Llega la hora de Yucatán. Por mantener una actitud rebelde y obstaculizar el Estado de Derecho en Yucatán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) específicamente al Gral. Macedo de la Concha y a la Secretaría de Seguridad Pública (que jefatura Alejandro Gertz Manero) para que la primera integre una averiguación previa en contra del gobernador de la entidad, Víctor Cervera Pacheco y otras autoridades que ilegalmente se ostentan como integrantes del Instituto Estatal Electoral, por haber incurrido presuntamente en diversos delitos al desacatar las sentencias del máximo órgano de justicia electoral.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se reunió el jueves pasado con los funcionarios de su gabinete y con los dirigentes de los partidos políticos en la Cámara y en el Senado, para tomar los primeros acuerdos para poner fin a este asunto.

Y todo esto es como se sabe, a fin de que Víctor Cervera Pacheco y el Congreso local reconozcan a los consejeros electorales insaculados por este tribunal como la instancia legalmente válida para organizar las elecciones de mayo próximo, los magistrados electorales del TEPJF dieron un plazo de 24 horas a las autoridades para acabar de una vez por todas con este conflicto electoral. A través de actuarios que llegaron el miércoles, y que sufrieron toda clase de burlas y ataques verbales por intentar realizar su trabajo, se notificó a las partes de la nueva sentencia del máximo Tribunal Federal en materia electoral.

En la parte medular, el laudo establece: "En virtud de que el inmueble oficialmente señalado como residencia del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado se encuentra ilegalmente ocupado por personas ajenas a las mencionada autoridad electoral local, quienes en absoluta violación al Estado de Derecho, se niegan a desalojar las referidas instalaciones, este órgano jurisdiccional federal considera necesario ordenar a las personas que ocupan indebidamente la sede del Consejo Electoral en un plazo que no podrá exceder de 24 horas a desalojar las instalaciones y entregarlas a los integrantes legalmente designados, así como el manejo de las partidas presupuestales correspondientes".

Santiago Creel

Por primera vez, desde noviembre pasado que inició la controversia jurídica, el Tribunal también conocido como Trife implementó una serie de medidas más drásticas en el asunto y en esta ocasión no sólo se limitó a dar plazos y más plazos, los cuales no han sido acatados ni por el gobernador ni por el Congreso local, y pidió el apoyo de la PGR, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación.

También requirió al gobernador de Yucatán a que provea lo necesario con el fin de que se otorguen todas las garantías a los consejeros ciudadanos insaculados judicialmente y puedan entrar en posesión de todos los bienes perteneciente a ese órgano electoral y les haga entrega de los recursos económicos aprobados para su funcionamiento en un plazo de 24 horas, mismo que venció el jueves 8 pasado, a las 15:00 horas, aunque otras fuentes señalan que el término concluye el sábado, es decir, al día siguiente de que esta edición saliera a la calle.

Asimismo, los consejeros electos por el Trife entregaron pruebas a los magistrados de que Cervera Pacheco no atendió su solicitud para que les entregaran los recursos económicos.

Por lo que los magistrados pidieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informe a las instituciones de crédito que operan en el estado de Yucatán, en las que tenga cuentas bancarias el Consejo Electoral o el IEE el nombre de los ciudadanos insaculados por la resolución judicial, quienes son los únicos que válida, legítima y jurídicamente integran dicho órgano.

El acuerdo de siete puntos —publicado con detalle en varias páginas centrales en el Diario de Yucatán— también señala hacer del conocimiento de la Secretaría de Gobernación el contenido del acuerdo y de la sentencia para que actúe dentro del ámbito de sus atribuciones de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes de la Unión.

Mientras el TEPJF espera resolver este conflicto electoral en el estado de una vez por todas con estas medidas, el cual se ha postergado por casi dos meses; en Gobernación las negociaciones para llegar a un acuerdo político siguen entrampadas.

Solo queda, para este fin de semana, aplicar la ley, convertida en policía. Pero ¿se enfrentará Cervera con su policía a la Federal Preventiva o al Ejército?