A partir de los atentados del once de septiembre y, más específicamente, desde que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica emprendió la cruzada contra el terrorismo pocos días después, numerosos acontecimientos han acompañado este suceso, como una estela de humo que poco a poco va descubriendo nuevas facetas y nuevos retos para la modernidad: la resolución de conflictos que súbitamente se presentan y urgen de respuesta, de una revisión normativa y de los juicios con los que se rige o se intenta regir la vida económica, política y social de buena parte de la humanidad. La guerra que se libra en Afganistán, la búsqueda de sospechosos y responsables de los avionazos que ha tenido el apoyo de muchos países, el radicalismo islámico que todavía se practica y enseña en algunas regiones -e inclusive la probable captura de la cúpula de Al Quaeda- han traído consigo un análisis y una crítica severa de la modernidad y los procesos que el presente había considerado como ejemplares, pero que han demostrado aún tener fisuras graves y vacíos que es necesario completar.

Sobre la línea cronológica, el primer problema surge al no existir una legislación internacional que pueda emprender la captura de quienes entonces eran aún implicados sin certera responsabilidad. El Tribunal Penal Internacional, hasta este momento, ha sido el único órgano legal y transnacional encargado de juzgar a criminales de guerra o genocidas; su rectificación por parte del gobierno de Washington estuvo pendiente hasta poco después del día de los atentados y, aunque aquél hubiera sido el encargado de capturar y enjuiciar a los extremistas participantes, todavía no incluía entre sus estatutos el tema del terrorismo. Al no existir reglamentación legal alguna sobre este tipo de violencia -que mostró sus dimensiones más extremas- era inminente la intervención bélica, un tanto por ese intento de perseguir "a todos los terroristas" como por la imagen que EE UU debía demostrar en ese momento: de no intervenir con prontitud y demostrar que los asesinos serían perseguidos, la impunidad quizá hubiese exaltado los ánimos suicidas de fanáticos similares. Y no es una justificación para la guerra pero sí un asunto de seguridad, que se volvió el tema central de los tres poderes norteamericanos. La prisa, no obstante, con la que se pagó el precio de pasar por alto al tribunal y a la ONU devino en lo que es de voz común, sobre todo en países donde el poder judicial dista aún de ser ejemplar, ya no resguardo de la seguridad y el bienestar de los habitantes: la ley es lenta, tarda en dar resultados y, aprendido quedó, es más rápido hacer justicia por mano propia, sobre todo cuando el agravio es cometido contra la nación más próspera por un grupo de apátridas refugiados en las montañas que enraizaron la bandera de la injusticia para justificar sus actos. La guerra que hoy día libran la Alianza del Norte y las fuerzas aliadas sí hubiese podido evitarse, o por lo menos postergarse lo suficiente para probar la culpabilidad de los señalados; de igual forma, las acciones militares tendrían mucha más validez –no aprobación- si la Organización de las Naciones Unidas hubiese sido el foro para debatir el futuro de la nación afgana, no el de los terroristas sino el de los miles que sin razón alguna han sido afectados por los bombardeos comenzados hace poco más de dos meses. El primer vacío legal aparecía entonces: ¿cómo evitar la guerra si no hay una ley que más allá de las fronteras se encargue de procesar a los criminales?

Antes de que el suelo de Afganistán se cubriera de explosiones y bombas sin detonar, el FBI, la CIA, el Servicio de Migración y prácticamente todo organismo norteamericano dedicado a la seguridad comenzaron la búsqueda de responsables en buena parte de los países del mundo. En lo personal, me sorprendió una noticia publicada hace pocos días en la mayor parte de los diarios españoles: El gobierno de Aznar se niega –y ojalá su postura no reblandezca- a extraditar a los musulmanes capturados en su territorio arguyendo la falta de garantías de los detenidos en caso de pisar las cárceles estadounidenses: la instauración de tribunales castrenses para los juicios y la pena de muerte como condena son los principales obstáculos. El declararse "en guerra" originó al norte de nuestra frontera una serie de decisiones que por desgracia pueden calificarse como un retroceso preocupante en cuanto a las libertades civiles se refiere; así, el debate comenzó por la detención de poco más de un millar de ciudadanos de origen árabe cuyo paradero es desconocido; también son dudosos los motivos por los que han sido arrestados y la propuesta de realizar juicios militares en contra de aquellos. La prensa norteamericana y la inglesa comenzaron entonces un férreo debate sobre si estas decisiones, así como el eliminar el derecho de los procesados a mantener en secreto las charlas con sus abogados, son de verdad convenientes y no una afrenta a las conquistas sociales y civiles que han tardado la historia de la humanidad en ser tal y como las conocemos. Otras opiniones que responden a este debate han rondado el extremo del absurdo, como aquella de la gobernadora de California que pedía al ejecutivo prohibir el ingreso de alumnos extranjeros durante un año a las escuelas estadounidenses. Por fortuna, los centros de educación enfrentaron esta estupidez y quedó solamente como un disparate más de los muchos que a partir del once de septiembre han abundado en los medios de información. Más preocupante aún fue cuando se comenzó a hablar de tortura "moderada" para obtener información relacionada con los atentados, pues ésta sería practicada en estados "amigos" donde la política al respecto fuese menos rígida que en EEUU. Entre las nuevas libertades con que cuenta ahora la administración de Bush es el espionaje telefónico, el arresto disfrazado bajo la regulación de inmigrantes... De tal suerte que uno de los países bastiones de la defensa de los derechos del hombre ahora se encuentra rendido ante la violencia que encuentra estados de acepción para negar uno de los elementos que habían hecho de su sociedad una de las más abiertas, plurales y variadas del orbe.

Aunque es cierto que la seguridad nacional debe ser primordial para resguardar a los habitantes tanto en su persona como en sus posesiones, y éste es quizá el argumento de más peso en este tema, no es posible que se tome la vía fácil, la señalada y combatida con tanto ímpetu en el pasado, la de la tortura... De frente a la solicitud del FBI de perseguir y aprehender a los sospechosos musulmanes, también la policía de varios ciudades de EEUU se ha negado a colaborar, arguyendo que arrestar a cualquiera solamente por su nacionalidad o su origen es discriminatorio... Nada más cierto. Cuando la justicia opera al revés, es decir, cuando el acusado debe probar su inocencia y no el Estado comprobar su culpa, se cae en los métodos preferidos por las dictaduras y gobiernos absolutistas que devinieron en los grandes genocidios del siglo XX: el hecho de juzgar bajo el amparo de la justicia militar también incluye el "no tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable".

Las llamadas "naciones civilizadas" se rigen con base en una serie de obligaciones y derechos. Al ponderar esta afirmación podemos notar cómo las naciones que ostentan un balance más equilibrado entre ambos preceptos –derechos y obligaciones- son las que viven mejor, o por lo menos aquéllas donde las injusticias son castigadas hasta hallar a los culpables y los derechos exigidos so pena de una sanción por incumplir. La democracia norteamericanas sufrió su primer descalabro cuando las cortes tuvieron que decidir quién sería presidente, Al Gore o George Bush, tomando el papel que correspondía al electorado. Ahora se pone en juego no sólo el estado de igualdad, ya que los arrestos y detenciones son contra ciudadanos, en su gran mayoría, provenientes de Oriente Medio; también está en riesgo el hecho de que el color de piel, la religión y las ideologías podrían ser antepuestas al sentido común y tratadas como antecedentes para determinar si un individuo puede ser o no culpable.

El resultado de pasar por encima de la justicia y actuar como la situación exigía trajo consigo los primeros bombardeos que, independientemente de su éxito militar, también han perjudicado a la población civil afgana; no pocos han observado en esta solución una antítesis de lo que Estados Unidos de Norteamérica condena: la violencia que lucha contra la violencia y causa estragos mayores a las soluciones que podría engendrar. Los combates de dos meses asimismo han traído a debate las decisiones de un Estado amenazado y las repercusiones que afectan la legalidad en una situación de amenaza y terror. Ante todo, empero, está la vida, la que es digna de ser vivida, la que aspira a ser la realización plena el ser como persona humana. Después de la vida está la libertad, no sólo de pensamiento y credo sino aquella que garantiza al hombre la posibilidad de, siempre en los márgenes de la ley, actuar como mejor le convenga. Sin libertad no existe vida que pueda decirse como tal, pero tampoco hay libertad en caso de no existir la vida. Las respuestas que hasta ahora ha planteado el mundo ante los conflictos no nacidos, pero sí develados después del once de septiembre, perjudican y ensombrecen tanto a la libertad como a la vida.

Para concluir, una anécdota acontecida en Nueva York hace unos días: Un amigo se encontraba en la aduana del aeropuerto internacional Johnn F. Kennedy esperando su turno en la fila de la aduana. Adelante, un anciano francés se quejaba de las numerosas revisiones y trámites a las que era sometido. Al preguntar al agente de inmigración a qué se debía la demora, éste respondió: América está en guerra, señor... El individuo galo respondió: "¿Guerra?, por amor de Dios, ustedes no tienen idea de lo que es de verdad una guerra". C.C.L. Ciudad de México, noviembre de 2001, xsharly@hotmail.com