 |
|
|
 |
Mérida,
|
|||
 |
||||
|
Los diputados incumplen un expreso mandato de la Constitución y hasta podrían quedarse sin recursos en el 2003... |
||||
|
||||
| Especial / La Revista | ||||
|
||||
|
Frívolos e irresponsables, los diputados mostraron de nuevo una gran desidia y desinterés para atender los asuntos del "Honorable Poder Legislativo". (Ya en ediciones anteriores de La Revista Peninsular han sido abordados los pendientes del Congreso; apenas la semana anterior publicamos que no han logrado aprobar las iniciativas pendientes y adecuaciones a la Constitución local de reformas a la Carta Magna federal, como lo es la relativa al Artículo 115. En ese sentido, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Paoli Bolio, manifestó que pudiera hacerse un exhorto al gobierno de Yucatán, vía Senado, para el cumplimiento de esa adecuación. (Casi diecisiete meses llevan en el cargo y no asumen plenamente su función, han demostrado su incapacidad de generar un auténtico Estado de Derecho, mantienen a Yucatán en desacato con dos modificaciones a la Constitución local, relativas a las reformas municipales y las adecuaciones electorales. (Como hemos publicado, la constante en el Congreso sigue siendo la politización partidaria de los asuntos, las discusiones bizantinas, la descalificación personal e ideológica, las pugnas internas por el protagonismo y la disputa de una jugosas partidas para cada fracción parlamentaria que además carece de sustento legal, la defensa a ultranza de los intereses sectarios, la lucha descarnada por el mejor posicionamiento electoral para dentro de uno o dos años, así como un lacerante rezago legislativo, además de chocar entre sí porque algunos quieren incrementarse sus dietas a niveles estratosféricos). Representantes populares tan omisos insultan al pueblo yucateco con esa actitud y no se dan cuenta de que le están robando prácticamente a Yucatán la oportunidad de avanzar hacia el progreso. En el caso de los diputados priístas, "tal parece que pretenden desestabilizar al Estado desde el Poder Legislativo", como expresara en una entrevista Manuel Avila Noh. Reiteramos: el tan comentado "Congreso del cambio" quedó en más de lo mismo, además de algunos "legisladores" del PRI que se asumen como fieles escuderos de Víctor Cervera Pacheco y sólo se dedican a intrigarse entre ellos, al tiempo que tratan de menoscabar la figura de quien los derrotó el 27 de mayo del 2001 y ahora está al frente del Poder Ejecutivo. A lo anterior sumamos el término de "fracción parlamentaria", que está de boga en el Congreso para establecer claramente la división de grupos de diputados que llegaron al Congreso postulados por diferentes partidos políticos. Sin embargo, dicha figura no está sustentada en ley alguna del Estado. Como una manera de justificar la parálisis de la Legislatura local, el presidente de la Gran Comisión, el panista Ricardo Gutiérrez López -quien por cierto se esconde regularmente de la prensa- ha expresado que sigue buscando los consensos con los priístas y el perredista y que no cejará en su empeño hasta lograrlo. Sin embargo, compañeros de su bancada como Fernando Castellanos Pacheco han dicho que no pueden ser rehenes de las demás "fracciones parlamentarias" y dejó entrever de que se recurrirá a otras opciones para sacar adelante el trabajo pendiente. También dijo que los legisladores del PRI votan sistemáticamente en contra de todo y evitan formar quórum, con lo que obstruyen el trabajo legislativo, y que los priístas, lidereados por Cleominio Zoreda Novelo, en vez de estar solicitando incremento salarial, deberían cooperar para mejorar la producción legislativa. Diputados como el ahora "independiente" Manuel Avila Noh han reconocido que la otrora máxima tribuna del pueblo ha sido convertida en un escenario de dimes y diretes, en el que se trata de todo, menos de los asuntos de interés público. Asimismo, calificó al presidente de la Gran Comisión como una persona bien intencionada, pero que se ha excedido en los tiempos para lograr los consensos. "Ha sido muy tibio, consecuente, dadivoso", manifiesta. Su última "proeza" Ahora, "nuestros legisladores" han sentado un precedente en la historia legislativa de Yucatán, esto es, una flagrante violación a la Constitución Política del estado. Lo lamentable es que para este desacato no hay sanción alguna. Sí, por increíble que parezca. Verá usted: El Poder Ejecutivo tiene hasta mañana sábado 30 para presentar su propuesta de presupuesto para el 2003. Patricio Patrón Laviada estaría en su pleno derecho de no incluir al Congreso del Estado o de hacerlo, pero con el presupuesto que considere pertinente -un peso, 100 ó o dos mil millones. En fechas anteriores, la Gran Comisión, integrada por los diputados panistas Ricardo Gutiérrez López y Fernando Castellanos, el priísta Cleominio Zoreda Novelo y el perredista Jorge Vallejo Buenfil, sesionó con el propósito de elaborar la propuesta de presupuesto para el 2003. Sin embargo, salieron a relucir los intereses personales y partidistas, concretamente el incremento a sus dietas -de 40 mil a 70 mil pesos mensuales- y apoyo legislativo por parte del priísta y perredista, lo que motivó a declarar un receso y postergar la discusión para la próxima sesión. Al día siguiente, ¡sorpresa! No se presentan a la sesión Zoreda Novelo y Vallejo Buenfil. Los otros dos miembros de la Gran Comisión, sin preocuparse por cumplir la ley, deciden hacer mutis y desechar la discusión. Resultado: el Congreso no presentó su propuesta de presupuesto al Ejecutivo, cuya secretaría de Planeación pudiese subsanar esa falta con la repetición del correspondiente a este año. (En su momento, Vallejo Buenfil negó ser responsable de tal situación y afirmó que ve más bien una campaña en su contra orientada a descalificar su posición. El dicho del perredista podría fundarse en la versión de que fueron los panistas quienes no retornaron luego del receso, la cual no ha podido ser confirmada). La Constitución de Yucatán es clara al respecto en su Artículo 30, Fracción XLVI: "Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado... formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo, atendiendo las posibilidades de ingreso y gasto público del Estado y remitirlo al titular del Poder Ejecutivo a más tardar el treinta de octubre de cada año, a fin de que éste considere su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado..." Concluimos, pues, que los diputados locales, que tanto cuestan al erario público, incumplieron la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues no ejercieron tal atribución en los tiempos señalados. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en su Artículo 55, fracción III, dice: "La Gran Comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones: proponer el proyecto del presupuesto anual del Congreso del Estado...". Esta disposición, como podemos ver, les valió un comino a los cuatro miembros de ese cuerpo de gobierno. Pero, ¿habrá castigo para ellos? Veamos lo que señala el Artículo 98, fracción I, de la Constitución yucateca: "El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y las demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones: Se impondrán mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en el artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho. El Artículo 5º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: "Son sujetos de Juicio Político los servidores públicos mencionados en el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Artículo 99 de la Constitución local: "Podrán ser sujetos de Juicio Político los diputados locales propietarios y suplentes en funciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribuna Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal y los presidentes municipales. "Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Estado". Y el Artículo 6º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: "Es procedente el Juicio Político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses políticos fundamentales o de su buen despacho". El Artículo 7º del mismo ordenamiento, en sus fracciones VI, VII y VIII: "Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho: Cualquier infracción a la Constitución del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado o a uno o varios municipios del mismo, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones... Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior... Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal y Municipal y a las Leyes que determinen el manejo de los recursos económicos del Estado". Pero veamos el Artículo 100 de la Constitución yucateca: "Para proceder penalmente contra los diputados locales propietarios y suplentes en funciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias del Ejecutivo del Estado y los presidentes municipales por la comisión de delitos durante el periodo de su encargo, el Congreso del Estado declarará con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la cámara si ha o no lugar a proceder contra el inculpado". La pregunta es: ¿los diputados locales se castigarán a sí mismos? Apuntamos: si estos llamados "representantes populares" no fueron capaces de ponerse de acuerdo para elaborar su propia propuesta presupuestal, qué podemos esperar los yucatecos cuando se trate de aprobar el proyecto estatal de Egresos para el 2003 que envíe -a más tardar mañana sábado- el gobernador Patricio Patrón Laviada Mal hicieron, sin duda, los diputados -panistas o, aliados, el priísta y el perredista, según la versión que resulte cierta- al no asistir a la sesión citada anteriormente. Pero, finalmente ninguno de los cuatro de la Gran Comisión, ni los de la Permanente ni los demás, expresaron su desacuerdo con esa irregularidad. Simplemente consideraron que era más fácil olvidarse del asunto. Quizás pensaron: "Total, Patricio nos considerará en el proyecto de Egresos que nos envíe...". De cualquier modo, los más obligados eran los cuatro legisladores de la Gran Comisión, que coincidentemente son abogados y representantes populares, pero no cumplieron de ninguna forma... Por su parte, el gobernador Patrón Laviada, aunque no tiene atribuciones para obligar al Congreso, bien pudo haber exhortado a esa soberanía a cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en la Constitución, mucho menos hizo algo la Secretaría de Planeación y Presupuesto, que de acuerdo con la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público podría corregir la grave omisión en que incurrieron los diputados. El marco legal vigente, imperfecto, no obliga a los diputados, pero sí consiente que puedan violar la ley. Nuevamente las imperfecciones jurídicas salen a relucir y si no han logrado avanzar en lo esencial, mucho menos se espera que innoven y establezcan mecanismos para corregir situaciones tan lamentables como la que nos ocupa...
|
||||
|
||||
|
|
||||
Además
de una parálisis legislativa que ya lleva prácticamente
diecisiete meses, los diputados locales de Yucatán omitieron
ahora la presentación de su presupuesto para el año
entrante, acto con el que incumplieron con una elemental responsabilidad
expresamente señalada en la Constitución del Estado,
que establece como límite el 30 de octubre. |
|
