El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".

Para los habitantes de las zonas populares y marginadas de las ciudades y de las áreas rurales, lo arriba trascrito, más que un derecho parece una burla. Periódicamente se hacen anuncios oficiales y se promete acabar con el rezago de vivienda que existe en nuestro país; se ponen en marcha programas de desregulación y se amplía la cobertura para la construcción de casas de "interés social", que se convierten en casas de "interés eterno" por el número de años en que se fijan los plazos para su pago, la cantidad irrisoria de cada mensualidad que se abona al capital, y por supuesto los elevadísimos intereses que se pagan por el financiamiento. Además, un alto porcentaje de nuestra población no puede acceder a ninguna de estas ofertas, pues para comenzar, el primer requisito que debe cumplir el aspirante a obtener una vivienda de este tipo, es tener un ingreso mensual no inferior a tres o cuatro veces el salario mínimo para los fraccionamientos "populares" que financia la banca privada y de 2.5 salarios para las que promueven los programas de Gobierno.

Ante este panorama, ¿Qué sucede con los millones de mexicanos que devengan menos de dos y medio salarios al mes? ¿Y los jornaleros y subempleados?. Es imprescindible que los diferentes órdenes de gobierno implementen programas de vivienda destinados realmente a satisfacer las necesidades de las familias de escasos recursos económicos, con bajas tasas de interés y adecuados plazos de pago, pues de lo contrario la vivienda digna y decorosa para todos, continuará siendo solamente una quimera para los pobres y nada más.

Por otra parte, la demanda de verdaderos programas para mejoramiento de vivienda, cada día es mayor y más sentida, pues en las periferias de las ciudades, el raquítico ingreso familiar impide que se destine una parte de él para mejorar las condiciones de los hogares; el parque habitacional de los pobres, cada día se deteriora más, y las esperanzas de solucionar ese problema, cada día disminuyen. El argumento de que el gobierno no puede llevar a cabo estas acciones por falta de financiamiento, porque la Banca privada se niega a otorgar créditos para este tipo de programas sociales porque no le "resulta" el manejo de cuentas tan pequeñas, constituye, en el inicio de este tercer milenio, una más de las agresiones a los que menos tienen. Los programas de mejoramiento de vivienda, son una necesidad urgente para un vasto sector de nuestra población; hay que tener presente que el desarrollo urbano sustentable tiene que partir de la solución al rezago de viviendas, y que necesariamente estas acciones tienen que llevarse a cabo en las zonas marginadas urbanas y rurales.

Los países que logran implementar programas de vivienda viables y adecuados, alcanzan con mayor facilidad un crecimiento económico general que se refleja en un desarrollo productivo ágil y sostenido, situación entendible para empezar, porque si el pueblo trabajador tiene donde descansar cómodamente, más le rinde a quienes compran su fuerza de trabajo.

Por lo anterior, es necesario e impostergable reorientar los programas de vivienda popular, para convertirlos en verdaderas herramientas de desarrollo que cumplan con el objetivo de ser accesibles a la población de escasos recursos económicos; para lograrlo, deben elevarse a rango de Ley, ordenamientos que señalen la obligación de la Banca pública y privada a destinar un porcentaje de sus financiamientos a la construcción y mejoramiento de vivienda popular, así como etiquetar partidas del gasto social de los tres órdenes de gobierno para el mismo fin.

Solamente coordinando esfuerzos, estrategias, recursos y participación de los sectores público, privado y social, podrán formularse llevar a cabo programas de vivienda popular que permitan a la población marginada elevar su calidad de vida, y a los gobernantes cumplir a cabalidad los preceptos Constitucionales. (B.E.M.,Mérida, Yucatán, febrero de 2001)