Muy otra es la suerte de los amos de la economía mexicana o de los circunstanciales "empleados" nuestros que desde el poder estatal se adjudican elevadísimos ingresos que están, en relación con el salario mínimo, entre los más desproporcionados del mundo, de modo que sólo en México pudo haber surgido la consigna de "salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente". Y estos "empleados" nuestros, de los tres poderes, hasta el día de hoy dividen convenientemente sus ingresos en dos partes: una pequeña, salarial, y la otra descomunal, de compensaciones de todo tipo, que les permite eludir el pago de impuestos sobre sus ingresos.

Oligarcas y miembros de la alta burocracia política ( que comprende a funcionarios de los niveles federales, estatales y municipales) también pagan IVA y otros impuestos por consumo, pero lo que pagan es sólo una ínfima parte de sus voluminosos ingresos – y de los que por dichos conceptos se recaudan- porque, por más consumos que hagan en el país estos son menos que los que hacen una parte de ellos en el extranjero. Y es monstruosamente injusto, indignante, que gente inmensamente rica como los protagonistas de la compraventa de BANAMEX, cuyo monto supera los 120 mil millones de pesos, no paguen un solo centavo por esa provechosa ( para ellos) transacción que cuenta con "su encima" o "copeteado" foxista: los intereses que por los inmorales e ilegales pagarés del IPAB-FOBAPROA tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos.

Los yucatecos, estamos tan entretenidos dando la batalla contra otras injusticias, las que en el plano electoral y legal pretenden -esperamos que en vano- asestarnos gobernador, diputados priístas -que en nada se distinguen de sus antecesores en los cargos- y los lacayos al servicio del cacique en el papel de magistrados, que no damos muestras de indignación, o por lo menos de desacuerdo, ante la consumación de una injusticia fiscal que explica por sí misma la brutal desigualdad social que nos divide y enfrenta entre mexicanos.

Necesidad hay de afrontar con decisión y valor la transformación de los poderes del estado de Yucatán. La ley favorece una salida justa al artificial conflicto creado en el Congreso del Estado por los diputados priístas, ejecutantes de la parte de la farsa montada por Cervera con el fin de controlar el Congreso. Bastará con que los magistrados del TEPJF se ciñan a ella, para hacer respetar la voluntad del electorado. En contraste, la ley protege a los magistrados enemigos de la democracia que controlan el Poder Judicial quienes, por efecto de una autoritaria reforma legal, son inamovibles en sus puestos.

Pero Yucatán no sólo necesita de la transformación de sus poderes públicos. También requiere de una reorientación de las relaciones entre los poderes y entre éstos y la sociedad de la que deberían emanar sin intermediarismos. Como nunca, el débil movimiento democrático yucateco necesita ampliarse y profundizarse. Sólo bajo presión social, ejercida por los cauces legales y con métodos eminentemente políticos y pacíficos, se podrán anular los ataques restauradores de la arbitrariedad y se irán creando las nuevas condiciones para el cambio a fondo.

Sin condiciones sociales y políticas muy diferentes a las de ahora, la reforma de los poderes del estado en Yucatán no serán posibles o lo serán sólo muy limitados. Y esas condiciones no surgirán exclusivamente desde el poder. Es más, sólo desde ahí, será muy difícil lograrlo con la urgencia que se necesita.

Pero tampoco en Yucatán podremos acabar con el sistema de privilegios que han sido al mismo tiempo sustento y razón del ser del autoritarismo si la participación social no se cultiva y crece desde abajo, desde la misma sociedad, mediante las organizaciones sociales autónomas ya existentes, que deberán crecer y desarrollarse, y el surgimiento y proliferación de otras nuevas.

Y localmente no será posible acabar con los privilegios si, como sociedad, toleramos la existencia de privilegios todavía peores que se sustentan en leyes u omisiones legales de rango federal. Si la ley fiscal que todavía no se reforma permite privilegiar a quienes sólo privilegios conocen y disfrutan, entonces cabría proponer una reforma fiscal que repare esa iniquidad haciendo, para ello, conciencia colectiva de esa necesidad.