Durante los últimos dos meses, han sido del dominio público diversos problemas suscitados en el ámbito de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Yucatán. Protestas de padres de familia en una primaria, de maestros en una secundaria, paro ilegal de labores en una secundaria técnica, renuncia de una funcionaria de cuarto nivel en tele secundarias, exigencias de investigación a presuntas irregularidades y de cambios de personal que labora en esa dependencia, han sido del dominio público.

Ante lo concatenado y podría decirse incluso calendarizado de los hechos, La Revista Peninsular encargó a su cuerpo de reporteros realizar una investigación a fondo que permitiera a este semanario, presentar a sus lectores un panorama amplio de las causas y efectos que están generando los problemas mencionados, en la dependencia más grande de la administración pública del estado. A continuación, presentamos un resumen de los resultados de ese trabajo periodístico.

La Secretaría de Educación del gobierno de Yucatán, cuenta con una plantilla de personal conformada por 26,000 trabajadores al servicio de la educación y tiene cobertura en los 106 municipios de la entidad, con un total de 2,200 escuelas públicas de los diferentes niveles educativos. La presencia social del magisterio por la relación cotidiana que mantienen con las comunidades, convirtió a esa Secretaría en la proveedora principal de activistas políticos durante los 71 años de gobiernos priístas. Cientos de profesores fueron comisionados para efectuar tareas partidistas en los sectores y movimientos de la estructura del partido tricolor, e incluso para desempeñar diferentes actividades en otras dependencias del gobierno, independientemente del gran número de los mismos que trienio tras trienio han ocupado cargos de elección popular en los ayuntamientos y legislaturas estatales.

La organización sindical de esa dependencia, el SNTE, cuenta en Yucatán con dos secciones: la 33 que agrupa a los trabajadores conocidos como federales, ahora transferidos y la 57 a la que pertenecen los estatales. A través de los años, se tejió entre la Secretaría y el sindicato una red de complicidades tan profunda, que resultaba casi imposible determinar donde terminaba una y donde empezaba el otro, o viceversa. Las comisiones sindicales, el otorgamiento de plazas, licencias y ascensos, fueron entre otros, los principales elementos de negociación y entendimiento entre jefes y dirigentes, y por supuesto los hilos indestructibles que garantizaban la disciplina y subordinación al sistema de gobierno.

Desde hace más de cuatro lustros, un grupo político, el Cerverista, se apoderó de las estructuras sindicales de la Sección 33 del SNTE, manteniendo un férreo control sobre las dirigencias de esa organización e imponiendo a los integrantes de las mismas, aún en contra de la voluntad del Comité Nacional de ese sindicato. En el caso de la Sección 57, la hegemonía sindical fue ejercida durante 30 años por Carlos Carrillo Vega, que mantuvo a raya al Cerverismo hasta 1990. Con la caída del patriarca nacional del magisterio, el profesor Carlos Jongitud Barrios, y la ascensión al poder sindical de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, hasta hoy, "líder moral" del sindicato, Carrillo Vega pierde también el poder, y toma el control de esa Sección el Comité nacional.

El pasado 27 de mayo, con el triunfo del C. Patricio Patrón Laviada, en las elecciones para gobernador del Estado, postulado por el Partido Acción Nacional, los esquemas tradicionales de la Secretaría de Educación se cimbraron. Durante el lapso comprendido entre esa fecha y el primero de agosto en que entró en funciones la nueva administración, en la entonces SEGEY, se llevaron a cabo un sin número de apresurados movimientos como el otorgamiento de comisiones sindicales, reparto de plazas directivas sin dictámenes escalafonarios, cambios de adscripciones para mejorar geográficamente a los incondicionales, entrega en secreto de plazas de nueva creación a los amigos, regreso a sus lugares de trabajo de cientos de comisionados, todo esto en contubernio con las dirigencias sindicales y con el cuidado doloso de poner a los documentos fechas retroactivas a los últimos dos meses del año 2000 o enero del 2001, para evitar que con la llegada de las nuevas autoridades educativas, pudiera darse marcha atrás a lo realizado, ya que los reglamentos de condiciones generales de trabajo que rigen internamente a esa dependencia, establecen el término de seis meses de adquirida, para hacer inamovible una plaza.

El dos de agosto del año próximo pasado, tomó posesión como nueva secretaria de Educación en Yucatán, la licenciada Carmen Solís Robleda, quien fue propuesta para el cargo por varios organismos académicos y elegida para el mismo por su currícula profesional y capacidad personal. Iniciar el curso escolar adecuadamente, acabar con el desorden administrativo, luchar contra viejos vicios e inercias imperantes, nombrar a los directores de las diferentes áreas, enfrentar presiones políticas, implementar el capítulo referente a educación del Plan Estatal de Desarrollo y mantener el funcionamiento de la dependencia, han sido algunas de las tareas realizadas durante los primeros siete meses de la nueva administración.

La secretaría de Educación, se encuentra actualmente recibiendo fuertes presiones y golpeteos, principalmente de cuatro grupos diferentes que pretenden mantener sus canonjías unos, o empezar a tenerlas otros.

Entre los primeros, están las estructuras administrativas y directivas heredadas del gobierno anterior, que desde jefaturas de sector, supervisiones e inspecciones de zonas escolares, direcciones de planteles o plazas administrativas, luchan denodadamente por continuar con las viejas prácticas que les aseguren sus cotos de poder; en iguales circunstancias se mantienen las dirigencias de las dos secciones sindicales que encabezan los profesores Freddy Santos Morales en la 33 y Paulino Canul Bacab en la 57, quienes pretendieron influir en los nombramientos de directores y jefes de departamento para mantener su control en los trámites, y presionan continuamente para la obtención de plazas y licencias que manejan a su entera voluntad. La coordinación entre estos dos grupos para ejercer presiones a la Secretaría es entendible, si se toma en cuenta su antigua relación, así como los añejos compromisos y complicidades que mantienen entre sus integrantes.

Los segundos, es decir, los que aspiran a obtener el poder, son dos grupos que igualmente han sumado fuerzas para alcanzar sus objetivos. Uno, está conformado por profesores enfrentados con los representantes del sindicato y con las anteriores autoridades, y que durante el pasado proceso electoral, en el mes de abril para ser exactos, se sumaron a la campaña del entonces candidato Patricio Patrón Laviada, con la esperanza, ahora se ve claro, de lograr un cambio en el gobierno, pero un cambio de personas, no de las formas de ejercer el poder, es decir, apostándole al "quítate tú, para que me ponga yo". Destaca en este grupo la profesora Amalia Couoh Tun, secretaria de educación básica de la sección 33 del SNTE y miembro de la Comisión Negociadora del Magisterio que utiliza como bandera de lucha el cambio al tabulador salarial III. La profesora Couoh solicitó ocupar el cargo de secretaria de educación y, al no obtenerlo, se dedicó a presentar propuestas de personas afines a ella para todos los demás puestos directivos de la administración educativa, sustentando sus pretensiones con el argumento de que por haber "trabajado" en la campaña del gobernador, le corresponde esa retribución política, que además necesita para fortalecer su poder de gestión y asegurar de esa manera su llegada a la secretaría general de su sindicato en el próximo cambio que tendrá lugar en dos años. En la misma postura de obtener cargos en la administración educativa se encuentran los profesores Clemente Orozco y Demetrio Rivero que aspiraron a convertirse en directores de educación primaria y educación superior respectivamente.

La otra parte de esta dupla, esta compuesta increíblemente, por diputados federales y locales emanados del Partido Acción Nacional, que al parecer desconociendo el ámbito de sus facultades y obligaciones, dedican buena parte de su tiempo a enviar tarjetas para que se les otorguen plazas a sus recomendados, a proponer gente para ocupar diversos cargos, llegando incluso algunos de ellos a participar en emboscadas para "renunciar" a funcionarios actuales para que se nombre en su lugar a quienes ellos quieren. Es en verdad sorprendente la manera en que contiendas internas partidistas se trasladan a la administración pública sin el menor recato. Representantes populares como el diputado federal Luis Aldana Burgos, o locales como Aristeo Catzín entre otros, apoyan a determinadas personas, como el profesor Alejandro Dzul que se vanagloria de contar con un documento firmado por diputados panistas que lo proponen para ser el director de educación indígena, o la campaña descalificadora emprendida en contra de la coordinadora de tele secundarias, cuyo cargo supuestamente le han propuesto estos legisladores al ex alcalde ticuleño Marco Pérez. Es necesario señalar, que dos de los panistas "anti Patricistas" más radicales dentro de su partido son precisamente los diputados Luis Aldana y Aristeo Catzín, por lo que resulta extraña la alianza que han podido establecer con el grupo de Amalia Couoh, supuesta simpatizante y apoyadora a morir del gobernador Patrón Laviada. De las actividades desestabilizadoras de esta dupla, abundaremos en la segunda parte de este trabajo, pues por la actualidad del caso, nos referiremos ahora al problema creado en la coordinación de tele secundarias.

La maestra Norma Yam Quintal, es egresada de la facultad de Educación de la UADY, realizó su maestría en docencia en la Universidad de Montemorelos, donde actualmente cursa estudios de doctorado. Fue nombrada coordinadora de Tele secundarias, por haber sido la trabajadora de ese sub sistema educativo con el perfil profesional más elevado, así como por sus antecedentes de eficiencia en el desempeño de su tarea como inspectora en el mismo. La maestra Yam, fue perseguida durante el gobierno anterior, por Ana María Solís, hija del abogado Renán Solís Avilés, quien ocupaba en ese entonces la coordinación de tele secundarias; a pesar de las artimañas usadas en su contra, como el envío de oficios por incumplimientos inventados, la maestra mantuvo su trabajo. Al llegar a la coordinación mencionada, y por petición expresa que le hiciera la profesora Amalia Couoh Tun, nombró como encargada de trámite y control de esa área a la profesora Lourdes Gamboa Durán, que se encontraba "comisionada" por la administración pasada en la oficina de tele secundarias.

La negativa de la maestra Yam a otorgar fuera de concurso las plazas que le solicitaban tanto la profesora Couoh como los diputados panistas, así como el límite que puso a los pretendidos manejos de Lourdes Gamboa, tuvo una agresiva respuesta hace poco mas o menos tres semanas, pues entre los numerosos documentos de trámite que la susodicha profesora Gamboa le pasó a firma, esta última incluyó la renuncia de la primera al cargo de coordinadora. El escándalo fue mayúsculo, Lourdes Gamboa trató de intimidar a la maestra Norma Yam para que hiciera efectiva esa renuncia, con el argumento de que ya se le había entregado el documento al diputado Luis Aldana, quien se encargaría de que la nombraran a ella en el cargo.

Los trabajadores de esa oficina entrevistados por nuestros reporteros, narran con asombro la actitud agresiva y la estentórea voz de que hizo gala Lourdes Gamboa durante el triste espectáculo. Nuestros informantes señalan que ante la falta de probidad y de ética demostrada por la subalterna, Norma Yam, de inmediato giró un oficio mediante el que daba por terminada la encomienda a Lourdes, poniéndola a disposición de la dirección de recursos humanos. Las mismas voces manifiestan que el error fue no haber hecho pública esa situación, lo que permitió que días después, fuera la desleal trabajadora la que publicara en la prensa su "renuncia" a un cargo que ya no ocupaba, señalando con total desfachatez que renunciaba por irregularidades que cometía la coordinadora.

La investigación realizada en otras áreas de la Secretaría, nos aportó datos interesantes sobre la personalidad de la profesora Lourdes Gamboa Durán, como por ejemplo, que su plaza de base, se encuentra ubicada en la secundaria número 103 "Profr. Santiago Herrera Castillo", en la que el 7 de septiembre de 1999 agredió verbal y físicamente a la sub directora del plantel, lo que motivo una denuncia por escrito presentada a las autoridades educativas de ese tiempo, firmada por los maestros y el representante sindical de la escuela. Con fecha 12 de octubre del mismo año, la plantilla de personal del mencionado centro educativo, acordó impedirle la entrada al edificio y exigieron a la SEGEY se llevara a cabo la investigación correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes. Mediante el oficio SE-DAJRL- 28/000 de fecha 4 de enero del 2000, la dirección de asuntos jurídicos y relaciones laborales de la SEGEY, informa al director de secundarias Rogelio Rivero Alvarado el resultado de la investigación realizada, que arrojó la culpabilidad de Lourdes Gamboa, sugiriendo se le sancione con el cambio de su adscripción a otro centro de trabajo fuera de la ciudad de Mérida y la inclusión de una nota mala en su expediente.

Ante el resultado obtenido, la mencionada profesora es protegida por Rogelio Rivero y el sindicato, quienes la apoyan para obtener incapacidades durante varios meses para evitar que se cumplan las sanciones y un certificado médico del IMSS que menciona que padece enfermedades que le impiden trabajar con alumnos y le conceden el cambio de actividad. Ante el trámite necesario para validar el certificado médico, la profesora tiene que acudir al Hospital O´Horán, en el que es valorada en el servicio de siquiatría que el 20 de octubre del 200, le diagnostica DEPRESIÓN RECURRENTE CON ELEMENTOS PARANOIDES y le ratifica el cambio de actividad. Sin embargo, la dirección de relaciones laborales manifiesta que es improcedente el multicitado cambio de actividad, en virtud de que la enfermedad diagnosticada no es considerada como enfermedad de trabajo en las leyes laborales. Sin embargo, la protección de sus jefes se hace más que evidente, pues para evitar el cumplimiento de las sanciones a que se había hecho acreedora, Lourdes Gamboa es comisionada en enero del 2001 para calentar silla en la coordinación de tele secundarias.

Poco tiempo después, se convertiría en colaboradora de la profesora Amalia. (Continuará). Mérida, Yucatán, a 8 de marzo de 2002