Por
aquello de la Madre Patria.
Bien se dice que cuando se agota el
argumento, prosigue el armamento. Las gritonas, tan ellas, con ese estilo tan propio de lo
impropio y tan lejano del lugar en el que se sientan en cada sesión que son necesarias
—¿para qué?— hacían de las suyas. Y entonces el panista Jacinto Sosa era
la "Jacinta"; la perredista Noemí Aviles la "Chilindrina"; Roger
Cicero ya no era Roger Cicero, sino el "Chuchul". Que si "es
aquél tu jefe", que si "siéntate mam..", que si "ya, ya
callate". El armamento que mata el argumento.
Pero lo malo bien que se pega. Ahí, nomás
que unas sillas más arriba, estaban otros gritones. Estos, seguidores del PAN, también
hacían del grito su herramienta. Para ellos, Zapata Bello era el
"Tomaaás!!!", recordando aquél muchacho mulato de la televisión hijo de una
negra malpensada. Y fueron, también, pródigos en diatribas. Ping pong vergonzoso que
inundaba un salón urgente de respeto.
Respeto que tronaba en las bocas de Sergio
Chan y Edwin Chuc, panista uno, priísta el otro, quienes se esmeraban en
convertir al otro en peor que él mismo.
Caliente el ambiente el estrabismo hizo
presencia. Si un Consejo es espurio el otro pues también, qué mas da. En la tarde de ese
aciago jueves se mostró la lejanía. La división. La ruptura. Y aquí uno, con tan poco
resistol. (G.G.S. Mérida, Yuc. Enero 2001)
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