En nuestro país, mucho se ha hablado de la gran discrecionalidad con la cual los fondos públicos fueron manejadas por el titular del Poder Ejecutivo, lo que ha dado lugar a múltiples señalamientos sobre el desvío de fondos gubernamentales y sobre actos de corrupción. El Congreso mexicano ha tenido, desde la independencia nacional, la facultad constitucional de ejercer el control y la vigilancia sobre el gasto público; sin embargo, hasta fechas muy recientes, no había cumplido a cabalidad con tan alta responsabilidad. Debido a los escándalos por la mala utilización de un erario cada vez más exiguo y ante las demandas sociales cada vez mayores de la ciudadanía, ha resultado necesario que los congresistas asumieran su función de celadores de los dineros públicos con mayor decisión e independencia. Sin duda, con los innegables avances democráticos esto se ha ido convirtiendo de una ficción en una realidad. El trajín de tal labor fiscalizadora desde los tiempos del partido prácticamente único hasta la actual era de la pluralidad está descrita en este libro.

Para realizar su estudio, el autor propone un marco analítico que desarrolla a partir de teorías de la ciencia política americana acerca del Congreso norteamericano, aunque resalta las grandes diferencias existentes entre ambos países. De tal manera, encuentra que seis son los factores que afectan la supervisión legislativa en México: la autoridad legal del Congreso (sus alcances y límites); los recursos de personal de asesoría en el que se respaldan los legisladores; las metas de los diputados; la no reelegibilidad; los poderes partidistas del presidente, y la fuerza de la oposición en los órganos legislativos.

Después de una revisión crítica del proceso legislativo para el ciclo presupuestal –la presentación por el Ejecutivo del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio del gasto público y, finalmente, la revisión de su aplicación-, destaca algunas de las características que tuvo en el periodo estudiado: hasta 1982, hubo poco debate, que fue aumentando conforme la cantidad de opositores en la Cámara se engrosó, hasta que en 1998 los diputados hicieron enmiendas a las propuestas hechas desde el gobierno; la defensa a ultranza que del proyecto del Ejecutivo siempre hicieron los priístas, así como la brevedad del tiempo del que disponían los diputados para analizar el presupuesto –lo que todavía prevalece-.

En la aprobación del proyecto de presupuesto, con el predominio priísta, entre 1970 y 1997 contó con la anuencia del 85% de los votos; para 1998, 73% de los votos fueron de asentimiento, mientras que en 1999 ese porcentaje creció al 96, lo que nos da una idea de un cambio fundamental: el surgimiento de intensos procesos de negociación entre los encargados de Hacienda, las fracciones parlamentarias y los líderes partidarios, lo que hizo que las propuestas de la oposición fueran sumadas al presupuesto, con lo que se obtuvieron acuerdos amplios que, al tiempo que hacen imposible que una sola fuerza política impusiera su voluntad, hacen a todos corresponsables del erario.

Sin embargo, el camino jurídico de las enmiendas y aprobación del presupuesto ha dado lugar a diversas controversias, especialmente en tres aspectos: la salida legal en caso de que el presupuesto no sea aprobado; la facultad del Ejecutivo para vetar enmiendas del Legislativo, y el papel del Senado en dicha aprobación. Ante el nuevo escenario de pluralidad y de gobierno dividido, el autor encuentra que están abiertas las puertas a la confrontación entre poderes si no se realizan cambios legales que eliminen la indefinición jurídica en los temas arriba señalados.

Para llevar a cabo la función fiscalizadora, la Cámara de Diputados ha contado con un ente auditor: la Contaduría Mayor de Hacienda -que es, a partir del 2000, Auditoría Superior de la Federación (ASF)-, cuya trayectoria y funciones son bien descritas por el autor. Durante la mayor parte del lapso estudiado, encuentra que la labor de ese órgano ha sido débil para sancionar conductas ilícitas y para hacer cumplir sus recomendaciones. A ello debe agregarse la insuficiencia de los recursos con los que contaba para encarar sus tareas, limitaciones legales y en muchas ocasiones la indolencia de los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Este panorama también se ha modificado con la pluralidad y la constitución de la ASF y la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El Congreso también ha creado comisiones de investigación para supervisar empresas y organismos paraestatales. Sin embargo, ha habido diversos problemas en su formación e integración: nuevamente, ambigüedades jurídicas y bloqueo y manipulación política por parte de la mayoría priísta, así como el desconocimiento de la oposición de sus alcances legales, lo que ha dado como resultado que su quehacer haya sido muy poco productivo.

La débil y deficiente fiscalización de los recursos públicos por parte del Congreso bajo el predominio priísta tiene varias causas, entre las que Ugalde encuentra una clave: la no reelección legislativa, lo que ha impedido la carrera parlamentaria entre nuestros políticos, lo que "ha atrofiado el profesionalismo y la autonomía del Congreso, y lo ha debilitado frente al poder Ejecutivo." Así, el futuro de los congresistas ha dependido más de su partido y de la voluntad presidencial que de un desempeño profesional que pueda ser evaluado y calificado por sus electores. Por ello, defendieron de forma acérrima las iniciativas del presidente: en ello les iba el porvenir.

Una de las consecuencias más nefastas de lo anterior no sólo en el Congreso de la Unión, sino también en las legislaturas estatales, es que ha afectado el perfil de los diputados "porque obstruye la experiencia legislativa, desincentiva la especialización al interior de la Cámara y obstruye el reclutamiento de cuadros con calidad profesional."

Si de por sí ha sido difícil la profesionalización legislativa, aún lo es más la especialización en materias fiscalizadoras. Por ello, el autor ve con buenos ojos una modificación al artículo 59 constitucional para permitir la reelección legislativa.

Acerca de la oposición, el autor formula una hipótesis: "cuanto mayor sea el tamaño relativo de la oposición en la Cámara, más frecuente será la supervisión legislativa." La racionalidad de los diputados opositores ha sido distinta a la de los priístas, ya que se deben más a su partido y a que su ascenso se ha debido en mucho a la severa crítica que realizan a las iniciativas, proyectos y acciones del Ejecutivo federal. Empero, entre las motivaciones de los diputados de los tres principales partidos para desempeñar su papel, la de satisfacer las demandas de los votantes ocupaba el lugar más bajo.