 Cuando el entonces presidente Luis Echeverría
Álvarez convirtió al territorio de Quintana Roo en Estado, los enfrentamientos entre los
vecinos se agudizaron por viejas rencillas de limites que desde la época juarista
existían. El gobernador de Yucatán, Loret de Mola, se inconformó públicamente con la
decisión presidencial, convocó a diputados y senadores a hacer un frente; con el apoyo
del Legislativo estatal mediante el decreto 328 de fecha 26 de marzo de 1975 (hay una fe
de erratas del 3 de abril de 1975, pues en la publicación en el Diario Oficial se hablaba
de otro artículo diferente al del tema) se reformó el artículo 14 de nuestra
Constitución estatal, estableciendo las coordenadas que consideraba correctas;
específicamente la ubicación del punto geográfico "cerca de Put" en 19
grados, 18 minutos, 27 segundos latitud norte, y 89 grados, 8 minutos, 52 segundos
longitud oeste. Posteriormente el estado de Yucatán intentó promover una controversia
constitucional, pero la ley reglamentaria del 105 Constitucional no existía y el problema
se diluyó sin resolución en los pasillos de Bucareli, en Gobernación...
Veintitrés años después, los gobernantes
de Quintana Roo y Campeche, Mario Villanueva Madrid y Carlos Salomón Azar, rompieron
relaciones, se acusaron mutuamente de querer mutilar el territorio de cada Estado,
agravándose el problema con la expedición del decreto en donde creaba el municipio de
Calakmul, por parte del gobierno de Campeche. El estado de Quintana Roo contrató los
servicios del famoso Jurista Ignacio Burgoa Orihuela y con el apoyo de su Tribunal
Superior de Justicia inició la defensa de su territorio, presentando una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual quedó asentada
con el número 9/97. Considero importante señalar que este tipo de procedimiento se
empezó a utilizar a partir de la emisión de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y
II del artículo 105 de la Constitución Política de México en el año de 1994,
inclusive un transitorio de la citada ley contemplaba la posibilidad de resolver problemas
añejos si se presentaban en el lapso de seis meses a partir de la vigencia de la citada
ley, situación que no ocurrió con los límites entre los tres Estados sureños, sino
hasta la creación del municipio de Calakmul, que permitió, como hecho jurídico nuevo,
crear nuevos plazos para que no se argumente la prescripción o caducidad de la acción.
Con la demanda interpuesta, se consideró
que el estado de Yucatán era el afectado, pues cualquier modificación movería los
límites yucatecos, por lo que el Estado fue citado como tercero interesado. En el caso de
Yucatán, como abogado externo se determinó a Julio Mejía Salazar, por lo interno al
suscrito y como asesor histórico el doctor Salvador Rodríguez Losa ( el historiador),
sumándose posteriormente el hoy difunto y excelente hombre Paulino Romero Conde. Por
Campeche encabezó la defensa el despacho del afamado jurista y parlamentario José
Trinidad Lanz Cárdenas. El estado de Yucatán contestó que en el asunto planteado debía
prevalecer los límites señalados por nuestra Constitución Estatal, no sólo por razones
históricas, sino por que el Derecho nos otorgaba la razón, pues las leyes de Quintana
Roo se contraponían a las de nuestro Estado, específicamente en lo referente al punto de
intersección, pues mientras ellos consideran que el mismo se encuentra en el Rancho Put,
una ranchería que años después se convirtió en un pueblo denominado Moreno, que luego
desapareció con la Guerra de Castas y quedó abandonado y en ruinas, quedándose el
nombre de Put o Puut (algunos sostienen que significa papaya; otros, punto de
intersección territorial). Para Yucatán ese punto se encuentra como a 32 kilómetros
dentro del actual territorio de José María Morelos, es decir, hacia el oeste, esta
divergencia equivale aproximadamente a 5,400 kilómetros cuadrados, los cuales actualmente
están en posesión de Quintana Roo, señalando como ejemplo para su ubicación los
poblados de Dziuché y José María Morelos. Ante la contundencia de los argumentos de
Yucatán, Quintana Roo decide entonces demandarlo a través de la Controversia
Constitucional 13/97, estableciendo como tercero interesado al estado de Campeche.
Las controversias constitucionales en esa
época eran procedimientos poco explotados, por lo que el ingenio de los abogados fue el
que prevaleció; Yucatán, al inicio, pidió que además del vecino estado de Campeche se
llamaran como terceros interesados a los municipios de la zona, lo que aprobó la Corte
ante la molestia de los abogados de Quintana Roo, que desde esa época ponían plazos muy
cortos de resolución del problema o al menos eso declaraban en la prensa, no sé si para
darse valor o simplemente para justificar sus altos honorarios. Los campechanos fueron
extremosos y pidieron que hasta los ejidos; a estos extremos sí la más alta autoridad
del país se negó; las famosas notificaciones eran un martirio, en promedio tardaban 15
días y los actuarios en algunos casos hasta en burro tenían que andar para lograrlas.
Las anécdotas son interminables, recuerdo que cuando el gobierno de Quintana Roo
prescindió de los servicios del despacho contratado y no les notificó, acudimos a una
audiencia, llegaron como cinco abogados trajeados, bastante "pesados", y a la
hora de las acreditaciones un magistrado del estado de Quintana Roo dijo que los señores
carecían de personalidad por habérseles revocado, situación que el subsecretario de
acuerdos, el buen amigo Rebollo, resolvió con su siempre chispeante astucia, reconociendo
al final que sudó la gota gorda, por lo complejo y engorroso del momento. Don Julio
Mejía Salazar hizo de las suyas en todo momento y demostró la alta calidad de juristas
de nuestro Estado; en la audiencia de pruebas, Quintana Roo llegó con aproximadamente
catorce cajas de archivo como pruebas, Campeche nueve y Yucatán con un escrito a media
carta, "con inclusive una falta ortográfica", pero tan valioso que suspendió
la audiencia y nos permitió conocer las pruebas del rival...
La diligencia más importante y que además
ha sido modelo de muchas más posteriores, fue la de la inspección ocular, en donde
debimos recorrer todos los puntos limítrofes de los tres Estados por aire, mar y tierra,
desarrollándose una aventura digna de relatar en "National Geographic".
Considero importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comisiona al
magistrado Pablo Monroy, para que entre otros encabezara esta expedición. En Celestún
inició la ruta, trasladándonos al lugar en una lancha de pescadores; posteriormente nos
dirigimos al paralelo 21, esa fue una dura experiencia para todos, como el equipo Yucatán
se había dividido, existían compañeros ya en la zona con representación y todo,
nosotros la verdad es que no pudimos llegar, pero sólo Yucatán logró llegar con la
gente de la Corte, por la gran distancia que se recorrió a pié y por el calor sofocante;
en los días siguientes visitamos Chemax, algunos municipios de Quintana Roo, el Rancho
Put, el punto cerca de Put, donde los arqueólogos yucatecos descubrieron vestigios de
campamentos chicleros y de origen maya que nos daban la razón, luego a los límites con
Belice y finalmente a los límites de Celestún con Campeche, donde curiosamente el
último predio yucateco que colinda con Campeche es el del abogado Julio Mejía.
Finalmente, la firma de documentos y demás se llevó a cabo en el hotel Conquistador de
esta ciudad, donde los comentarios e historias se hacían interminables por lo interesante
del asunto.
Desde hace más de un año el procedimiento
concluyó, la espera que se ha dado es para que se emita la sentencia, el voluminoso
expediente de más de treinta mil hojas ha retrasado la resolución, el cambio de gobierno
de Yucatán hizo que los últimos abogados que iniciamos este procedimiento nos
retiráramos, pues de los otros Estados, en varias ocasiones, los cambiaron.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
no tiene un plazo para resolver este asunto, pero los rumores han vuelto a florecer y que
la decisión nos favorecerá; de ser cierto, la Justicia y la razón se impondrán, pues
Yucatán fue el afectado de las decisiones centralistas y sin fundamento que nos
desmembraron en historia y territorio... (R.A.S. Mérida, Yucatán, Méx., diciembre de
2001).
* Regidor por el PRI del Ayuntamiento de Mérida |
