El mismo día que el cacique arengó a una multitud de acarreados a confrontar a los poderes federales, un grupo de empresarios cómplices y beneficiarios de su gobierno, pidió al Presidente Fox "procure se mantenga la paz pública de la que (sic) hoy gozamos los yucatecos", y al segundo " que, continúe como hasta hoy, preservando la tranquilidad y la paz social, tradicionales en nuestro estado". Hipócritamente y con la soberbia de quienes sólo saben mandar, los empresarios cerveristas le pidieron a los sirvientes electorales de Cervera y a los dignos integrantes del Instituto Electoral del Estado, como si fuesen iguales, que renunciasen para "posibilitar una solución adecuada (para Cervera,¡claro!) y pronta a esta controversia (sic)".

Pronunciamientos como los de los socios empresariales y políticos de Víctor Cervera lograron detener momentáneamente el uso de la fuerza pública para restaurar el estado de derecho en nuestro estado pues se vencieron los plazos del supuesto "ultimátum" del TEPJF sin que al jefe de la insurrección, sus 14 diputados sargentos y su comando consejeril apoderado de las instalaciones del IEE les sucediese nada. Los titubeos del gobierno federal y del TEPJF alentaron el "lucimiento" de una "legisladora", copia fiel del original, que volvió a dar muestras de su talante violento y provocador, como para darnos una probadita de la paz y la tranquilidad tradicionales tan caras para los "amigos de Cervera".

El fondo argumental que esgrimen los preocupados de última hora por la paz y la tranquilidad "tradicionales", de la que Cervera es el gran paladín según esto, es que cualquier forma de intervención de la fuerza pública federal en el grave conflicto político armado por los cerveristas representará la violencia que "nadie quiere".

Para los desacatadores y sus cómplices es tolerable, y hasta digno de apoyo, que se burlen o se violen las leyes, según convenga al caso, que se pisoteen los derechos de los ciudadanos, que se anulen las atribuciones de los diputados no cerveristas, que el gobernador se reelija y gobierne por más de seis años, que se desacaten las resoluciones del máximo tribunal electoral de la república, que un grupo violento impida el acceso de los consejeros insaculados y a los actuarios del TEPJF a las instalaciones del IEE, que se mantenga cerrada ilegalmente una vía pública por espacio de un mes, que el gobernador convoque abiertamente al enfrentamiento contra la federación, que éste lance irresponsables y graves acusaciones de traición a quienes no comulgan con sus ruedas de molino incitando, de esta manera, a la agresión contra sus adversarios, como lo demostró el domingo en la plaza principal una de sus discípulas más aventajadas en el arte de practicar "la paz y la tranquilidad tradicionales" de la que tanto provecho sacan esa clase de empresarios.

Pero "la paz y la tranquilidad tradicionales" que tanto aman y aprovechan Cervera, los 14, los 92 y los "amigos de Cervera", están envenenadas y sus frutos, como lo estamos viendo, lo envenenan todo o es que, ¿hay alguien que a estas alturas crea que sea posible hacer elecciones tranquilas y , sobre todo, imparciales, transparentes, equitativas y legales en los plazos previstos por la ley? Cervera y sus cómplices han hecho todo cuanto han querido y podido , aprovechándose de la fragilidad de los avances democráticos y legales en nuestro país, para enturbiar y dificultar hasta el extremo la organización de las elecciones el 27 de mayo y está punto de lograrlo porque, finalmente, lo que está en juego en Yucatán no son la tranquilidad y la paz, hoy severamente en entredicho, sino la viabilidad misma del desarrollo político de la nación hoy enfrentada al desafío que le lanzó el autoritarismo priísta más retrógrado encabezado por el Sr. Cervera Pacheco con el apoyo de sus empresarios cuates que han sido sus principales beneficiarios.

En Yucatán han sido gravemente vulneradas la autonomía de los órganos electorales y la del Poder Legislativo secuestrado por un grupo que, siendo mayoría, ostenta una representación que no le dan ni la Constitución ni la ley orgánica del Congreso. El mismo grupo priísta que atenta contra los derechos electorales de los yucatecos, transgrediendo los principios democráticos en los que se sustentan la Constitución y las leyes electorales, puso en jaque al tribunal electoral federal que nació del consenso de todas las fuerzas políticas del país, el PRI incluido, pisoteando la soberanía del pueblo mexicano y atentando contra la seguridad nacional, lo que es más reprobable, desde los más altos cargos del poder del estado de Yucatán.

En Yucatán, todo eso está en juego. ¿Ganarán el chantaje y la ilegalidad del cacique y sus incondicionales? Alguien debe ser más responsable que ellos. El gobierno federal tiene la palabra.(R.A.S. Mérida, Yucatán, Méx., febrero de 2001).