Tengo por costumbre, en las reuniones de amigos, pedir opiniones sobre la forma de gobierno mexicano concentrada en el presidencialismo, y casi todos concuerdan con que en nuestro país siempre hemos tenido una rara mezcla de intolerancia política, con impunidad y corrupción, dentro de un marco jurídico, que antes no permitía hablar de una “democracia aparente” y ahora renovó el término y con nuevos bríos por la llegada del partido blanquiazul al poder ejecutivo y, se llama, creo, “cambio”.

Hacia dónde, nos preguntamos hoy en día los connacionales, para atrás, adelante, en medio o rumbo a un mosaico ideológico de izquierda o a la derecha; la realidad es que nos parece que nos encontramos los mexicanos en un helicóptero que está sin dirección, dando vueltas en una turbulencia, sin brújula; la máquina por apagarse y todavía desconocemos si va a caerse el aparato o a despegar nuevamente hacia su destino final, llevándonos a un espacio seguro y próspero. 

Muchos líderes mundiales han querido conocer y estudiar el fenómeno de la fuerza del ejecutivo federal en México, Charles de Gaulle, se maravillaba del término conocido como “permeabilidad desde la base”; Salvador Allende lo calificaba como “bonapartista”, pues lo describió un movimiento de péndulo que en ocasiones favorecía y fortalecía a la burguesía y otras veces al proletariado, pero entre todos ellos sobresalió Pablo Neruda, quien escribió en los años 80 que en México... “el presidente era un emperador azteca, mil veces más intocable que la familia real de Inglaterra y que ningún periódico, ni el broma ni en serio, podría criticar al excelso funcionario sin recibir de inmediato un golpe mortífero”. 

Pero dejemos los recuerdos, y vayamos de regreso a la realidad, donde -por su parte- los encargados del gabinete presidencial actual constantemente caen en contradicciones. Uno de estos, el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, quien a raíz de dar a conocer dos casos de corrupción como la acusación del diputado Carlos Romero Deschamps y al senador Ricardo Aldana Prieto —ambos dirigentes del sindicato de petroleros— por el presunto desvío de $1,100 millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, hace casi dos años.

Y, ahora el mismo funcionario descubre que el ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Carvajal Moreno, se llevó $11.2 millones de pesos en los tiempos que fuera director de Caminos y Puentes Federales, de 1998 al 2000, ello durante la administración de Zedillo.

Y, a raíz de lo anterior, la dirigencia del partido tricolor con razón o sin ella, sale a defender a sus militantes y afirma que podría iniciarse un juicio político al contralor Barrio Terrazas, por el delito de violaciones graves y sistemáticas al régimen constitucional de respeto a las garantías individuales.

Pero lo que a nosotros nos llama la atención son los tiempos para descubrir los presuntos faltantes a estos servicios públicos. Primero, el asunto de PEMEX se da a conocer a la mitad del proceso interno cuando el PRI iba a escoger a su dirigencia nacional y una de las fórmulas, la encabezaba por Madrazo y Gordillo, eran las favoritas de los altos círculos del poder nacional, y la otra, la extraña investigación, se da dos días después de que el priísta Carvajal Moreno, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, convocó a los legisladores a solicitar una explicación de parte del Ejecutivo federal y su canciller, —el otro funcionario presidencial incómodo— sobre los hechos vergonzosos que hicieron salir al presidente cubano Fidel Castro de la reunión de “globalifóbicos” realizada hace pocas semanas en la ciudad de Monterrey. Sin duda, ambos casos de irregular coincidencia.

Por lo mismo, finalmente una reflexión para quienes integran el nuevo gobierno: “no son tiempos de utilizar sus órganos de fiscalización para venganzas o revanchas contra sus enemigos políticos o los miembros de oposición”, sean de cualesquiera instituto político, porque la respuesta será contundente y peligrosa para la sociedad civil, que ustedes representan y se podría caer en la descomposición social, desconfianza y falta de gobernabilidad en el país.

Nadie bien nacido cree en la impunidad; si los dirigentes petroleros y Carvajal Moreno son encontrados culpables de haberse llevado, dinero del pueblo, en tiempo y forma con el procedimiento judicial adecuado, métanlos en la cárcel lo más pronto posible, pero recuerden que nadie es perfecto; observen los errores que han cometido sus mismos correligionarios de partido, como el reciente caso de corrupción y crimen cometido contra María de los Ángeles Tamez, regidora panista de Atizapán, en el Estado de México, donde están involucrados funcionarios emanados del partido en el poder; pues de no hacerlo dos escenarios podrían presentarse: o que el PRI, PRD, u otros partidos políticos pequeños podrían capitalizar sus errores y empezarían a dilapidar simpatías entre los mexicanos, o lo que es peor, se arriesgan a perder el control legislativo y después la presidencia en el 2006 y entonces se aplicará drásticamente la ley no escrita de que... “con la vara que mides, serás medido”. (J.I.G.B., Mérida, Yucatán, Méx., abril de 2002).