Cervera, ¿otro gol para el gobierno de Fox?

El gobierno de Vicente Fox deberá agregar otro gol en su contra en el caso Yucatán. Si bien es cierto que la prudencia ha estado del lado del gobierno federal, el desacato a la ley cometido por el gobernador Víctor Cervera y la fracción priista en el Congreso local sentará un mal precedente en casos futuros. 

De una manera u otra, Cervera Pacheco acorraló a la administración federal, incluido al propio Santiago Creel, titular de la Segob, a quien obligó a negociar la aplicación simple y llana de la ley.

Dicho de otra manera, aunque se enojen los foxistas, en Yucatán se está concertacesionando el cumplimiento del mandato del TEPJF.

Cervera llamó a la resistencia civil, algo que ya se esperaba.

El gobernador yucateco se impuso desde el momento mismo que abiertamente desafío al gobierno federal; éste, cauteloso en el cuidado de la imagen, ha preferido darle aire al asunto en busca de la "buena voluntad" de Cervera antes que solicitar la intervención de la fuerza pública.

Bien que Creel y Fox no pretendan imponer la ley del garrote en su primer conflicto político serio; pero sin duda se deja un mal precedente al negociar, como lo hicieran en distintos momentos Salinas y Zedillo, la aplicación de la ley.  (El Economista, Adrián Trejo, "Engrane", p 54, 12/02/2001)

Yucatán: ¿antesala de la primera concertacesión?

En México no tenemos tradición de respeto a las leyes. Yucatán es un ejemplo palmario. Si las fuerzas políticas determinan formar un tercer Consejo Electoral para zanjar diferencias, será la prueba que en el país el Trife (TEPJF) no es la última instancia y que los acuerdos "metaconstitucionales" pueden torcer la ley.

¿Está Yucatán en la antesala de la primera concertacesión o esa práctica ya se acabó? ¿La ley puede estar sujeta a los arrebatos políticos de unos cuantos? El PAN—gobierno, heredero de una cultura de respeto a la ley, tiene una prueba de fuego en la península.

Durante los gobiernos priistas las soluciones extralegales eran moneda corriente. Y en no pocos casos el PAN se benefició de ellas. Ahora es el turno del gobierno de Vicente Fox de mostrar que esas prácticas quedaron en desuso y que en un sistema democrático son inaceptables.

Si el gobierno se deja presionar y busca una salida política y no legal al conflicto, en todo el país los grupos de presión van a exigir el mismo trato que le den a Víctor Cervera Pacheco. El plazo para aceptar el fallo del TEPJF venció este domingo. Y el gobierno federal se vio débil al no aplicar de inmediato la resolución de la autoridad jurisdiccional.

Por otro lado, la imagen externa del gobierno foxista, cultivada con esmero por el canciller Castañeda y el mismo Ejecutivo Federal, deberá sortear la prueba del apego a la norma frente a los medios internacionales que son tan caros para esa administración.

En Yucatán, el PRI juega a promover un regionalismo y un separatismo artificial, para aferrarse a sus cuotas de poder. Los amigos de Cervera quieren seguir controlando los hilos del poder económico, de los procesos electorales y conservar el ejercicio de la administración pública. Casi nada.

Si en Yucatán se reedita una concertacesión —con PRI y PAN en papeles invertidos— asistiremos a la debilidad de las instituciones, frente a las acciones de fuerza.

(Excélsior, "Frentes Políticos", 12/02/2001)

Sin validez el fallo del TEPJF en Yucatán

El TEPJF juega un rol fuera de serie en el nuevo México democrático. Que lo diga el tabasqueño Manuel Andrade, a quien trastocó su vida llena de triunfos ese maloliente sello de Madrazo. Un adversario más del Tribunal es Víctor Cervera, cuya obstinación por cubrir 10 años en el gobierno de Yucatán lo ha desquiciado.

¿Cómo nació el TEPJF? Ernesto Zedillo encargó su confección a Ricardo Monreal y José L. Lamadrid. Emilio Chuayfett fue el encargado del proceso de integración de magistrados del Trife, después delegó su responsabilidad a José N. González, y éste hizo lo suyo con Monreal y Lamadrid.

La intención era construir un tribunal ad hoc a las necesidades del Ejecutivo. Los magistrados del Trife juraron lealtad a Zedillo. La farsa concluyó con el nombramiento de José Luis de la Peza, porque todo estaba arreglado desde Los Pinos. (Novedades, Juan Ruiz Healy, "A Fondo", p 6, 12/02/2001)

En Yucatán la razón ética y jurídica asiste plenamente al Poder Judicial de la Federación; hablar de un "arreglo político" al desacato de Víctor Cervera y sus secuaces es lastimar por enésima vez el precario Estado de Derecho en México.

El gobernador yucateco insiste en llevar a la federación hacia un aparente callejón sin salida: o se cede a sus pretensiones o estallará la violencia.

Chantaje idéntico al de los múltiples vándalos, de todas las edades y condiciones, que alimentó y fortaleció el inmoral sistema priista de control político.

El chantaje de Cervera se funda en dos mentiras monumentales. Primera: es falso que haya dos Consejos Estatales Electorales en Yucatán; sólo hay uno legal y es el insaculado por el Trife. Segunda. Es falso que el Tribunal Federal haya ofendido remotamente la soberanía de Yucatán.

Así las cosas, no hay "arreglo" político posible o deseable al margen de la ley. O se cumple o no se cumple.

Si por desgracia la obstinación de Víctor Cervera desemboca en la violencia será culpa suya y de sus cómplices (incluida Dulce María Sauri).

No le están "tomando la medida a Fox". Están desafiando a todos y a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Que no nos amedrenten o seguiremos siendo juguete del vandalismo impune. (El Economista, Ricardo Medina M., "Ideas al Vuelo", 12/02/2001)

Primera llamada, primera, en Yucatán

Ya hubo una primera llamada de lo que puede suceder en Yucatán. En la Plaza Grande, frente al palacio de gobierno, se dio un conato de pelea a golpes. De un lado, los miembros del Frente Cívico Familiar, organismo pro panista. Y del otro, un grupo de diputados locales y presidentes municipales priistas.

El Frente recogía firmas de apoyo al Consejo Estatal Electoral nombrado por el Trife. Los priistas pidieron firmar, no los dejaron, se insultaron y manotearon. No pasó a mayores, pero así de caldeados están los ánimos, el riesgo está en cualquier esquina, en todo momento.

Y no necesariamente con intervención de la fuerza pública, enviada desde el DF. Todo porque el jueves debe lanzarse la convocatoria para la elección de gobernador. Quedan, pues, tres días para la solución pacífica en que se empeña el presidente Fox. (La Crónica, Pepe Grillo, "Virtudes Publicas", 12/02/2001)

Yucatán

Tanto énfasis se ha puesto en la amenaza que significan para la unidad nacional la ley de la Cocopa y el EZLN que pocos se han percatado de que es mayor la amenaza del desacato del gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco, a la decisión del Trife.

Es poco probable que este desacato termine realmente en un rompimiento entre Yucatán y la Federación. Pero el riesgo de un enfrentamiento entre una fuerza policiaca federal y una estatal es suficiente para que los mexicanos veamos con preocupación los acontecimientos de Mérida.

Hay distintos puntos de vista legales sobre quién tiene la razón en la disputa entre el Trife y el Congreso de Yucatán.

La actual indefinición genera riesgos muy importantes para el país.Toda esta discusión legal, sin embargo, pasa hoy a segundo plano ante el desacato a la decisión del Tribunal. Una cosa es que una autoridad no esté de acuerdo con la decisión de un juez o de un tribunal y otra muy distinta es que se niegue a acatar sus decisiones.

Si el Congreso y el gobierno de Yucatán están realmente convencidos de la ilegalidad de las decisiones del Tribunal Electoral, su única opción legal es presentar una controversia constitucional ante la SCJN.

Al desacatar la decisión del Tribunal, sin embargo, cuestionan el fundamento mismo del Estado de derecho y ponen al país en peligro de un conflicto entre dos cuerpos policiacos que podría llevar a una guerra civil.

Sólo hay dos posibles soluciones legales al conflicto de Yucatán. Una es la renuncia de los dos consejos electorales actuales y la designación por el Congreso de un nuevo Consejo. La otra es el uso de la fuerza pública federal para obligar al Congreso y al gobierno de Yucatán a someterse al mandato del Tribunal, lo cual tendría consecuencias imprevisibles en la relación entre Yucatán y la Federación. (Reforma, Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", p 26, 12/02/2001)

Los traidores del PRI, vs los "dinos" del PRI

La de Víctor Cervera en Yucatán está muy lejos de ser una lucha aislada contra el gobierno de Vicente Fox, o contra su titular de Gobernación Santiago Creel. Más bien todos los indicios muestran que se trata de una batalla enderezada no sólo contra el nuevo gobierno, sino también dirigida hacia algunos sectores del viejo PRI, a los que gobernadores como Cervera y Roberto Madrazo acusan de "traición" y de haber entregado el poder a la derecha.  

Para el "sindicato" de gobernadores y otros sectores duros del PRI, luego de haber permitido la derrota y de entregar el poder "a la derecha", a Vicente Fox, "los hombres de Zedillo intentan quedarse con el partido" para negociar con el nuevo gobierno aspectos como la transición democrática, la reforma del Estado y una nueva Constitución, aspectos en los que no están dispuestos a ceder los "dinos" del Institucional.

Sin embargo no todo está perdido para Cervera, el cacique de horca y cuchillo. En la dirigencia del PRI se encuentra Dulce María Sauri, hechura de Cervera y defensora del interés de los "duros" del PRI frente al nuevo gobierno y ante el priimo zedillista.

Aparentemente desligado de lo que ocurre en el sureste, hay otro frente en la contienda que ha enfrentado a los "dinos" con el gobierno federal y con el priismo zedillista. Se trata de la crisis que vive el "PVEM, S.A de C.V.", cuyo propietario ha sido acusado por la disidencia de esa empresa familiar como responsable de desviar recursos públicos.

No es una revelación que Jorge González Torres es un vividor de la política, un pillo que engaña a bobos y que ha abultado su cuantiosa fortuna gracias a que pone las siglas de su empresa partidista al servicio del mejor postor.

Y una de esas empresas altamente redituables la consiguió González Torres, cuando a cambio de negocios y dinero impidió que en la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados se iniciara juicio político contra Roberto Madrazo y Víctor Cervera.

La negociación no estuvo exenta de su respectivo "plato de lentejas", que consistió en modificar la Constitución para que se pudiera acceder al Senado de la República con una edad menor a 30 años, reforma que gustoso hizo el PRI, para que el "hijito de papi" Jorge Emilio González Torres pudiera convertirse en senador. (El Universal, Ricardo Alemán Alemán, "Itinerario Político", p24, 13/02/2001)