| Leyendo La Revista me encontré con un artículo que me llamó mucho la
atención, fue el titulado "El Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos. Fuerte apoyo al crimen organizado".
Sin que el presente sea un análisis si la
referida Ley es adecuada o inadecuada o si contiene o no la claridad en la penalización
del uso y abuso de las armas de fuego y los explosivos; sin ánimo de generar polémica,
sí es importante puntualizar algunos aspectos. Sobre todo el porqué debe de existir una
población civil desarmada.
 El artículo inicia refiriéndose a algunos funcionarios que
pertenecían al gabinete del gobierno federal de aquel tiempo, encabezado por el Lic. Luis
Echeverría Álvarez y recordando el triste evento de la matanza en Tlaltelolco; prosigue
diciendo, "La consigna estaba dada: había que desarmar al pueblo para borrar todo
peligro de otro "levantamiento", pero había que hacerlo en el marco de una ley;
ésta fue la LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, mediante la cual el pueblo, al
ser desarmado, quedó inerme en manos del crimen organizado".
Considero que lo más importante es
considerar la conveniencia o inconveniencia de "mercar" armas de fuego para
resguardar la seguridad personal, patrimonial y familiar. Recordemos que en los
antecedentes históricos del pueblo mexicano no aparece la belicosidad; y si éste ha
tomado las armas siempre ha sido en defensa de su libertad, soberanía y
autodeterminación, no en el afán de conquista.
El fenómeno conocido como MOVIMIENTO DEL
68 en el cual estudiantes, amas de casa, obreros, empleados, burócratas, etc. ejercieron
sus derechos, mismos que el gobierno federal vulneró violenta y represivamente, no fue un
movimiento armado, ni puede calificarse como un "levantamiento". Fue un
fenómeno social que aconteció no sólo en México, sino en muchas partes del mundo
(recuerden que inició en Francia).
Ahora bien, la Constitución tutela el
derecho del ciudadano mexicano a la posesión de armas estableciendo "artículo
10.— Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en
su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por
la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de Ejército, Armada, Fuerza
Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos
y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas". (La
última parte condiciona la portación de las mismas).
Tendríamos que hacer un análisis
profundo, ponderar los pros y los contras que emanan de la Ley que reglamenta y controla
la posesión y portación de armas, derecho que tiene todo ciudadano mexicano, lo cual no
es la intención del presente, el objetivo de éste es hacer un esbozo de las posibles
repercusiones que impactarían a la sociedad al facilitarle acceso a las armas.
La obligación de la seguridad pública
es del Estado, no de la población civil.
Dar a la población la libertad para la
posesión y portación de armas (tiene el derecho y lo puede ejercer conforme a la Ley)
con el afán de que coadyuve al combate del crimen, implica que el Estado incumpla en su
tarea y obligación, transfiriendo a la población civil parte de esa tarea y obligación
que le corresponde, como lo es el combate a la delincuencia. Y si se concluye que para
ello es necesario que la población civil se arme, estaríamos en peligro que esa libertad
se convirtiera en libertinaje, lo que podría ocasionar un caos social. Si el Estado no ha
sido capaz de combatir el crimen, dar facilidades al pueblo para que se arme no le daría
valor agregado a ese combate, sólo lo complicaría y se generaría un problema mayor. El
combate a la delincuencia no es potestad de la población civil sino de las instituciones
de seguridad pública, mismas que tendrán que revisar las estrategias que utilizan, ya
que no han obtenido los resultados deseados.
Otra de las implicaciones que tendría la
existencia de una fácil acceso a adquirir, poseer y portar armas, sería la
disponibilidad de ellas para los propios maleantes; si en la actualidad ya es un gran
problema debido a la capacidad económica que tienen, una mayor facilidad de acceso a las
armas le daría la libertad de comprar mejores y a menor precio.
Además de lo anterior, al aparecer un gran
número de armas en el medio existiría la accesibilidad a ellas para los menores de edad,
con los riesgos que ello implica.
Debemos recordar que en países como
Estados Unidos de Norteamérica, tradicionalmente (por cultural y porque su marco
jurídico se los permite) sus ciudadanos han tenido acceso a la adquisición y portación
de armas con resultados nada agradables, tienen un índice alto de mortalidad causada por
arma de fuego, asesinatos en riñas familiares, asaltos, robos, masacres en escuelas;
francotiradores urbanos —en lo particular recuerdo de aquél que se posesionó de la
torre de la Universidad de Austin, Texas y sin motivo mató a un número considerable de
personas— etc., eventos que han obligado a diversos presidentes estadounidenses y su
Congreso a considerar la conveniencia de legislar sobre el tema, con la finalidad de tener
un control estricto sobre las armas existentes en su territorio en manos de sus ciudadanos
y restringir el acceso a ellas.
Si vemos los problemas de nuestros vecinos
del Norte relacionados con armas de fuego y sabemos que la causa de ellos fue la libertad
para la obtención y portación de las mismas, no considero que sea necesario generar las
circunstancias para que emane un problema similar.
¿Qué hubiese pasado si el pueblo hubiera
estado armado en el movimiento del 68? No lo podremos saber. Pero sí sabemos que
actualmente vivimos en un estado de Derecho donde la democracia da sus primero pasos y
donde nosotros debemos crecer como ciudadanos, exigiendo a las autoridades responsables el
cumplimiento de sus obligaciones y descartar acciones, como que la población civil se
arme, acciones que nos llevarían en retroceso hasta un estado de barbarie.
Una gran parte de mis amigos son de otros
estados de la República, algunos radican aquí y otros mueren de envidia por no poder
hacerlo. De todos ellos recibo el comentario respecto a la paz con la que se vive en
Yucatán y puntualizan que ella es difícil, algunos dicen imposible, encontrarla en otras
entidades del país.
Considero que sería infame que con el
pretexto de no quedar inermes ante el crimen organizado se inicie la
"pistolización" de la población civil por iniciativa propia o a través de
modificar la Ley. Si en otras entidades del país ya existe ese problema, nuestra
obligación es no permitir que suceda en la nuestra y la única forma de conseguirlo es
exigiendo a la autoridad el cumplimiento de sus tareas y obligaciones, no armando a la
población civil.
Desgraciadamente, vivimos la realidad de
que las organizaciones delictivas en mucho han superado a las instituciones de seguridad
pública e incluso en muchos casos se han infiltrado en ellas. Reitero que no considero
adecuada la posibilidad del fácil acceso a las armas para la población civil.
Otro aspecto que debemos considerar son los
factores psicológicos, culturales y los valores morales de las personas que tendrían
acceso a las armas, los cuales son determinantes para el buen uso de éstas y no la simple
educación para el manejo de ellas.
Espero que usted, su familia o amigos nunca
tengan la mala experiencia (yo la tuve en otro Estado) de ser encañonado sin motivo por
un pelafustán y podamos seguir viviendo en un Estado donde impere la paz y tranquilidad
que siempre lo ha caracterizado.
Mi disidencia al hecho de dar a la
población civil más facilidades para que maneje armas se debe única y exclusivamente a
que no creo que el fuego combata al fuego, es momento de ir adelante, tenemos suficientes
problemas en un mundo donde la delincuencia crece por la impotencia o indolencia y en sus
casos por la complicidad de los gobiernos. Creo que la solución no está en que la
población civil tenga acceso a las armas y que ésta coadyuve en el combate de la
delincuencia o en el resguardo de su seguridad, familia o patrimonio, pues es obligación
del Estado velar por ellos. Contrario a ello, pienso que debe de restringirse.
El Estado deberá encontrar los mecanismos
para dar a la sociedad acceso a los servicios de seguridad, salud, educación, trabajo (es
obligación de él y derecho de ella) y, en consecuencia, tendremos familias más
integradas donde se inculquen valores como verdad, justicia, libertad, igualdad con una
pizca de tolerancia, que tanta falta hacen al hombre en la actualidad. Todo ello dará
como conclusión una mejor sociedad.
Como diría Juanón cuando un amigo le pide
la pistola, diciéndole que un tipo ya lo tiene enfermo: ¡Si no es vacuna, pelao!
El remedio sería peor que la enfermedad.
El hecho de no compartir la idea de dar
facilidad a la población civil para el manejo de las armas, nada tiene en contrario con
la posibilidad de mejorar las leyes que regulan la posesión y portación de las mismas.
Tal es mi convicción. (R.C.Z. Mérida, Yucatán, Méx., agosto de 2001). |
