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No necesitamos ser estudiosos de la pobreza o de la nutrición,
y salir a la calle con un conjunto de herramientas teóricas
y metodológicas, para darnos cuenta que la pobreza y el hambre
nos acosan. Estos fenómenos, hoy asociados, no aparecieron
de un día para otro en nuestra sociedad; la pobreza ha estado
presente desde hace varias décadas; y, el hambre ha ido incrementándose
paulatinamente dadas las precarias condiciones socioeconómicas
en que se mantienen millones de familias en nuestro país.
Pero lo que nos asombra hoy no es tanto la persistencia o el incremento
de dichos males sociales, sino la ineptitud estatal y el fracaso
de un abanico de programas asistenciales que en nada han ayudado
a aliviar dichos problemas.
Tanto
el hambre como la pobreza han cambiado ahora de lugar y se han desplazado
de los sectores rurales hacia la periferia de las principales ciudades
del país. ¿Hasta cuándo el gobierno federal
dejará de permitir que en algunos estados y municipios el
clientelismo y el enriquecimiento de algunos cuantos se logre con
los recursos escasos destinados a combatir la miseria? ¿Deben
continuar los campesinos tomando las instalaciones de las secretarías
de Estado para que se les apoye en sus iniciativas?
Sabemos que estas preguntas no tienen respuesta fácil, pues
juegan en ellas la deficiencia de nuestras burocracias y las facciones
partidarias que insisten en captar más recursos públicos
como cosa propia. De todos modos, estas cuestiones revelan la endeble
legalidad democrática (según algunos, decrépita
e insignificante) con que tenemos que hacer frente a la problemática.
Si
la legalidad es una máscara que encubre la desigualdad, cabe
preguntarnos ¿de qué vale conservar aquella ficción?
¿Tiene consistencia la ciudadanía democrática
cuando más de la mitad de la población es pobre y
un tercio se hunde en la indigencia? ¿No favorece esta situación
a los demagogos populistas y a los astutos administradores políticos
de la marginalidad?
Estos
modos de ver la realidad no son nuevos y traen la discusión
de antiguas polémicas, típicas de la Europa del siglo
XIX, que en México y en algunos otros países de América
Latina han recobrado una inusitada actualidad. Se trata de la querella
entre libertades reales y libertades formales o, en términos
contemporáneos, del contrapunto expuesto por Raymond Aron
entre libertad y capacidad.
La
primera versión (expuesta por Karl Marx, aunque no fue el
único) postulaba una contradicción, imposible de resolver
mediante la legalidad vigente, entre las libertades formales del
constitucionalismo, cuyo disfrute pertenecía a unos pocos,
y la libertad real que se les sustraía a millones de seres
alienados. Marx entrevió el camino hacia una dictadura del
proletariado (es decir, ejercida por quienes carecían de
libertades reales) para superar este dilema.
En
nuestra constitución existen varias libertades inscriptas
las cuales deben complementarse con la capacidad de los ciudadanos
para ejercerlas. La libertad es un atributo básico de la
condición humana, que se va realizando a través del
tiempo (Lord Acton decía que la libertad es, ante todo, una
adquisición): una inteligencia creadora, sujeta a cambios
y perturbaciones, que tiene por objeto acumular experiencias y perfeccionar
nuestras potencialidades.
Pero
podríamos cuestionarnos de qué libertad(es) se trata(n)
cuando se arroja a millones de familias nuestras a un destino bloqueado
por la ausencia de oportunidades. ¿De qué sirven esas
libertades si no para producir ciudadanos de segunda o de tercera
clase? Habrá que aferrarse pues a esta frágil legalidad
para transformarla en un proyecto más apetecible, en un programa
económico y social que busque aunar libertad con capacidad.
Ese debería ser el horizonte. En el corto plazo, las imágenes
de esas familias pobres y niños de la calle hambrientos reclaman
el esfuerzo moral de satisfacer cuanto antes necesidades mínimas,
el suelo elemental de lo humano. Sólo cuando se pierdan todas
nuestras libertades despreciadas caeremos en la cuenta de cuán
reales eran por más formales e intrascendentes que hoy nos
parezcan.
En México no existe un esfuerzo colectivo para avanzar en
la solución de problemas, esto nos explica porqué
nuestros dirigentes -en todos los niveles de gobierno- no atienden
a lo que realmente pasa en el fondo de nuestra sociedad. En la arena
política, la lucha por los cargos y las candidaturas, ha
dejado a un lado el tiempo de la autoridad, vale decir, la acción
inmediata para poner la "casa en orden". Y no está
por demás señalar que la historia también nos
muestra que las democracias sucumben por la ceguera de los dirigentes.
* Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM
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