En la anulación de la
elección de gobernador del Estado de Tabasco por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Trife) se confrontaron dos formas de abordar esa controversia: una que
se apegó a la letra de los ordenamientos legales, y otra que fue al fondo del asunto.
Mientras que el punto de vista en contra de la sentencia atendió a la suma de las
irregularidades que se presentaron durante la votación como sustento para defender los
votos válidos que supuestamente dieron el triunfo al pelele de Roberto Madrazo, el
favorable a la sentencia consideró esas irregularidades en el marco general de un proceso
electoral en el que se afectaron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e
independencia de los órganos encargados del proceso electoral, afectando la libertad del
sufragio. En otras palabras, mientras unos fueron únicamente a los hechos, la mayoría
fue al meollo del problema: el pueblo de Tabasco fue impedido de ejercer libremente su
voto y, por ello, no podía haber ni hubo gobernador electo.
En Tabasco ha surgido una crisis
institucional posterior a la determinación del más alto tribunal electoral de la
Federación, provocada por la desesperación del cacique de ese Estado, quien ordenó la
designación de un diputado federal —y por ello inelegible para el cargo de
gobernador—, para lo cual los diputados salientes reformaron a toda prisa la
Constitución del Estado a unas pocas horas de dejar el cargo. Esto es, Roberto Madrazo
y sus incondicionales, en su desesperación, persistieron en dificultar la elección del
nuevo gobernador constitucional del Estado, en los términos a que obliga la resolución
judicial, apostando por la inestabilidad política de su Estado, afectando a la del País
y empeorando su insostenible situación legal y política.
Lo sucedido en Tabasco es un anticipo de lo
que podría suceder en nuestro Estado con el cacique local y los 14 diputados que lo
siguen por la misma ruta de confrontación con los Poderes de la Unión. En Yucatán, como
en Tabasco, el cacicazgo de Cervera intenta en vano parapetarse en una
interpretación arbitraria —como todo lo que nace del uso autoritario del poder—
de la soberanía de la que él y sus seguidores son sus peores enemigos.
Los yucatecos vivimos en una aparente
paradoja: Cervera y el grupo faccioso de los 14 diputados que le siguen atacan
resoluciones que constitucionalmente son inatacables y se oponen a acatarlas erigiendo
como escudo legal el carácter soberano de los poderes locales que ellos supuestamente
representan y de las decisiones que en nombre de esos poderes han tomado. Por su parte,
las resoluciones del Trife, además de ser impecablemente legales y de estar sólidamente
fundadas en la Constitución de la República (cuyo cumplimiento está primero que el de
la Constitución del Estado), están dirigidas a salvaguardar y garantizar justamente la
soberanía del pueblo yucateco, limitada por el autoritarismo, y cuyo ejercicio por
excelencia —el de darse gobierno— está, además, seriamente amenazado por los
actos antidemocráticos e ilegales que fueron objeto de las resoluciones del tribunal
federal.
Por lo tanto es el Trife —y no el
grupo faccioso dirigido por Cervera— el que defiende legal y legítimamente la
soberanía del Estado atacada por los 14 diputados y el Gobernador con el apoyo de su
claque política. Este es el meollo del asunto, y lo entienden muy bien los sectores y los
grupos sociales mejor informados (no sólo los expertos o los abogados). Pero no basta con
entender; hay que pronunciarse: la situación política de Yucatán se puede complicar por
la provocación que implica el desacato, sobre todo cuando en otro Estado se está al
borde de la confrontación, y no se puede descartar que, en un determinado momento, la
legalidad sea rebasada o resulte insuficiente para contener un conflicto que nos dañaría
a todos.
La prudencia en este caso no debe
confundirse con el silencio ni con la resignación ante los actos ilegales. Tengo la
convicción de que en nuestro Estado se necesita de un acuerdo de todas las fuerzas y los
grupos que están por el respeto a la legalidad, para unirse en la construcción del
proyecto de reforma constitucional y política que sustituya al proyecto autoritario que
hoy, cuando está de retirada, todavía puede causarle graves daños al desarrollo
político y económico de nuestro Estado y de la misma Nación.
Hoy, cuando las mismas elecciones del mes
de mayo han sido puestas en peligro, apostar simplemente a derrotar al cerverismo
—hay que decirlo— es prueba de miopía o de padecimiento de insuficiencias
políticas. Hay que ir al meollo del asunto que hoy está a la orden del día: para
superar los desafíos que hoy amenazan la estabilidad de nuestro Estado hace falta sumar
todas las fuerzas que sean necesarias para aislar —oponiéndose— al reducto del
autoritarismo que nos ha colocado en la crítica situación actual. (R.A.S., Mérida,
Yucatán, Méx., enero de 2001)
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