Al filo
de la navaja.- Al momento de escribir estas líneas la crisis jurídica-electoral
yucateca parece tocar fondo, con la intromisión de la Procuraduría General de la
República (PGR), en el ámbito de la controversia legal entre la fracción priísta del
Congreso local y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La reiterada insistencia de los diputados
priístas al no-acatamiento de las sentencias de la máxima instancia jurisdiccional del
país en materia electoral y el rígido e inexorable procedimiento del organismo federal
acoplaron perfectas formas que impidieron una salida negociada y llevaron el conflicto a
la conclusión de una etapa que tenía márgenes considerables de maniobra para ambas
partes. Sin embargo, la intolerancia, la exigencia y la intransigencia predominaron sobre
la sensatez, la cordura y el elemental sentido común; pero sobre todo sobre la política,
entendida ésta como la capacidad de conciliar mediante el diálogo y la razón.
Xavier Abreu. Hubiera tenido mejores resultados con menor desembolso.
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La intervención de la PGR hace más
radicales las posiciones de los contendientes enfrentados por diferencias que parecieran
tornarse en insuperables y este aspecto es el que motiva mayor preocupación en el asunto,
porque hace del pueblo yucateco un rehén de circunstancias de cuyo control es ajeno.
Son dos las hipótesis sobre los más
recientes sucesos de la crisis jurídica-electoral yucateca.
En un extremo aparecen el PAN local y
nacional, dominados por una corriente mayoritaria que no quiere negociar con Cervera
ni el menor ápice de la crisis, y ni siquiera ceden ante la presión de la Secretaría de
Gobernación para destrabar el conflicto. Esta posición es comprensible, pero poco
pragmática en función de que resulta ideal para la estrategia que pareciera promover el
bando contrario.
En Yucatán aumenta el consenso en
círculos priístas sobre los verdaderos motivos del desacato, pues no serían otros que
desactivar la perspectiva de avance incontenible de la oposición panista mediante la
postergación de las elecciones y la designación de un gobernador interino, que
convocaría a nuevos comicios en un plazo que fluctúa de 12 a 18 meses.
La imposibilidad de organizar los comicios
de mayo, ante la indeclinable existencia de dos Consejos Electorales y el registro y
acreditación divididas de los partidos políticos ante instancias distintas, conduciría
al Congreso del Estado a designar al interino en marzo venidero, durante el último
periodo ordinario de sesiones de la legislatura saliente y gracias a la mayoría del PRI
en la cámara.
¿Cómo podría gobernar un interino sin el
Congreso? Especialistas jurídicos vinculados con los desacatadores aseguran que es
factible, mediante la emisión de decretos y con delegados municipales. La teoría puede
semejar un disparate, pero en este Yucatán, donde los peores escenarios se perfilan, ya
nada es imposible o enajenado.
Nuestros informantes aseguran que el PRD
favorece esta salida a la crisis en función de la negativa del PAN para formalizar una
alianza opositora que contendería en mayo venidero y, aún más, adelantan que este
último partido está conforme ya hasta con la identidad del priísta conciliador y
vinculado con el grupo de Emilio Gamboa Patrón al que se propone, aunque el PRD
está en desacuerdo y se inclina por otro priísta, integrante de la fracción del PRI en
la Cámara Baja.
La sociedad civil no puede permanecer ajena
a esta tendencia de negociación que se cierne en el callejón sin salida que los partidos
políticos han sido incapaces de abrir; la coyuntura aparece inmejorable para que las
organizaciones no gubernamentales consigan lo que no han obtenido los institutos
políticos.
La perspectiva es complicada en extremo
para Yucatán donde, por si fuera poco, cobra fuerza un ánimo popular radicalizado en la
identidad del regionalismo exacerbado que constituye una bomba de tiempo, como advertimos
hace varias meses, para la estabilidad de la zona y en un problema de seguridad nacional.
La estrategia del interinato cobra fuerza
ante el creciente desafío de los centrofóbicos y la aparente debilidad dubitativa del
gobierno federal, condiciones que, combinadas, podrían convertir a Yucatán en un
peligroso acertijo de ingobernabilidad, entre corrientes adversarias, recalcitrantes, con
el pueblo yucateco en medio, como espectador, como convidado de piedra, como víctima
propiciatoria.
Caído del cielo.- La
municipalidad de Cali estaba resuelta a lavar la deteriorada imagen internacional de la
ciudad colombiana, identificada como la sede de uno de los supuestamente desaparecidos
carteles de la droga, antagonista del situado en Medellín y conocido por sus nexos con
los traficantes mexicanos. A los publicistas españoles que tuvieron la idea genial de
comercializar un premio cultural cuyo precio solventa el recipiendario, arguyen, para
justificar el egreso, como lo haría en una exposición universal o unos Juegos
Olímpicos. La coyuntura de la urbe referida les había caído del cielo al cabo de un
prolongado peregrinaje por varias ciudades de ese país cuyas autoridades municipales
declinaron "recibir" la distinción –por la erogación implicada–, y
casi estuvieron a punto de enjaretar el galardón "Capital Americana de la Cultura
2001" a los caleños.
Empero, nunca faltó un pelo en la sopa,
sobre todo cuando el rechazo de las ciudades colombianas –que supieron del premio por
la experiencia de nuestra Mérida, donde hay una asociación de "Amigos del
bambuco", un popular ritmo colombiano entre cuyos adeptos locales figuran reconocidas
personalidades del ámbito cultural de la Comuna meridana– hizo naufragar el
apostolado cultural promovido por los españoles, quienes hasta ya se habían armado de
paciencia para aceptar el pago de los 450 mil dólares que cuesta la distinción en abonos
más dilatados que los cuatro pagos que desembolsó el Ayuntamiento de Xavier Abreu
Sierra.
Gamboa Patrón. Vinculado con el posible interino.
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La municipalidad caleña aceptó el
"honor" –ventilado ampliamente en la prensa del país sudamericano– a
cambio de reunir los fondos mediante aportaciones del sector privado y otras fuentes, pero
a fin de cuentas todo quedó en el intento, para la desgracia de los españoles.
En esta capital yucateca lo relevante es el
trascendido acerca de que en altas esferas de la delegación en México de la
Organización de Estados Americanos (OEA) –que a últimas fechas recibió de
diputados yucatecos del PRI un expediente en el que se argumentan los motivos de su
desacato a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF)–, se desconoce cualquier nexo del organismo multinacional con la supuesta
organización internacional no gubernamental "Capital Americana de la Cultura",
y menos saben de las actividades de su promotor, Xavier Tudela, por lo que hubo
franca alarma cuando supieron que una de las banderas que el publicista español enarbola
es la de la OEA.
También se supo que los representantes de
la OEA desconocen qué cargo tiene Sara Menéses en el organismo y cómo fue
presentada en esta ciudad con una representación del organismo multinacional. Mayor
sorpresa les causó que, al menos en dos ocasiones, fuese anunciada en Mérida la visita
del secretario general del organismo, el ex presidente colombiano César Gaviria.
Al margen de este episodio, que seguros
estamos no concluirá aún, queda la duda del principal argumento del alcalde Abreu
para justificar la compra del título con las "inversiones" que captó la ciudad
por un millón de dólares y citó como ejemplo la publicidad de la capital yucateca en
Discovery Channel aparecida en un promocional transmitido varias veces del día a lo largo
del año pasado.
No obstante, la propaganda bien pudiera no
ser gratuita al cien por ciento si se considera que el consorcio de televisión por cable
celebró en esta ciudad su reunión anual para productores de América Latina, que usaron
por varios días las instalaciones del Olimpo y cuyo hospedaje, transportación y
alimentación pudieran formar parte de la "logística" que financió el
Ayuntamiento en el 2000 en los eventos de Capital Americana, algo que todavía no ha
quedado aclarada del todo.
Nosotros insistimos en que todos los
eventos, el concepto mismo de Capital Americana, pudieron ser manejados por negociaciones
del ramo en esta capital hacia los mercados nacional e internacional con los mismos o
quizá mejores resultados.
Tensa espera.- La espera se
tensa entre los políticos yucatecos que se asumen como aspirantes a la nominación del
PRI a la gubernatura. En medio de acusaciones e inconformidad de la mayoría de ellos por
el activismo que protagonizan Orlando Paredes Lara y Jorge Carlos Berlín
Montero, quienes reanudaron sus campañas proselitistas pese a que habían acordado
suspenderlas al igual que los inconformes –José Toraya Baqueiro, Carlos
Calderón Cecilio y Carlos Sobrino Sierra–, el proceso entró en un
"impasse" por la famosa encuesta que hizo Consulta Mitofsky quién sabe por qué
sitios de Yucatán y con cuáles de sus habitantes.
Es preciso destacar que una situación que
contrasta con la percepción de la imposición es que al menos dos de los aspirantes, Calderón
y Toraya, atribuyen el activismo de Paredes a un recurso desesperado por
presionar una nominación a su favor.
Cervera. Nadie quiere negociar con el.
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Conforme se han desarrollado los
acontecimientos en los últimos días, pareciera que la encuesta es sólo un pretexto para
legitimar la imposición de uno de los aspirantes, y si la situación evoluciona con ese
rumbo lo más probable es que el proceso termine en la fragmentación de importantes
corrientes internas del PRI cuando la coyuntura nacional es desfavorable para el priísmo
yucateco por la inminencia de cambio en la directiva nacional y la intensificación
explosiva de la crisis jurídica-electoral.
La encuesta es el motivo de la dilación
para nominar al candidato a la gubernatura. El plazo original previsto para el martes o el
miércoles pasado de hace dos semanas fue prorrogado al menos para el próximo lunes, al
término de la reunión del Consejo Político Nacional del PRI en Ixtapan de la Sal.
El tercer factor de peso que gravita en el
ámbito yucateco del PRI radica en los procesos de selección de candidatos en los
municipios. En los mayores parece que el partido se inclinará por ceder a los
reestructurados Consejos Políticos la prerrogativa de elegir la modalidad de postulación
pero con el método de consulta a la base vetado de antemano, a fin de inducir
candidaturas de unidad.
Sin embargo, los Consejos Políticos,
aunque reestructurados, no pueden quedar al margen de intereses específicos en los
municipios y de las presiones de los alcaldes y diputados para propiciar o presionar por
la postulación de sus preferidos.
Por si fuera poco, comienza a tomar fuerza
la versión de cambios inminentes en el Comité Directivo Estatal, cuya presidencia
dejaría Roberto Pinzón Alvarez, un político de trabajo quirúrgico y fino pero
quizá no conveniente para operar procesos complicados en extremo como el que se avecina
en la selección de candidatos en los municipios. Entre los sucesores se menciona a Dafne
López Rodríguez, una carta adecuada pero estigmatizada por Orlando Paredes Lara,
Omar Fajardo Pérez y hasta el diputado federal Wilberth Chí Góngora.
Lo paradójico es que la espera, el
desgaste, la tensión de quienes se asumen como aspirantes a la nominación podrían
resultar inútiles en función de la designación de un "interino", quien,
incluso, podría ser ninguno de ellos.
Singular estrategia.- En el
manejo de la crisis jurídica-electoral destacan las contradicciones de la estrategia
priísta. Por un lado, sus diputados avalan un comportamiento que antes criticaron en
otros partidos, al recurrir a organismos multinacionales para exponer un problema local,
como ocurrió cuando los legisladores acudieron a la OEA como una supuesta instancia
jurisdiccional. Por otra parte, un grupo de personas identificada con el hasta ahora
desconocido "Movimiento Yucateco", de indudable identificación con los
regionalistas del PRI, pidió al Instituto Federal Electoral que decline suscribir el
convenio que el IFE anticipa firmar con el Consejo Estatal Electoral insaculado por el
TEPJF con el fin de que éste reciba las listas nominales, la cartografía electoral y la
insaculación de funcionarios de casilla, con el pretexto de sospechas sobre el origen de
los dineros que entregaría el organismo para pagar el "paquete electoral".
Los del "Movimiento Yucateco"
sospechan que en la operación el CEE del TEPJF podría utilizar recursos de dudosa
procedencia aportado por capitales nacionales o extranjeros. Es curioso observar como
estos estrategas del desacato adoptan modalidades que antes criticaron en otros partidos y
organizaciones, pues los episodios hacen notar que no hay una coordinación central que
unifique y dé congruencia a los episodios que protagonizan quienes están a favor del
desacato.
Cifras electorales.- El
porcentaje de la votación total obtenido por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Yucatán durante siete procesos electorales locales y federales entre 1991 y 2000
subió de cero a cuatro por ciento, un porcentaje mínimo que aumentó paulatinamente en
nueve años y que en los comicios federales del año pasado se estabilizó en ésta
última cifra.
La porción de la votación captada por el
PRD es mínima en comparación con las cifras globales de los sufragios obtenidos por los
partidos, pero en el esquema de la competencia PRI-PAN, que fluctúan entre los 47 y 49
puntos porcentuales para cada instituto político como parte de una tendencia predominante
en la historia contemporánea de los comicios yucatecos hace que el porcentaje perredista
adquiera una importancia fundamental para las expectativas de ambos contendientes.
Para el PAN y el PRI la votación del PRD,
que en 2000 reportó 26 mil 814 votos en la elección para presidente, 25 mil 662 en la de
senadores y 28 mil 196 en la de diputados federales para un cuatro por ciento de la
votación global, adquiere una importancia estratégica, fundamental para la victoria y,
por consiguiente, derrota de alguno en las elecciones para gobernador.
Un acuerdo de candidaturas comunes para la
gubernatura y algunos municipios formalizado entre el PAN y el PRD tendría una
perspectiva devastadora para el PRI y por ello éste también analiza la posibilidad de
establecer figuras similares con los partidos pequeños que en conjunto aportaron en 2000
seis mil 603 votos en la elección para presidente, siete mil 111 en la de senadores y
siete mil 490 en la de diputados. Estos sufragios valen su peso en oro para que el
Revolucionario Institucional contrarreste a las candidaturas comunes PAN-PRD.
Estas tendencias son válidas siempre que
el índice de abstencionismo se mantenga en los 30 puntos porcentuales de los comicios de
2000, aunque la tendencia en los últimos 10 años de elecciones en Yucatán indica una
baja de 10 puntos porcentuales respecto del 40 por ciento registrado en los procesos de
1991.
En los indecisos o apáticos englobados en
el 30 por ciento radica el otro fiel de la balanza de los resultados electorales que se
avizoran en Yucatán. El porcentaje es notablemente bajo para unas elecciones en México y
destaca el alto valor que los yucatecos reservan a sus procesos comiciales. Por ello, los
partidos tienen que enfocar una estrategia específica para captar el mayor número
posible de votos en este segmento del electorado que, aunque minoritario, mantiene un peso
específico en los apretados resultados electorales de la entidad y brilla, pero por su
ausencia. (Mérida, Yucatán, Méx., Febrero de 2001)
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