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¿Transparentes? 12/Ene/2018

José Francisco Lopez Vargas
Correo: elnegrito_63@hotmail.com
@elnegrito_63
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Claroscuro, por: Francisco López Vargas.

Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, salió la semana que termina para quejarse de que la Federación no le entregó recursos a los que por ley no tiene derecho y que, dijo, se comprometieron a darle.

Lejos estamos de justificar que haya una represalia contra un gobierno por perseguir al que le entregó si es que éste cometió delitos, como es el caso de varios gobernadores que entregaron el Ejecutivo hace un par de años. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y no puede tener adalides de mentiras, o hipócritas que se quejen cuando la ilegalidad no los beneficia.

El sistema político mexicano fue armado con varios vericuetos que permitían, primero a los priistas, obtener no sólo los recursos legales que le corresponde sino que con base en negociaciones extralegales el favor del gobierno federal para tener más dinero del que les corresponde. Una especie de dádiva para gobernadores consentidos o privilegiados, más para los cuates y más para los adversarios para tenerlos a modo.

Javier Corral destapó esa práctica que no desapareció con los gobiernos panistas y que gustosos han aceptado primero los gobernadores panistas y después todos los demás.

Aristóteles Nuñez destapó sin titubear la práctica anualizada que se recrudece cuando hay elecciones o cuando las hubo, en años inmediatos anteriores o posteriores.

Los adalides de la transparencia y de la legalidad parecieran justificar, así se vio cuando apoyaron a Corral, que en lugar de luchar contra la opacidad la respaldan. No sólo porque no hay un convenio legal para ese reparto de dinero excedente sino que cada gobierno lo solicita según sean sus necesidades de fin de año, reales o no.

Corral se quejó de que no se cumplió una exigencia suya que hizo entre octubre y noviembre pasado, quizá usando una práctica que era común de su antecesor y sabiendo que no era legal, menos presupuestalmente justificable como nunca lo fue el reparto de los excedentes petroleros que los mexicanos comunes sabíamos había pero no cómo se repartían los gobernadores.

La exigencia de los gobernadores en octubre y noviembre no sólo deja claro que hay una mala planeación financiera en las entidades sino que exhibe una mala costumbre que debería si no desparecer, al menos si legalizarse o formalizarse porque no hacerlo le deja la mano ancha al gobierno federal para disponer del recurso y a los gobernadores para usarlo como mejor le parezca sin tener la obligación de transparentarlo además de que pueden darle más o menos, según convenga.

Los recursos que exige Corral no los autorizan los diputados, no entran en la ley de coordinación fiscal y se entrega como justificación de que es a cuenta de participaciones del siguiente año, pero no son fondos del gobierno sino de los ciudadanos que se obtienen por el pago de contribuciones e impuestos y los otros posibles ingresos del ejercicio de gobierno.

Lo narrado por Aristóteles no era un tema desconocido: gobernadores visitando la Secretaria de Hacienda con sus diputados, senadores y demás apoyadores para pedir que haya excedentes a su favor, recursos extralegales y negociados con base en una mala planeación financiera o una elección por venir o una elección por pagar, pero lo más grave es que hubo gobiernos de todo signo, de toda filiación que sucumbieron a un dinero extralegal que era fácilmente desviable no sólo para hacer grilla o campaña sino también para enriquecer la bolsa de quien era el responsable de ese gobierno.

El discurso de agotar la discrecionalidad en el manejo de los fondos público es hora de ver si es congruente: que los gobiernos de las entidades renuncien a él, a esos apoyos de cierre presupuestal, pero que lo refuercen los diputados, los senadores, los regidores y todos los que pueden hacer leyes y legalizar la práctica.

En el acto de Corral no sólo exhibió la hipocresía de él como gobernador opositor sino también se llevó entre las patas a Jacqueline Peschard, a José Antonio Crespo, a todos los que se acreditan como defensores de la transparencia y que lo acompañaron porque o desconocen que el dinero es extralegal o los convenció de que todo era por la investigación contra César Duarte y esa práctica es común entre gobernadores y el gobierno federal. Ellos sabrán.

En el tema nadie salió bien parado. El presidente Peña salió al quite, Meade cambió su discurso, el PRI reaccionó y el gobernador de Tabasco, un hombre sabio, Arturo Núñez, pidió que la cordura regrese y reconvino a Corral a no hacer más daño a partir de ese tema. En político, le pidió que no por exigir esos recursos pongan en riesgo esa práctica que beneficia a todos los gobernadores del país.

En el camino, Corral le enmienda la plana a Anaya mientras que en Chihuahua el homicidio de Miroslava Breach resurge y la sociedad no lo da por resuelto porque acusan que ese gobierno niega el acceso a la carpeta de la investigación y evitó a la familia el conocimiento de la investigación que presumen encubrimiento de un grupo de cercanos a ese gobierno mientras la sombra de la narco política ensombrece el resultado.

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