El caso Yucatán reviste
perfiles inéditos: es la primera ocasión en la historia moderna del País que un
gobierno estatal se rebela abiertamente al orden federal, representado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), coinciden en señalar partidos de
oposición.
—Hoy más que nunca está muy clara la
intención de Cervera Pacheco, y es la de secuestrar el proceso electoral, que
pretende lograrlo violentando el orden constitucional —enfatizan.
La actitud de los tres Poderes dirigidos
por él raya en el golpismo a las autoridades federales, pero lo que está muy claro
también es que las resoluciones del Trife son inatacables e inapelables.
En opinión de Néstor Santín
Velázquez, presidente estatal del PRD, el gobierno del Estado encabezado por Cervera
Pacheco mantiene la visión de un México que ya no existe, la del país autoritario,
de la impunidad, de los atropellos cotidianos a la legislación y al orden jurídico.
Esta gente no entiende que el único
derecho que ejercen es el "derecho al pataleo", pero es irresponsable ya que
estas actitudes pueden llevar a Yucatán a una situación lamentable al situarse Cervera
Pacheco del lado equivocado de la historia, afirma Santín.
El perredista sostiene que la sociedad le
cobrará al PRI la factura, ya que lo más lógico es que sea la misma sociedad la que
tome medidas para impedir que esta gente ejerza autoridad de facto en Yucatán, es decir,
medidas que están al margen del Estado de Derecho.
Desde el punto de vista jurídico, lo que Myrna
Hoyos llama su Consejo Electoral carece de validez; las amenazas de Cervera Pacheco
de canalizar a dicho órgano los recursos aprobados por el Congreso del Estado (que se
harán efectivos al publicarse el decreto en el Diario Oficial) son una prueba más de que
la intención es continuar violentando el orden constitucional, dijo.
Juicios políticos latentes
Por su parte, el diputado panista Jacinto
Sosa Novelo opinó que esta actitud de intolerancia y la serie de desatinos provocados
por los 14 diputados priístas por encargo del Gobernador, abren las puertas para que se
promuevan de inmediato sendos juicios políticos tanto contra Cervera Pacheco como
contra cada uno de los legisladores de la fracción del PRI.
Al autorizar la entrega de recursos a un
Consejo Electoral ya destituido por el Trife y no entregárselos a uno integrado conforme
a Derecho por esta misma instancia, el Gobernador incurre en una severa violación
constitucional, pues adquiere la calidad de copartícipe de un delito.
Ahora bien, la intención del Gobernador es
muy clara, subraya Sosa Novelo; el objetivo es secuestrar el proceso
electoral y ganar tiempo incluso para dirigir sus pasos hacia la inestabilidad política
en la entidad y de esa forma negar el derecho de la sociedad a tener elecciones en mayo
próximo.
Al respecto, el perredista Jorge Vallejo
Buenfil subraya que "robarse" el proceso electoral y continuar con esta
aventura sin sentido traería consecuencias muy graves para Cervera Pacheco
y los diputados del PRI, toda vez que han planteado una serie de acciones para combatir
las resoluciones del Trife.
Por ejemplo, "no sé si es en aras de
hacer el ridículo público que los diputados del PRI promueven un incidente de nulidad
que ya fue desechado y que ni siquiera fue analizado en virtud de que era un documento
frívolo y carente de elementos que le dieran procedencia".
—Ahora han promovido una denuncia
contra los magistrados del Trife, ante la Procuraduría General de la República
—continuó—, y tampoco procederá, por absurda. Lo interesante de todo esto es
que ellos mismos están cavando su tumba, pues al integrarse la averiguación previa se
deducirá que los que han incurrido en la violación de hechos constitutivos son
precisamente los 14 diputados del PRI.
Vallejo Buenfil vaticina que
la controversia constitucional que pretende interponer la bancada priísta tampoco
procederá, ya que este recurso no procede contra actos electorales, así que esta gavilla
no tendrá más remedio que tragarse sus palabras y finalmente acatar los ordenamientos
del Trife.
El entrevistado puntualizó que el retraso
de las elecciones es uno de los objetivos primordiales de Cervera Pacheco e
incluso llevará la situación de rebeldía, desacato y alteración del orden público al
grado de "reventar" el proceso electoral previsto para el 27 de mayo, de tal
suerte que todo este embrollo que ha provocado derivará en el nombramiento de un
gobernador interino que permita rebasar el tiempo que la ley prevé para poder fincarle
responsabilidades como funcionario público.
Los partidos de oposición coinciden
plenamente en que el secuestro del proceso electoral es tan evidente como la intención de
retrasar el proceso electoral; sin embargo, los entrevistados consideran también que aún
se puede retornar a la constitucionalidad si la fracción parlamentaria del PRI recapacita
y toma la protesta a los consejeros electorales insaculados por el Trife.
Asimismo, coinciden en llamar a la cordura
a los diputados priístas para que eviten que ocurra en Yucatán lo mismo que en el vecino
Estado de Tabasco, que en estos momentos se encuentra fuera de todo contexto legal y con
una serie de problemas a cuestas que sin duda se reflejarán en la credibilidad y la
confianza de los ciudadanos en sus autoridades. (J.G.M., Mérida, Yucatán, Méx.,
enero de 2001)
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