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Mérida, Yucatán, México

Edición 622 del viernes 21 de septiembre de 2001

Semanario de Información y Análisis Político

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La violencia solo origina violencia

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¿El principio del fin del orgullo norte amnericano?

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La biblia, el corán y las profesias de Nostradamus
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El aspirante a vedette
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PATRICIO COMO GOBERNADOR

¿CÓMO SIENTES QUE VA EL GOBIERNO DE YUCATÁN?

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Muy mal
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Resultados

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De todo un poco

Análisis/La Revista

    Intentos de desestabilización con cargo a los alcaldes priístas
Necesidad de liquidez vs. existencia de activos: la batalla de los dineros
Recontrataciones en la fracción priísta

Prosiguen los conciliábulos, nos refieren, de los estrategas cerveristas, aunque los escenarios difieren del pasado inmediato y entre los de más reciente data, de acuerdo con una versión, destacan dos -uno subordinado al otro- situados en la capital del país y en el rancho donde, según el vulgo y algunas investigaciones, es famoso por la relación que se le atribuyó con un sonado caso.

La primera reunión se habría celebrado hace algunos días en la capital del país, presidida por el ex gobernador sexenal y ante diputados yucatecos locales y federales del PRI. No hay una fuente confiable sobre lo tratado, pero en la segunda junta, celebrada esta vez en la hacienda referida ante un público conformado por unos 40 alcaldes priístas congregados por dos de dichos legisladores de la Cámara Baja, al menos el tema habría sido uno de los puntos analizados días antes por los convocados en la metrópoli.

La versión refiere que los diputados Feliciano Moo y Can y Carlos Berlín Montero habrían invitado a los 75 alcaldes priístas yucatecos para recomendarles y aconsejarles qué hacer ante los recortes en las participaciones estatales que corresponden a los ayuntamientos que presiden.

La situación de los ayuntamientos no es fácil, como se reconoció en la junta invocada, pues muchas administraciones resienten los ajustes en los presupuestos como consecuencia de las deudas que muchos saldan, provenientes de compromisos adquiridos por las administraciones que les antecedieron. Dichos fondos fueron otorgados en un generoso reparto dispuesto por el gobierno cerverista para un ejercicio eminentemente político y electoral, especialmente durante las campañas políticas.

La recomendación dictada en la reunión exhortaba a los alcaldes a reclamar al gobierno estatal la entrega completa de los fondos recortados, sin considerar que el ajuste obligado deriva de los adeudos contraídos en las postrimerías del sexenio anterior. Incluso se habló de organizar movilizaciones en los municipios y protestas de diversa índole para presionar a la administración a, dizque "liberar" los fondos en cuestión.

Pero la reunión tuvo dos lunares para los convocantes y organizadores. En primer término, que no acudieron todos los alcaldes priístas, y los que lo hicieron no salieron del todo satisfechos ante las sugerencias.

El argumento principal es que varios de ellos experimentaron angustias y protagonizaron genuinas piruetas para, en muchos casos, sacar adelante sus elecciones sin la ayuda de su partido y menos del gobierno estatal cerverista, de forma que un sentimiento generalizado fue el de que se pretendía usarlos en una cruzada de la que no sienten la necesidad de participar y menos para emprender batallas frontales con el gobierno estatal manejados a la distancia.

Además, arguyeron, muchos son conscientes de que el origen de sus penas no está en el uso partidarista y político de los fondos estatales, como se les quiere hacer creer, sino en la consecuencia lógica de compromisos adquiridos por sus antecesores.

Muchos salieron echando pestes. Expresaron que el motivo de la reunión deja en claro que su partido en Yucatán no cambia y sigue secuestrado por quienes ahora pretenden generar puntos de conflicto para motivar las inevitables y odiosas comparaciones.

No fueron pocos quienes no consideraron inadvertido el perfil del sitio elegido para la reunión y los más felices resultaron ser los ausentes, los que entre sonrisas y carcajadas escucharon las lamentaciones de los que acudieron.

El episodio es creíble cuando incluye a uno de los protagonistas, Jorge Carlos Berlín Montero, una pieza incondicional en el tablero cerverista. Lo que no encaja es cuando el otro convocante es identificado como Feliciano Moo y Can.

No creemos esto último porque consideramos que Moo y Can sería un político con el cálculo errado al aceptar encargos de esa índole. No olvidamos que él representa una de las carteras estratégicas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la de Asuntos Indígenas. Es lógico que involucrarlo en hechos de esa índole despertaría suspicacias porque uno no puede aceptar que en estos Tiempos un integrante del CEN ande haciéndola de agitador desde la clandestinidad.

El ejercicio de un cargo de esa índole en el PRI requiere de una visión distinta, ajena por completo a la de un simple azuzador de poca monta. Por eso cuestionamos la versión cuando se identifica a Moo como uno de quienes la presidieron.

¿O acaso Dulce María Sauri también está involucrada? Además ¿en alguna entidad los priístas se han metido a boicotear a los gobernantes panistas?

Además, aceptar un suceso similar equivale a dar por un hecho que los cerveristas hacen una vez más uso de un recurso que les distinguió: motivar un escenario a su adecuada conveniencia.

O ¿no proporcionó su gobierno en exceso los fondos que ahora faltan a los alcaldes entrantes y que éstos deben pagar?

El tema financiero no se agota porque parece conformar el primer campo de batalla formal entre los panistas y los cerveristas que hasta ahora se ha mantenido en escaramuzas de dimes y diretes entre el gobernador Patrón y el diputado Casellas.

Cuando el gobernante contabiliza la deuda es obvio que incluye a los activos del gobierno estatal en un rubro: falta de liquidez, la carencia de fondos frescos y accesibles que termine con el problema que paraliza a la administración pública local.

En contraste, el diputado Casellas pide que a la hora de cuantificar la deuda se descuente el importe de los activos, al cabo que, según dice, hay muchos, y es cierto, pero el problema es hacerlos dinero líquido mediante la venta o la enajenación.

Como si ahora cualquiera pudiera concretar en un santiamén una complicada compra-venta de los terrenos de la ex estación radiomonitora de la SCT o tuviera la facultad de comercializar al contado los onerosos espacios del Centro Joyero de Yucatán.

O acaso mediante esos activos se pudiera satisfacer una necesidad de pago inmediata, como entregar equis número de metros cuadrados o lotes a un alcalde que requiere con urgencia fondos para cubrir necesidades elementales de su municipio, verbigracia el pago del consumo público de energía eléctrica.

Son, indudablemente dos visiones de un solo problema.

La diferencia es que una de las partes también la quiere utilizar como carne de cañón de sus ofensivas políticas.

Y hablando de políticos, nos presentan un retrato de la fracción priísta en el Congreso con el caso de su coordinador, el diputado Cleominio Zoreda Novelo. Sucede, nos relatan, que él ejerce discrecionalmente los poco más de 90 mil pesos que recibe al mes del Congreso dicho grupo parlamentario.

¿Recuerdan al ex oficial mayor del Congreso en la era Hoyos? Nos dicen que Ismael Magaña Mata, quien hace poco fue relevado de sus funciones, fue "recontratado" por Zoreda para laborar, ahora sí formalmente, al servicio pleno de la fracción con un salario mensual de 12 mil pesos.

También fueron contratados "abogados" separados de sus cargos en el Congreso por la actual Legislatura a iniciativa del ex secretario de Gobierno, quien se distingue por sus prolongadas ausencias del edificio legislativo.

No son pocos los diputados de la fracción que observan las atribuciones que se ha tomado Zoreda. Él es quien tiene en su despacho la única computadora asignada a la fracción (por supuesto, con acceso a Internet) y su respectiva secretaria, mientras que los otros diputados andan por los corredores viendo quiénes les escriban en "chan" máquina de escribir los documentos inherentes a sus funciones legislativas.

Lo más preocupante es que Zoreda anda tirando líneas para atacar desde la tribuna legislativa a personal del Congreso, un recurso inédito, de efectos sumamente limitados y de nulos beneficios a quienes los promueven.

Que al Issstey llegan inusuales documentos para cobro. Son contrarrecibos que amparan promesas de pago a proveedores de materiales inusuales para los trabajos de la dependencia, como camisetas y gorras, confeccionadas sobre pedido para la campaña de Orlando Paredes Lara como candidato del PRI a la gubernatura.

En casos como los referidos, los entusiastas activistas de la campaña no cuidaron ni las formas ni se preocuparon por encubrir lo obvio.

 

 

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