Monseñor:

Pasó cuaresma, semana santa, pascua. Fueron tiempos de introspección, de autoevaluación, de hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de nuestra vida. Todos debimos en esos días propicios analizar nuestras actitudes y disposición para con los demás y, principalmente, hacer un juicio íntimo. Es fundamental, necesario, que eventualmente todos hagamos un dictamen de nuestra forma de vivir. Yo lo he hecho y el resultado no ha sido del todo satisfactorio.

Me siento un poco incómodo presentarme ante Monseñor dada su dignidad y jerarquía eclesiástica. Dirigirme a un enviado de Dios en la tierra, Cristo aquí entre nosotros, es perturbador, impone. Más aún después de haber leído la homilía que el presbítero Jorge Carlos Menéndez Moguel pronunció en el Cantamisa del presbítero Ricardo Ordoñes López celebrada el pasado jueves 29 en la Iglesia de la Purísima Concepción de la ciudad y puerto de Progreso, en la que nos recuerda: "Por la imposición de manos . . . desde el viernes pasado, eres otro Cristo. Has sido consagrado a Dios para ser Cristo en medio de los hombres; . . . Eres la representación en la tierra del amor de Dios. Como Cristo estarás en medio de las comunidades . . . Representas a Cristo donde vayas". ¡Que honor para los clérigos!, ¡que responsabilidad tan grande la de ser Cristo, El Ungido, el Mesías! aquí, en este mundo maravilloso algunas veces y despiadado en otras.

Pero venciendo mi timidez, obligado por mi deber, las circunstancias, consciente de la alta responsabilidad moral que implica el atreverme a cuestionar a Monseñor en asuntos propios de la Iglesia, en su doctrina, yo pecador irremediablemente reincidente-persistente que como junco frágil al viento me doblo, pero no me quiebro, digo:

Como su Excelencia sabe, Yucatán vive desde hace aproximadamente seis meses una situación extremadamente difícil, yo diría grave, en razón de que el Gobierno Estatal, el bando priísta del Congreso del Estado de Yucatán y los Consejeros Electorales nombrados por estos, abusando de su autoridad, pretenden atropellar la libertad y dignidad de los yucatecos (YUCATECOS VERDADEROS) mediante la imposición de normas, criterios y leyes arteramente elaboradas ex-profeso para corromper el proceso electoral estatal previsto para el próximo 27 de mayo. Esta situación daña y aflige a la población en general, e incide directamente en el resquebrajamiento de las estructuras sociales básicas, lesionando así al bien común, a los pobres y desamparados que por el Evangelio sabemos Jesús protegió.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó por ilegal el Decreto 412 emitido por el Congreso local, por el que se integró el llamado "superconsejo", dejando intocados, y por esa razón válidos los acuerdos tomados por ese consejo. Esta resolución, en mi opinión, aunque favorable en términos generales, lesiona el proceso electoral en cuanto que los actos emanados del superconsejo tienen fuerte pestilencia a estratagema priísta, ya que su injerencia en la integración de los Comités Municipales Electorales ha sido evidente, totalmente parcial. Sin ninguna oposición actuaron e hicieron lo que quisieron. Lo dije y lo repito: el Ejecutivo Estatal manejó este conflicto a su antojo ante la debilidad de un gobierno federal, como mínimo, apático y además, mentiroso. ¿Será que con esta sentencia haya terminado el conflicto preelectoral en Yucatán?, ¿debemos esperar ahora un Cervera Pacheco obediente, dócil y respetuoso de la Ley?. La experiencia demuestra que no. La jornada se antoja todavía muy larga, la lucha por no perder el poder será tenaz, pero sucia y perversa. Debemos prepararnos, Mefistófeles esta herido, será más peligroso aún, actuará en las tinieblas con la intriga como arma.

Esos desafortunados sucesos y los que nos esperan, merecen nuestro mas enérgico rechazo, un repudio vigoroso, ya que afecta no solo la independencia, libre determinación y dignidad humana, sino el bien común, como lo define el "Catecismo de la Iglesia Católica": "Por bien común, es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir mas plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad". (Cat. 1906).

El propio catecismo señala cuáles son los tres elementos esenciales que lo conforman en la forma siguiente: "Supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana . . ." (Cat.1907). "En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos lo deberes sociales" (Cat. 1908). Y en tercer lugar: "El bien común implica finalmente, la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros . . . Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias" (Cat. 1909).

Es bien sabido que la persona humana necesita vivir en sociedad: "Esta no constituye para ella algo sobreañadido sino una exigencia de su naturaleza" (Cat. 1878). Nunca el Estado, en ejercicio de sus funciones debe exceder los límites que marcan la libre determinación de los individuos en sociedad ya que "una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales". Es por ello que la doctrina de la Iglesia elaboró el principio de subsidiaridad. Según este «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común» (Encíclica "Cuadragesimo anno", Pío XI) . . . Traza los límites de la intervención del Estado. Intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad". (Cat. 1883 y 1885).

«Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país» ("Pacem In terris"). "toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija" (Encíclica Inmortale Dei). "La autoridad no saca de si misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una «fuerza moral, que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido» (Cat. 1902). "la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral éstas disposiciones no pueden obligar en conciencia" (Cat. 1903). "Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este principio del Estado de derecho en el cual es soberana la Ley y no la voluntad arbitraria de los hombres". (Cat. 1904).

Según esto, en mi opinión, una autoridad civil como la que ahora "nos representa" no llena los requisitos para que moralmente la respetemos. Es a todas luces evidente la manipulación que el Congreso Estatal ha hecho y hace de la Ley Electoral y su proceso; el contubernio con el Ejecutivo Estatal salta a la vista. Nada hay de ético ni moralmente válido en una actuación gubernamental como la que ahora padecemos en Yucatán, (y ahora la Federal, que con su pretensión de incrementar impuestos afectará a las clases más necesitadas, a los que padecen hambre, a los humildes que Jesús defiende) la cual no persigue desde luego el bien común y mucho menos nace de la justa razón: "la legislación humana solo posee carácter de Ley cuando se conforma a la justa razón; lo cual significa que su obligatoriedad procede de la Ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de Ley; sería más bien una forma de violencia", dice Santo Tomás de Aquino.

Y este conflicto yucateco es aún preelectoral, pese a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será que ahora sí la Ley es la Ley?. Durante las elecciones y después de realizadas, de persistir la autoridad en estas actitudes impositivas con apariencia de verdad, será peor, mucho peor. La ciudadanía no permitirá mas atropellos a sus derechos. La bilis y la sangre pueden correr. ¡Tenemos TODOS la obligación de evitarlo!.

Por la experiencia llegamos a entender que el hombre como persona humana se relaciona con los otros en base al respeto y la tolerancia. Aceptamos a la autoridad cuando ésta, en la elaboración, aplicación y vigilancia de la Ley busca el bien común. De otra manera la autoridad recibirá el rechazo y el desprecio de la ciudadanía.

La justicia social "solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre" (Cat. 1929). No puede ser de otra manera ya que "el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. CORRESPONDE A LA IGLESIA RECORDAR ESTOS DERECHOS A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD Y DISTINGUIRLOS DE REIVINDICACIONES ABUSIVAS O FALSAS" (Cat. 1930).

Pero, ¿debe el Obispo en particular y la jerarquía eclesiástica católica en general, involucrarse solidariamente con sus fieles, o cuando menos conocer y opinar de asuntos aparentemente políticos?. ¿Debe la Iglesia intervenir o no en política?, ¿qué es "hacer política"?. ¿No establece el Código de Derecho Canónico que los clérigos únicamente "no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común"?. (D.C., Canon 287-2), ¿no en esta prohibición hay también una exigencia?. ¿Lo que ocurre en Yucatán actualmente, será un asunto exclusivamente del orden político o se vulnera la dignidad de la persona humana, el bien común?. ¿Es este estado de cosas un asunto "terrenal", o involucrado como está el bien común, pertenece a un orden trascendente, de competencia espiritual, moral, íntimamente relacionado con Dios, con Cristo y en consecuencia, con el quehacer humano cotidiano de la Iglesia? Podremos resolver estas interrogantes si analizamos lo siguiente:

El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1899 dice: "La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios: «Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas» (Rom 13, 1-2) y el 1901 que: "si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, «la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos» (Gaudium et spes 661). "La Ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La Ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda Ley tiene en la Ley eterna su verdad primera y última. La Ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, Creador y redentor de todos", (Cat.1951). En resumen: "La comunidad política y la autoridad publica se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios". (Cat. 1920) y "corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil". . . (Cat. 1927).

Como Monseñor sabe, además de la subsidiaridad, otro principio que coadyuva a la convivencia pacífica entre los hombres es la SOLIDARIDAD, ENTENDIDA COMO CARIDAD SOCIAL O AMISTAD, que es una "exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana" (Cat. 1939). Esta virtud de la "solidaridad va mas allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas". (Cat. 1942). En cuanto a esta solidaridad en la caridad, su Eminencia dijo, en su mensaje del día de la Caridad en la Arquidiócesis, publicado en el "Diario" el día 31 de marzo de los corrientes: "Los Obispos de México hemos dicho en abril del año pasado «El encuentro con Jesucristo vivo lleva a los creyentes a una conversión del corazón que en la comunidad cristiana se manifiesta en la virtud de la solidaridad con todos los hombres. Esta solidaridad es la expresión operante de la caridad», debiendo en consecuencia cada sacerdote "invitar a sus feligreses a reflexionar sobre la caridad, pero además a convertir este signo en acciones concretas . . ."

El Código de Derecho Canónico establece claramente las obligaciones de los laicos, clérigos y obispos, pertenecientes todos a la Iglesia, (del latín Ecclesia, "pueblo de Dios"), en la búsqueda de una común dignidad de todos los ciudadanos. Es decir que, al utilizarse el término Iglesia, debe entenderse en sentido amplio, es decir todos los bautizados: jerarquía y seglares. Esto (la búsqueda del bien común) de forma alguna puede considerarse como "participar activamente en los partidos políticos" como señala el Canon 287-2 del Código de Derecho Canónico antes señalado; tampoco se refiere a la participación de los laicos y de la jerarquía de la Iglesia en asuntos "terrenales" que no interesan a la salvación de las almas. Vimos ya como "la Iglesia ha favorecido el desarrollo de los bienes temporales". Hablamos del bien común que interesa a todos, clérigos o no, cada quien en sus respectivos ámbitos de acción, clérigos, laicos y Obispos, según lo siguiente:

Diversas disposiciones doctrinales de la Iglesia católica establecen cuales son las obligaciones de los clérigos en la búsqueda de la justicia, la paz, la solidaridad y la protección o fomento del bien común: "Fomenten los clérigos, siempre lo mas posible, que se conserve entre los hombres la paz y la concordia fundada en la justicia"(D.C. canon 287-1). La Constitución Gaudium et spes establece que ahí donde exista una sociedad plural, debe haber un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, debiendo la Iglesia, en razón de su misión y competencia establecer con precisión cuales son aquellos valores humanos y evangélicos que están "íntimamente relacionados con la misma actividad política, como son la libertad y la justicia, la solidaridad, la dedicación leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo de vida, el amor preferencial por los pobres y los últimos . . . en esto podrán ser acompañados y ayudados por el afecto y la comprensión de la comunidad cristiana de sus pastores . . ."

El Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici, al referirse a su Encíclica Sollicitudo rei socialis precisa el concepto de SOLIDARIDAD: "no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial enternecimiento por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, PARA QUE TODOS SEAMOS VERDADERAMENTE RESPONSABLES DE TODOS". Solidaridad entonces no quiere decir "que pena, lo siento mucho, pero no te aflijas, estoy contigo".

Son obligaciones de los laicos, es decir todos los fieles de la Iglesia sin cargo eclesiástico: "Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, por obediencia cristiana todo aquello que los Pastores Sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia. Los fieles tienen derecho a manifestar a los Pastores de la Iglesia sus necesidades" (D.C. canon 212-1,2). "En el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros" (D.C. canon 223-1). "Tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico, y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las seculares" (D.C. canon 225). "Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos lo ciudadanos . . . " (D.C. canon 227).

Por lo que corresponde a los Obispos, son muchas y de distinta índole sus obligaciones: "Los Obispos, que por institución divina son los sucesores de los Apóstoles en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia para que también ellos sean maestros de la Doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno". (D.C. canon 375-1). "El Obispo Diocesano, consciente de que está obligado a dar ejemplo de santidad, con su caridad, humildad y sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas promover la santidad de los fieles, según la vocación propia de cada uno . . ." (D.C. canon 387). "Corresponde al Obispo Diocesano gobernar la Iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor del derecho". (D.C. canon 391-1).

En cuanto al desempeño y utilización de la autoridad de los Obispos en relación con sus subordinados y laicos, Monseñor Luis M. Martínez, quien fuera Arzobispo Primado de México, en su libro "La caridad", publicado en México en el año de 1977, expresa: "la autoridad, como el apostolado, no cabe duda que es un don excelente . . . es el sacramento de la voluntad de Dios. Si la caridad es siempre incompatible con la soberbia, la caridad apostólica lo es más todavía. No solamente para el buen éxito de nuestra labor, sino hasta para la seguridad de nuestra propia alma, es preciso que conservemos siempre la santa humildad, que nos empequeñezcamos, que nos anonademos . . ." "El superior necesita conocer perfectamente las cosas que dispone, necesita tener luz; y hay que recibir esa luz de donde venga, . . . ¿por qué no recibir una luz, un consejo, una insinuación y aceptarla con espíritu amplio?. Cuando hay suficiencia no se recibe (el consejo) se rechaza a quien nos lo quiere dar; y si no, aún cuando no se diga nada, se piensa: que me viene éste a dar consejos, yo se bien lo que tengo que hacer". En relación con la energía con que debe aplicarse la autoridad, Monseñor Martínez señala: "pero nada mas importante también que la suavidad, porque la suavidad consigue mas fácil y más perfectamente el fin que la dureza", aclarando que no consiste la suavidad en la utilización de palabras melosas, ni en el tono de la voz con que se habla, "un tono dulce no, porque esto no es más que una cosa meramente superficial; y no todos podemos suavizar la voz, nos pondríamos en ridículo, porque la voz varonil no es melosa". Esta simulación en la intención podría resultar contraproducente ya que "hay personas que tienen voces acarameladas, pero que a la menor contrariedad se irritan. La voz entonces, lejos de aliviar la dureza, la acentúa".

Según puede verse laicos, clérigos y Obispos, conjuntan la Iglesia, "sin diferenciación alguna, con una común dignidad y un mismo rango individual" según el Dominico francés Yves Congar y por lo tanto cada uno dentro de sus respectivos campos de actividad tienen obligaciones que cumplir.

Los laicos entonces debemos exigir a la autoridad civil cumpla con su obligación fundamental de respetar las leyes, hacerlas de tal manera que sean equitativas, justas y no retorcerlas perversamente, desvirtuándolas del interés común para la satisfacción de los intereses de unos pocos o particulares del gobierno en turno. A la autoridad eclesial exige la sociedad solidaridad, pero solidaridad efectivamente activa, actuante, como ha dicho Juan Pablo II.

Es claro de la doctrina de la Iglesia que toda autoridad humana proviene de Dios. Si esto es así, la Iglesia como jerarquía, no únicamente los laicos, debe intervenir en regular los actos del gobierno civil. Está obligada expresamente a señalar a las autoridades cuando su conducta se aparta de las normas ideales de justicia social, exigiéndole se respete la dignidad humana y el bien común de los ciudadanos, según la propia doctrina de la Iglesia. ¿No es así Monseñor?.

Pueden y deben entonces los católicos exigir a su jerarquía intervenga solicitando de la autoridad rectifique cuando sus conductas sean contrarias a la honradez y mesura necesarias para la administración de una justicia equitativa, imparcial, decorosa para todos y respetuosa de los derechos individuales.

Si lo expuesto anteriormente es verdad; si conceptos tales como justicia, dignidad, bien común, solidaridad y caridad, están tan íntimamente ligados entre sí de manera tal que es difícil separarlos; sí los ámbitos en que estos se desarrollan son tan variados, ya que lo mismo debemos aplicarlos en el trabajo, la oficina, el hogar, el trabajo social, y desde luego en la política; si lo terrenal y lo trascendente se confunden en la vida diaria fusionándose, y de igual modo se pierden las fronteras entre los actos en que debe intervenir la Iglesia y quienes la integran, en defensa del bien común, ¿por qué entonces la Iglesia calla?.

¿Qué pasa Monseñor con la jerarquía de la Iglesia Católica que ha enmudecido ante la situación caótica que padece Yucatán?, ¿por qué razón no responde a las agresiones del gobierno Estatal en contra de los fieles que pastorea?, ¿será que el silencio se confunde con la prudencia?, ¿debe el católico sufrir la humillación del tirano sin el auxilio de su guía espiritual?, ¿deben los laicos resignarse a no contar con la ayuda de su líder moral en las causas justas por las que lucha en razón de que la jerarquía argumenta estar imposibilitada de "participar en política"?, ¿puede entenderse como un asunto exclusivamente político lo que sucede?. Lo que conocemos como política partidista es: militar en algún partido, pronunciarse a favor o en contra de alguno de estos, ser candidato de algún partido a un puesto de elección popular o ser nombrado o tener un cargo de gobierno. ¿Puede así confundirse "hacer política" con lo que los yucatecos defendemos ahora?. No debe confundirse lo que es "hacer política" con defender el bien común y la dignidad de la persona humana en sociedad, obligación solidaria que es de la Iglesia, responsable de las almas de sus fieles. (La semana próxima, ofrecemos a nuestros lectores la segunda parte de esta importante carta abierta que el Abog. Gutiérrez dirige al Arzobispo de Yucatán).