La cuarta forma de obtención de lotes para la construcción del espacio urbano, se inicia en 1992 con las reformas al artículo 27 de la Constitución de la República, y la posterior promulgación de su correspondiente ley reglamentaria: la nueva Ley Agraria.

Esa reforma Constitucional, presentada a los ejidatarios del país como la panacea que acabaría con su pobreza, y que serviría para dar "libertad y justicia al campo mexicano", tal y como lo expresó el autor de la iniciativa correspondiente, el entonces Presidente de México Carlos Salinas en un discurso pronunciado en Los Pinos el 14 de noviembre de 1991, supuestamente al convertir al campesino en dueño absoluto de su parcela, le permitiría decidir sobre su propiedad, evitaría el latifundismo y convertiría a los ejidatarios en socios de compañías inmobiliarias, etc. La aplicación de ese marco jurídico, con la puesta en marcha del programa PROCEDE, puede considerarse como uno de los más grandes engaños, fraudes y despojos que se han cometido en perjuicio de los mas necesitados durante la pasada década.

A partir de 1994, mediante el PROCEDE, se inicia en el municipio de Mérida un inmoral acaparamiento de tierras ejidales, sobre todo en el norte de la ciudad, mediante ilegales y amañados procedimientos para despojar a los ejidatarios del único patrimonio que les quedaba: su tierra. Asambleas fantasmas, corrupción de autoridades ejidales, una enorme red de complicidades entre funcionarios agrarios y supuestas empresas de topografía, complacencia y encubrimiento de funcionarios del gobierno del estado, "pagos" irrisorios a los campesinos y la ignorancia sobre sus derechos de los verdaderos dueños de esas tierras, convirtieron a los ejidos circundantes a Mérida en el "Botín de oro" para unos pocos políticos y antiguos y nuevos ricos, que se transformaron de la noche a la mañana en verdaderos terratenientes urbanos que ha la fecha han monopolizado la nueva periferia de nuestra capital y estrangulado su futuro crecimiento.

La parcelación del primer ejido yucateco, el de la hacienda San Antonio Ool, ubicada al noroeste de la ciudad, con una extensión aproximada de 320 hectáreas, mismas que fueron compradas de inmediato por la empresa Mitza, fue el disparo de salida para que las tierras ejidales de Chuburná, Dzitya, Komchén, Tamanché, Xcanatún, Temozón norte, Chablekal, Santa Gertrudis Copó, Cholul y Sitpach, fueran adquiridas por un grupo de capitalistas anónimos que han utilizado para ello como cabeza visible a una empresa llamada TAPSA representada por el ingeniero agrónomo Alfonso Pereira Palomo.

Durante los últimos seis años, han sido innumerables los atropellos cometidos no sólo a los ejidatarios, sino también a cientos de avecindados que después de trabajar durante años sus lotes, se enteraban de que había un nuevo dueño "legal" que los despojaba de su patrimonio. Colonias periféricas enteras, habitadas desde hace 15 o 20 años, y urbanizadas con el esfuerzo y la aportación económica de los colonos como la Leandro Valle o Santa María (donde incluso se había iniciado el proceso de expropiación y regularización a cargo de la CORETT), de pronto se convirtieron en "propiedad" de personas relacionadas con TAPSA, que exigían el pago de cada lote para entregar "títulos de propiedad" y amenazaban con el desalojo en caso de no cumplirse sus condiciones. El inicio de la urbanización de un macro-fraccionamiento al noroeste de Mérida, en el triángulo que conforman 500 hectáreas ubicadas entre el anillo periférico y la carretera a Dzitya, sin permiso oficial alguno de las autoridades competentes, pero tan bien planeado, que utilizará los terrenos del antiguo tiradero de basura como jardines y zona arbolada de amortiguamiento en pocos años, son algunos pequeños ejemplos de la magnitud de este productivo negocio, consistente en síntesis, en darle al ejidatario $5,000 pesos por hectárea, y venderla en $ 240,000 como mínimo.

Denuncias públicas, denuncias penales, denuncias ante la Procuraduría y el Tribunal Agrarios, tanto de ejidatarios como de avecindados, de nada han servido, situación entendible si recordamos que la aplicación de la nueva Ley Agraria y la ejecución del programa PROCEDE, la iniciaron Víctor Cervera Pacheco como Secretario de la Reforma Agraria, y Myrna Hoyos como directora del Registro Agrario Nacional

Mérida se encuentra hoy, sitiada por una nueva forma de "propiedad privada" que impide su crecimiento ordenado, y que hace inaccesible la tierra para el uso habitacional de los pobres.

La adquisición de lotes en esta nueva parte de Mérida, está de antemano reservada a quienes puedan pagar el precio que se les ocurra fijar a los especuladores.

Todo lo anterior, nos refiere el absoluto estado de indefensión en que se encuentran los colonos marginados para acceder a una adecuada y expedita obtención de tierra urbana para uso habitacional, y por supuesto la falta absoluta de planificación urbana para los pobres, como si estos no constituyeran la población mayoritaria en nuestra entidad.

Es impostergable llevar a cabo una verdadera planificación del uso del suelo en las zonas urbanas del estado, y de manera inmediata en la ciudad de Mérida; pero esa planificación debe ser integral, apegada a las diferentes necesidades de la población, así como al cumplimiento estricto de las leyes de la materia, tomando en cuenta a todos aquellos que se han ganado a pulso el Derecho a la Ciudad, porque son quienes la construyen: sus habitantes. (B.E.M. Mérida, Yucatán, a 9 de febrero de 2001)