"¡Hay que bajarle los pantalones al centro!" Esta frase, al parecer, ha sido y sigue siendo la premisa del grupo que desde hace cerca de 20 años ha secuestrado el ejercicio del poder en Yucatán. Con diferentes pretextos de forma, pero con el mismo fondo, las implicaciones de esa expresión, se manipulan cuando los intereses particulares del Cerverismo se ven amenazados por la mayoritaria voluntad ciudadana o por el cumplimiento de la ley.

1993 y este 2001 que iniciamos, son dos años en los que en Yucatán, se presentan algunas situaciones políticas similares y actores políticos tan repetidos, que necesariamente nos conducen a la comparación.

1993, fue un año de proceso electoral para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, de la Legislatura local y de los 106 Ayuntamientos de la entidad. En el mes de abril de ese entonces, y por iniciativa de Ley presentada al Congreso por 17 diputados emanados del Partido Revolucionario Institucional, se llevó a cabo un golpe de estado legislativo, al reducir a 18 meses el período inmediato de gobierno, y pretender, mediante el ilegal decreto número 570, despojar a la ciudadanía yucateca de su inalienable derecho a elegir mediante el voto libre directo y secreto a su gobernador, mismo que de acuerdo a lo establecido en un artículo transitorio del decreto mencionado, sería designado por esa saliente Legislatura. Para apoyar esa aberración jurídica, se organizaron marchas y concentraciones en las que se solicitaba a los acarreados asistentes de siempre, levantar las manos en las que sostenían unas papeletas, para manifestar su "aprobación" a las acciones de "su Gobierno". Cinco días después, y ante las protestas de diversos sectores de la sociedad, los mismos diputados que propusieron y aprobaron esas modificaciones a la Constitución del Estado, tuvieron que dar marcha atrás y reformar su propio decreto en lo relativo a la forma de elección del Gobernador.

En noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo la jornada electoral, misma que en el municipio de Mérida, culminó con la pretensión de efectuar un macro fraude electoral mediante resultados de casillas "reventadas", es decir, con mayor número de votos emitidos que los votantes de las correspondientes listas nominales. Ante la instrucción del Gobierno Federal, de respetar la voluntad ciudadana, y nulificar las casillas fraudulentas, la entonces gobernadora interina del estado, renunció al cargo mediante documento ológrafo entregado al Presidente de la Gran Comisión del Congreso en los primeros minutos del día 1 de diciembre, y se escapó por la puerta trasera de Palacio. A las 8 de la mañana de esa fecha, los diputados emanados del PRI, fueron concentrados en la sala de juntas de la escuela secundaria "Gonzalo Navarro Báez" de la CTM, a donde acudieron también los entonces Senadores y Diputados Federales del mismo Partido político, para exigirles a los legisladores locales que "por solidaridad con la dignidad de la gobernadora", y en defensa de la Soberanía del Estado, renunciaran a sus cargos, lo que igualmente harían los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, y obligar así al Gobierno Federal a decretar la desaparición de Poderes en Yucatán, a ver como solucionaba la anarquía, ya que era inadmisible según ellos, permitir que nuevamente la oposición gobernara Mérida; para ganar, dijeron: "¡Hay que bajarle los pantalones al centro!". A pesar de la violencia que desataron, esa ocasión, no pudieron.

En este año 2001, en Yucatán tenemos proceso electoral para renovar Gubernatura, Legislatura y Ayuntamientos. Se ha dado un golpe de Estado Legislativo al violar preceptos Constitucionales mediante el desacato a un fallo inatacable y definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo final de crear las condiciones adecuadas para robarnos a los ciudadanos nuestro voto, y de ser necesario, despojarnos del inalienable derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes. Se promueve la violencia; se llevan a cabo manifestaciones con los mismos asistentes de siempre, para pedirles que levanten las manos si están de acuerdo con las acciones de "su gobierno"; nuevamente se habla de "dignidad" y se utiliza el pretexto de defender la "Soberanía" para hacer prevalecer los intereses de unos cuantos y la hegemonía del poder de uno sólo; una vez mas, desde su óptica, para que puedan ganar, hoy más nunca: ¡Hay que bajarle los pantalones al centro! ¿Podrán esta vez?

Por otra parte, vemos la misma escenografía, el mismo titiritero y los mismos actores en el elenco. Hace 8 años, Víctor Cervera despachaba como secretario de la Reforma Agraria y acomodaba los tiempos para poder regresar como gobernador del Estado, hoy, es un inconstitucional gobernante que pretende acomodar las condiciones para salvaguardar su impunidad; en 1993, la gobernadora escapista fue Dulce María Sauri, hoy casi ex Presidenta del CEN del PRI y aspirante a repetir en la Gubernatura; Mirna Hoyos era directora del RAN, ahora es la Presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado; Orlando Paredes y José Toraya fueron los candidatos perdedores y "renunciadores" de la planilla al Ayuntamiento de Mérida y Carlos Sobrino era Senador en ese entonces, ahora los tres aspiran a ser candidatos a Gobernador; Feliciano Moo ocupaba una curul en el Congreso Federal, actualmente repite en el mismo cargo; Roberto Pinzón que en 1993 fungía como Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, es el Presidente del CDE del PRI en la entidad; los mencionados, son apenas una pequeña parte de esa lista.

Hoy, al igual que hace ocho años, la apuesta del Cerverismo es a provocar la ingobernabilidad para lograr sus fines, al caos, a la anarquía, a pisotear el estado de derecho, a la polarización social, al chantaje político, a desatar la violencia, al "después de mí, el diluvio". Para quienes padecen una enfermiza obsesión por el poder, todo es válido con tal de conservarlo.

La diferencia entre 1993 y este 2001, estriba en que los ciudadanos no tenemos prisa pues el tiempo es más enemigo de ellos que nuestro; hoy, podemos mantenernos firmes en la postura de que la legalidad no se negocia y continuar efectuando diversas acciones para defenderla, así como exigir a los tres poderes del Gobierno de la República que cumplan y hagan cumplir la Ley. En el peor de los escenarios a corto plazo, la desaparición de Poderes en el Estado, dañará más a los que perderán el fuero que a la sociedad. Sin embargo, es una obligación impostergable defender el ejercicio de nuestros derechos políticos, por lo que nadie debe quedarse callado y esperando ingenuamente a que otros resuelvan el problema. ¡Basta ya de que los yucatecos sigamos inmóviles en el mismo lugar, con la misma gente y resistiéndole a los mismos! (B.E.M. Mérida, Yucatán, febrero de 2001)