La mañana del 17 de diciembre se reunieron los legisladores federales yucatecos de diferentes fracciones partidarias (PRI, PAN, PRD) con el gobernador Patrón Laviada para analizar la ya añeja polémica por los límites entre las tres entidades peninsulares, conflicto que se remonta por lo menos hasta la época del presidente Benito Juárez, hace más de 144 años.

Abordaron otros asuntos, tales como la Reforma Fiscal Federal, el presupuesto nacional para el 2002, las participaciones a los estados y municipios, así como la necesidad de aprovechar sus coincidencias en favor de Yucatán, dadas sus altas investiduras, pero el tema principal fue el lío limítrofe y sus implicaciones, en caso de que la Suprema Corte resuelva en las próximas semanas, a partir de enero, cuando retornen los ministros de sus vacaciones de fin de año.

Cálculos aproximados indican que los diputados federales y el jefe del Ejecutivo local platicaron durante dos horas y media, pero el Punto Put y su ubicación, más los "rebotes" que tendría el fallo del máximo tribunal del país en las tres entidades les consumió casi dos horas de charla.

Al parecer, la junta fue convocada por Patrón Laviada, quien habría sido alertado por el secretario de Gobernación –Santiago Creel- sobre la inminencia del fallo de la Corte y su eventual intervención para que lo retrasaran un poco -¿qué es un "poco" luego de tantísimos años- para que se buscara una salida negociada que no amenazara la gobernabilidad de esta región del país.

En virtud de que tal es el trabajo de Creel —garantizar la paz social y la gobernabilidad— no resulta descabellada nuestra especulación máxime que los participantes en esa reunión hicieron un pacto de discreción para no intranquilizar a la población y, eventualmente, remover viejos odios y crear una innecesaria zozobra lo cierto, está a la vista se juntaron a instancias de alguien, pero el propósito periodístico no es exhibir las entretelas de la política federal hacia las entidades peninsulares en este asunto, sino aportar a los lectores los elementos que le pudieran llevar a formarse un criterio sobre este delicado asunto, que nos es inevitablemente común a todos quienes vivimos en la península.

Hay versiones encontradas sobre los efectos de una eventual resolución a favor de algunas de las partes, habría en tal caso costos sociales y políticos, se duda incluso de la capacidad jurídica de los nuevos ministros de la Corte, se preguntan que pasaría con el municipio campechano denominado Calakmul que se dice se asienta sobre 4 mil 800 kilómetros cuadrados del territorio quintanarroense, que si la resolución le pudiera robar 5 mil 400 kilómetros cuadrados a Yucatán o como producto de otros análisis jurídicos se indica que en ningún caso Yucatán perdería territorio. Igualmente, la controversia ante la Corte es presentada hace varios años —1997— por el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid ahora recluido en el severo penal de Almoloya y, en tal virtud, si el fallo fuese favorable a Quintana Roo sería un triunfo del ahora encarcelado pero, si esa joven entidad pierde la derrota sería para Joaquín Hendricks; de la misma forma, si Campeche gana el triunfo sería para Jorge Salomón Azar García y si pierde cargaría con la vergüenza el Ejecutivo vigente, Antonio González Curi. En este aspecto, debe hacerse resaltar la animadversión abierta de los actuales gobernadores contra sus predecesores y viceversa. Además, es inaudito que en Calakmul hay escuelas de Quintana Roo y de Campeche, dos cuerpos policíacos, uno por entidad, y también sendas lecherías y sistemas de agua potable dándose el hecho de que los aproximadamente 3 mil vecinos de esa polémica zona cuenten con credenciales para votar de ambos estados y voten en las elecciones campechanas y en las quintanarroenses. Otro punto relevante es la existencia de una reserva de la biosfera en esa región dotada de una rica selva maderable y por su difícil acceso constituye un lugar ideal para rutas del narcotráfico.

Hemos consultado a varios analistas para tratar de establecer las proyecciones de este complejo lío limítrofe que abarca consideraciones históricas, jurídicas, políticas y sociales. Parece ser que el camino más conveniente y legal es "dejar las cosas como están", pues de esa forma no se vería afectada ninguna entidad ya que cada una mantendría sus territorios actuales, pese a que cada una de las tres constituciones establece diferentes medidas para sus ámbitos. La segunda vía de resolución, consistente en darle la razón a Quintana Roo, trae consigo el agrandamiento del lío al generarse pérdidas de territorio para Yucatán y Campeche —el articulista Rafael Acosta Solís sostiene en esta propia edición que no pasaría nada por lo que será necesario ahondar en esta polémica—. La tercera opción es política, generaría "correr" la línea limítrofe llamada Dupreé hacia Campeche.

Debe mencionarse que la zona en conflicto abarca una franja de 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo.

Actuando de inmediato los diputados federales yucatecos ya se reunieron con el presidente de la Suprema Corte para analizar los efectos de una resolución en un sentido o en otro, pero como era de esperarse el resultado de sus gestiones fue en primera instancia nulo. "No nos dijo muchas cosas" expresó desencantado el diputado tricolor José Ignacio Mendicuti Pavón. (¿Esperaba otra cosa?).

Conviene recordar que Yucatán originalmente, cuando era Capitanía en la Colonia abarcaba la península y parte de Centroamérica. Hace 150 años Yucatán, ya sólo era la península y hubo una guerra separatista de Campeche; hubo una sola batalla en Blanca Flor y perdieron los yucatecos, siendo ahorcados en Poc Boc los generales yucatecos. Al retomar el presidente Juárez el control del país emite el decreto para crear Campeche con las medidas y colindancias que tenía, pero al no precisarlas comete el primer error histórico de los varios que hoy nos tienen pendientes de este asunto; la frontera marítima que da hacia el Golfo eran las localidades salineras de Real de Salinas y Celestún y luego se trazaba una línea inclinada hacia el Punto Put hoy conocido como viejo Punto Put. Años después a principios del siglo pasado el presidente Porfirio Díaz crea el territorio de Quintana Roo y comete el segundo error histórico pues su decreto hacía referencia a las medidas de esa época que tenía Yucatán. En los 30’s es desaparecido el territorio y se divide a la mitad entre Campeche y Yucatán, correspondiendo el Sur a los primeros y el Norte —incluyendo Cozumel— a Yucatán.

El presidente Cárdenas reinstala el territorio pocos años después y en Mérida se reúnen los gobernadores de Campeche y Yucatán con el Secretario de Gobernación para reestablecer los linderos entre las 3 entidades. Desafortunadamente no son ratificadas las líneas divisorias internacionales oficiales, conocidas técnicamente como "puntos trinos", que sirven para la línea divisoria entre México, Guatemala y Belice y esta anomalía persiste hasta la fecha.

Yucatán establece como punto de referencia "un lugar cerca del Punto Put" y Campeche reestablece en su Constitución el llamado "Rancho Put" y se son sembradas jurídicamente las bases de este conflicto, por su lado el gobierno federal ordena el trazado físico de la denominada línea Dupreé en medio de una espesa selva alta. En esos tiempos también, como pretendiendo ahondar las diferencias, es construida una mojonera que luego se ordena demoler. Ya desde tiempo atrás los talamontes hacen de las suyas hasta que los retira el gobierno federal y aquellos inventan ejidos con migrantes de otras entidades para explotar la madera simulando desmontes.

Así pues, este breve esbozo nos indica la complejidad de este lío limítrofe sobre el que ahondaremos en próximas entregas