¿Debería consultarse a los ciudadanos sobre el alza de tarifas e impuestos? La aprobación por el Cabildo de Mérida de la actualización de los valores catastrales y las nuevas tasas del impuesto predial que deberá avalar el Congreso del Estado, aparte de un efímero intercambio de acusaciones entre regidores priístas y panistas, en el que tomó parte también la Alcaldesa de Mérida, suscitó críticas como la de Patricia McCarthy, dirigente del Frente Cívico Familiar, quien opinó que antes de elaborar su propuesta el Ayuntamiento debió someterla a consulta pública.

Como se sabe, la presidencia municipal y sus funcionarios del Catastro consultaron a técnicos avaluadores y juristas antes de elaborar el proyecto que presentaron al pleno del Cabildo. Sólo después del voto aprobatorio del Cabildo fue que la presidencia municipal y sus funcionarios involucrados empezaron reunirse con "líderes de opinión" y dispusieron una campaña de información en la prensa local con el título de: "Lo que necesitas saber sobre el Impuesto Predial". Antes, la Alcaldesa había respondido a la observación de la dirigente del FCF que "en materia de pago de impuestos, las autoridades no pueden preguntar a los ciudadanos si quieren o no, porque dirán que no".

No obstante el dicho de la Alcaldesa, la Dirección de Comunicación Social realizó un muestreo para conocer la opinión de 207 ciudadanos con teléfono, en ocho distritos en los que los consultantes dividieron convencionalmente la ciudad para ese objeto. El 45% de los encuestados estuvo a favor del aumento del predial, el 43% en contra, un 8% fue indiferente y no se dijo lo que opinó el 4% restante.

Aunque no sabemos qué tan representativa fue la muestra ( sólo participaron personas con teléfono en la casa) ni su margen de error estadístico, lo que sugieren sus resultados es que, en primer lugar, es un prejuicio la idea de que si se le pregunta a los ciudadanos si quieren pagar impuestos éstos fatalmente responderán que no (45% a favor). La encuesta también desmintió otro prejuicio pero de significado opuesto, el que aseguraba que la mayoría de los meridanos (hubo quien dijo que el 80%) apoya el alza del predial porque está de acuerdo con el ayuntamiento de mayoría panista (43% en contra y menos de la mitad a favor).

La encuesta también probó que si la gente no dice lo que piensa es porque no tiene los canales para hacerlo (ningún ciudadano de los que carecen de teléfono fue consultado) y que basta con que le pregunten para que dé a conocer su opinión. De ahí que la pregunta inicial siga siendo pertinente y esté todavía por contestar: ¿Deben opinar los ciudadanos acerca de los aumentos a tarifas e impuestos?

Dirijamos la vista más arriba: El gobierno foxista se empecina en cobrar IVA en alimentos, medicinas, libros y colegiaturas, a pesar de la evidente y abrumadora opinión en contra de cientos de miles de ciudadanos y de la mayoría de las organizaciones políticas y sociales de la nación, con excepción de los miembros de las cúpulas de los grandes empresarios y banqueros, que tienen más de un motivo para apoyar al Presidente. Pero para los tecnócratas, que lo mismo sirven a presidentes priístas que a panistas, la opinión de los ciudadanos por razones de principio son despreciables. Por tanto, para funcionarios fiscales y el jefe del Ejecutivo federal la única "consulta" aceptable fue el cabildeo con gobernadores y jefes de bancadas que les permitiera salirse con la suya a costa del consumo de una población empobrecida en su mayoría.

Bajemos de nuevo la vista: El ex alcalde, Xavier Abreu, tampoco es partidario de pedir la opinión de los contribuyentes, aunque se dice partidario de informar con oportunidad, como él lo hizo cuando en enero de 2001, antes de que su administración impusiera una "simple actualización" del predial, que derivó en incrementos de hasta el 100%, lo anticipó en los "Miércoles Ciudadanos" y en las giras que hizo por las colonias. Si Xavier hubiese sido igual de espléndido en consultar a la gente como lo fue en financiarse sus largos viajes al extranjero, los meridanos tal vez hubiéramos sabido de sus intenciones recaudatorias a tiempo. Un año después, ni la burla nos perdona cuando presume de haber informado por conducto de los poquísimos que no lo escucharon, porque no era eso lo que los movía, en los "Miércoles" y en las giras.

No es sencillo y cuesta bastante informar y consultar a los ciudadanos si se aumentan o no tarifas o impuestos. Hace unas semanas, el gobierno del DF hizo una consulta mediante la cual los ciudadanos pudieron votar por teléfono, previa identificación de sus claves de electores, a favor o en contra del alza de 50 centavos del Metro. De millones de posibles votantes sólo votaron un poco más de 28 mil ciudadanos los que en su mayoría estuvieron a favor del incremento del boleto del Metro. Los capitalinos que votaron estaban enterados por todos los medios de información del enorme gasto que representa para la ciudad el subsidio del tren subterráneo.

La consulta en el DF probó que sí es posible que la gente se pronuncie en esta clase de asuntos. La encuesta de Comunicación Social del Ayuntamiento parece confirmar que es, además de posible, conveniente. Tiene otra ventaja una consulta masiva: motiva el interés de los ciudadanos por los asuntos públicos, lo que ayuda a tener una sociedad mejor informada. ¿No es ésta, acaso, una premisa de la democracia? FELIZ FIN DE AÑO. (R.A.S. Mérida, Yucatán, diciembre de 2001).