La batalla por evitar que la mafia cerverista se quede con la diputación del X Distrito es una lucha por la equidad y la justicia y no un capricho de dos partidos por tener un diputado más. El pueblo yucateco ha sido testigo de toda la serie de marrullerías implementadas por el cacique y sus acólitos para tratar de burlarse de la voluntad de los ciudadanos de aquel Distrito que votaron mayoritariamente para que los representara en el Congreso la ciudadana Lízbeth Medina Rodríguez y no para que llegara al cargo el testaferro del remandatario, Fredy Monforte Braga, quien, desvergonzadamente, pretende apoderarse de una curul que no le corresponde.

Una vez más, el PRI se exhibe como una organización tramposa y sin principios a la que no le importa mostrarse como lo que es con tal de obtener una posición política. No se da cuenta de que su pataleo, llevado a cabo mediante procedimientos sucios y totalmente descalificados, en lugar de redituarle ventaja política alguna sólo le reporta un mayor repudio popular, que se traducirá en un debilitamiento cada vez más agudo que lo llevará a su conversión, muy pronto, de partido político en simple grupo de presión, como ya se está viendo a lo largo de la república, donde son mucho más grandes y frecuentes sus derrotas que sus pírricas victorias.

En lugar de aceptar la realidad de los hechos derivados de las elecciones del 27 de mayo que entrañaron el rechazo de muchos de sus candidatos y, a cambio, la victoria limpia de muchos de sus adversarios, el segmento cerverista del priísmo yucateco sigue obstinado en robarse la diputación del X Distrito. Frente a la mirada atónita de cientos de miles de ciudadanos yucatecos que siguieron palmo a palmo los avatares de la elección en aquel Distrito y que vieron cómo la candidata panista-perredista triunfó de manera limpia y transparente, según consta en las actas extendidas en cada una de las casillas -firmadas hasta por los representantes del PRI- y en las del cómputo distrital, y no obstante la maquinaria priísta de compra de votos puesta a funcionar en su contra, Cervera y sus achichincles están actuando, de manera absurda, para imponer al candidato derrotado.

No bien terminó la elección en aquel Distrito y se hizo el cómputo oficial en el Consejo respectivo, el cacique decidió meter la pezuña en ella para alterar los resultados que, como es del dominio público, habían dado la victoria a la candidata. Mandó a dos esbirros suyos, los ex diputados Rolando Zapata Bello y Verónica Farjat de Camino, a que le remitieran al presidente del Consejo Electoral, Luis Mena Godoy, a su bunker de la Petronila para que ahí lo ablandaran y lo obligaran a admitir que dos hampones penetraran en las oficinas del Consejo distrital y alteraran paquetes electorales.

El escándalo de este acontecimiento no arredró al cínico regobernador, sino que, por el contrario, lo volvió más agresivo todavía. Mandó a Zapata y a Verónica a que pusieran una denuncia por "difamación" y "calumnias" contra Mena Godoy y contra quien lo asesoró, Guillermo Vela Román, y ordenó a su amanuense, el procurador Echeverría Bastarrachea, que, con este pretexto, desatara una persecución contra el denunciante, lo que lo hizo huir, presumiblemente, del Estado. Sin embargo, el descubrimiento de la alteración de los paquetes obligó al cacique a cambiar de planes. Ya no podría quitarse la elección a la ganadora haciendo revisar los paquetes de la elección en el Tribunal Electoral estatal porque se pondría de manifiesto la veracidad de la denuncia de Mena Godoy. Había que buscar otro modo.

Fue así como a otros empleados suyos, caracterizados por su cara dura para aceptar responsabilidades por maniobras sucias que beneficien a la banda de la que son miembros, tocó realizar la penosa y sucia maniobra que ha desatado la crisis política que vive actualmente el Estado, motivada por el intento de atropellar la voluntad de los ciudadanos del X Distrito, que es atropellar la de los ciudadanos de todo el Estado. A los tres "magistrados" del Tribunal Superior Electoral, que fueron éstos dichos tres empleados, a los que cupo el "alto honor" de inscribir sus nombres en las páginas de la historia vernácula como atropelladores de la democracia, se les hizo fácil cumplir la encomienda anulando simplemente, mediante viles e ilegales pretextos, la elección en cierto número de casillas donde había ganado el PAN —ninguna donde ganó el PRI fue anulada— para hacer cambiar la correlación de votos entre una y otro candidato.