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Mérida,
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Sin solución a la vista la pugna entre Patricio y el Tribunal Superior de Justicia... |
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| Especial / La Revista | ||||
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El 21 de agosto, Armando Medina Millet presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra la jueza Cobá Magaña por rehusarse a mostrar las pruebas utilizadas en el caso penal donde el querellante resultó responsable del delito de homicidio. Lo que era simplemente una “medición de fuerzas” entre dos poderes, culminó en total enfrentamiento tras unas declaraciones de Patrón Laviada dadas a conocer el 14 de septiembre, al calificar de “vergüenza” al Poder Judicial del Estado, soberanía que pidió al Ejecutivo precisar sus aseveraciones. El Gobernador reiteró sus afirmaciones durante una convención panista y entrevistas a la prensa. Los magistrados respondieron también con señalamientos de réplica que ordenaron publicar en la prensa diaria. La situación llegó al extremo de que agentes de la Policía Judicial del Estado se apostaron a las afueras y en el interior del edificio del Tribunal Superior de Justicia. El Ejecutivo justificó el operativo como parte de una diligencia que el Ministerio Público llevaría al cabo en ese lugar, en relación con el caso Medina-Abraham. Asimismo, se solicitó la destitución de Cobá Magaña de su cargo. Ahora, cinco de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Angel Prieto Méndez, Ligia Cortés Ortega, Mercedes Pérez Fernández, Ricardo Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, se sintieron agraviados ante lo que califican como una campaña de desprestigio hacia ese Poder por parte de Patrón Laviada, y consideraron que era menester solicitar la intervención del Senado de la República para que ponga un alto a esta situación, con fundamento en el Artículo 76, fracción VI, de la Constitución General de la República, del cual ningún estado del país ha hecho uso. Los
querellantes acusan al gobernador de pretender apoderarse de esa
soberanía para imponer a incondicionales suyos como magistrados,
con el fin de poder sacar de prisión a Armando Medina Millet,
acusado de asesinar a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, ante
la imposibilidad jurídica de reabrir el expediente A lo anterior sumamos las aseveraciones de directivos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, metiéndole más leña al fuego. La presidenta estatal del partido del sol azteca, Noemí Avilés Marín, afirmó que aunque los magistrados se extralimitaron al pedir al Senado su intervención, esa decisión puede ser una magnífica oportunidad para que el Poder Legislativo federal conozca cómo el Poder Judicial de Yucatán ha actuado en forma ilegal en torno al caso Medina Abraham y ha solapado la mala actuación de una de sus integrantes. El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Ricardo Gutiérrez López, interrogado sobre si era necesario que el TSJ recurriera al Senado, respondió que “necesario sólo es la muerte, e indispensable tampoco creo que lo fuera, más bien creo que se excedieron... Hay inercias y tenemos que empezar a entender esta relación”. Realmente poco esclarecedor su dicho. El coordinador de la bancada priísta en la Legislatura local, Cleominio Zoreda Novelo, aseveró que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no han sido los únicos ofendidos, pues el jefe del Ejecutivo estatal ha puesto calificativos a algunos legisladores del PRI y atacado al gobernador del vecino estado de Campeche, José González Curi. A su vez, el senador panista José Castañeda Pérez acusó a los priístas de tratar de convertir nuevamente a Yucatán en un “laboratorio de experimentos políticos, al llevar innecesariamente hasta el Senado un enfrentamiento entre los Poderes Judicial y Ejecutivo. Al opinar sobre el caso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Sergio Salazar Vadillo, dijo que eso forma parte del nuevo proceder democrático en México, lo cual no se daba en otros tiempos. Otros
como el secretario general de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez,
indican que no existe tal conflicto y resumió los hechos
a una “democrática” diferencia de opiniones entre
los poderes, contradiciendo a su jefe el gobernador, pero tratando
de sacarle “gas” al conflicto de moda. Urge un acuerdo político. La actual confrontación es inaceptable políticamente y se traduce en tropiezos para la vida institucional de la entidad. Qué lástima que actos jurídicos inéditos a nivel nacional surjan en circunstancias como la presente y no en asuntos de bienestar público. La situación es inédita a nivel local y nacional. Recordemos que en la década de los años 90, en Michoacán, fue destituido el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce del caso y reinstala al titular del Tribunal. La actual es diferente: es un enfrentamiento entre dos Poderes. No existe ordenamiento al respecto para estos casos. Los magistrados que piden la intervención del Senado se apoyan en el Artículo 76, fracción VI, de la Carta Magna, que otorga a la Cámara Alta la facultad de “resolver las cuestiones políticas que surjan entre los Poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado”. El escrito de los magistrados fue enviado a las Comisiones de Régimen Interno y de Justicia para su análisis. El senador blanquiazul Fernando Castañeda Pérez aseguró que el documento será estudiado hasta el próximo año, porque ahora hay que aprobar el paquete fiscal del Ejecutivo federal. “No hay motivo para darle prioridad” al escrito, además de que la petición “es ridícula” y los mismos promoventes están conscientes de ello. Será
interesante que el asunto llegue al pleno del Senado, a fin de escuchar
las argumentaciones de las partes en conflicto. Al respecto, Prieto
Méndez dijo no estar preocupado ante una eventual exposición
ante el pleno, ya que “cuando uno tiene la razón no
teme a los debates ni discusiones que se originen”. En una tierra de connotados juristas, resulta hasta cierto punto irónico que este tipo de controversias tenga que resolverse recurriendo a la instancia superior, en este caso a la Federal. Sin embargo, tomemos en cuenta que ante los vacíos legales, el Senado no podrá dar una solución 100% satisfactoria para las dos partes confrontadas. Como el propio secretario de Gobierno declaró hace unos días: “creo que hay en el Estado la capacidad para un buen entendimiento y un respeto entre los poderes…”. La pugna en cuestión ha llevado a la polarización en la sociedad, impulsada por las diferencias de opinión entre los diversos medios de comunicación escritos y electrónicos de la entidad. Con la queja de los magistrados, se pone de frente a las críticas justas y no, Angel Prieto Méndez, quien durante 400 días no tuvo diferencias con Patricio Patrón Laviada. En lo personal, ambos personajes se tratan con normalidad y cortesía. El acuerdo político y el diálogo deben imperar en estas circunstancias en los que la ciudadanía está demasiada golpeada en su ánimo y economía tras el paso de “Isidoro” –a lo que agregamos la aprobación de impuestos nuevos a uso de celulares y tomar refrescos embotellados. Los conflictos están llegando a tan peligroso nivel que resulta lamentables las declaraciones del presidente estatal del PAN, Alfredo Rodríguez y Pacheco, de que “mientras los poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado son constantemente sometidos al juicio y supervisión de la sociedad, “al Poder Judicial parece que no le gusta que lo toquen, ni con el pétalo de una rosa”. ¿Las constantes pugnas deben ser el pan nuestro de cada día para un mejor desarrollo y crecimiento de Yucatán? Vamos bien entonces. |
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El
3 de junio del año que está por finalizar, el gobernador
Patrón Laviada dio a conocer que la Procuraduría de
Justicia estatal investigaba presuntas irregularidades en el expediente
204/96 del caso Medina Abraham. En ese contexto, la PGJ solicitó
a la titular del Juzgado Cuarto de Defensa Social, Leticia Cobá
Magaña, proporcionar una serie de pruebas relativas al caso.
Cobá Magaña, en principio, se rehusó a complacer
dicha petición. La Procuraduría amenazó con
sancionar a la Jueza por entorpecer la diligencia. A partir de esa
fecha se han dado una serie de intercambios de declaraciones y expresiones,
la mayoría desatinadas y carentes de tacto, entre uno y otro
Poder. |
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