Hace cinco años, cuando Estados Unidos inició las hostilidades contra Irak, se calculaba que en ese país operaban entre 15 mil y 20 mil empresas de seguridad privada, lo que ha llevado a que a esa contienda se le defina como la primera guerra privada. Ese mote no es una exageración: la presencia y la visibilidad de las empresas de seguridad privada en Irak se ha incrementado, alertando en torno al papel de dichas corporaciones en el aprovisionamiento de servicios militares y de seguridad a Estados, empresas, organismos internacionales y organismos no gubernamentales (ONG).

 

La seguridad tradicionalmente es vista como un bien público al que cualquier persona debe y puede tener acceso. Sin embargo, el auge en los servicios de seguridad privada sugiere que quien posea más recursos podrá “comprar” la seguridad que mejor convenga a sus intereses, tema controvertido, particularmente en los países en desarrollo, donde subsiste una pésima distribución y apropiación de la riqueza, a la vez que los problemas de seguridad para la población son muy dramáticos. Asimismo, en esta era de privatizaciones a marchas forzadas sobre la base de que el Estado es un “mal administrador”, la premisa es que todo, inclusive la seguridad, debe ser dejado al libre juego de las fuerzas del mercado. Así, debido a las reformas económicas efectuadas y a los ajustes presupuestales que han debido hacer en consecuencia, los Estados cuentan con pocas posibilidades para proveer seguridad a las sociedades, lo que a su vez determina que se recurra a los servicios de seguridad privada.

 

En la mayor parte de los países capitalistas avanzados, la seguridad privada iguala o supera a las fuerzas de seguridad pública. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que por cada policía existen dos guardias de seguridad privada. En Canadá la proporción es de cuatro a uno. En Sudáfrica, con el fin del apartheid y la pobre calificación de las corporaciones policíacas que hasta entonces habían operado para mantener el statu quo, la seguridad privada creció hasta superar al número de efectivos de la policía.

 

Los ingresos globales de la seguridad privada, que en 1990 ascendían a 55 mil 600 millones de dólares, se estima que para el año 2010 serán del orden de los 202 mil millones de dólares, considerando que anualmente la seguridad privada experimenta un crecimiento del 8 por ciento, casi a la par del crecimiento de la economía china.

 

Tanto en los países ricos como en los países pobres, el auge de los servicios de seguridad privada plantea interrogantes que demandan una pronta solución: ¿cómo garantizar la legalidad, la transparencia y la legitimidad de las acciones que perpetran los empleados de corporaciones privadas ante la ausencia de marcos legales correctamente estructurados?

 

Un buen ejemplo de la magnitud de los desafíos de la seguridad privada es la corporación Blackwater Worldwide, que tiene su sede en Carolina del Norte, EEUU, donde se localiza una base táctica y de entrenamiento que se supone que es la más grande del mundo en su tipo. En ella son capacitadas alrededor de 40 mil personas cada año, tanto en operaciones militares defensivas y ofensivas como en seguridad personal a menor escala. La empresa, como es sabido, ha estado en el ojo de la tormenta en Irak, primero en marzo de 2001, cuando cuatro de sus empleados fueron emboscados y asesinados, además de que sus cuerpos fueron colgados de un puente en la ciudad de Fallujah. En respuesta, EEUU inició un ataque contra la ciudad de Fallujah. De manera más reciente, en septiembre de 2007, empleados de Blackwater dispararon y asesinaron a 17 civiles iraquíes en Bagdad sin ninguna razón según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Este crimen se mantiene impune al día de hoy.