María Cristina Rosas
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El próximo año, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrará seis décadas de existencia. Se trata de un acontecimiento muy singular a juzgar por el hecho de que el contexto en el que surgió –la guerra fría- cambió dramáticamente en todo ese tiempo. El país antagónico a Estados Unidos, contra el cual nació la OTAN, ya no existe. Lo que es más: la alianza militar espejo de la OTAN, el Pacto de Varsovia, pereció a principios de la década de los 90.
Hoy la OTAN sigue siendo liderada por Estados Unidos, y cuenta con 26 miembros, de los cuales 10 ingresaron entre 1999 y 2004, y todos ellos fueron parte de la Unión Soviética o bien, pertenecieron al Pacto de Varsovia (República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia).
A lo largo de los 90, la razón de ser de la OTAN fue muy cuestionada, pero a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 el artículo 5 del Tratado de Washington –base de la alianza- fue invocado a fin de cerrar filas con Estados Unidos contra su agresor. Ello también posibilitó que en la invasión de Afganistán para atacar a los talibanes –protectores de al-Qaeda- la OTAN se involucrara en la misión denominada Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional (ISAF) a partir de 2003.
Al margen de ello, existe una figura político-jurídica creada por Estados Unidos, para favorecer la cooperación militar con países que no pertenecen a la alianza noratlántica, que se denomina principal aliado no miembro de la OTAN. Esta figura fue creada en 1989 a través de una enmienda aprobada por el Congreso estadunidense mediante la cual el Secretario de Defensa y el Departamento de Estado quedaban habilitados para suscribir acuerdos de cooperación militar con países no miembros de la OTAN. En ese mismo año, cinco países (Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur) recibieron ese estatus. Ya en la postguerra fría, otras naciones se sumaron a la lista: Jordania (1996), Nueva Zelanda (1997), Argentina (1998), y, tras el 11 de septiembre de 2001, Bahrein (2002), Filipinas y Tailandia (2003), y Kuwait, Marruecos y Pakistán (2004).
Entre los beneficios de recibir dicho estatus figuran: la posibilidad de llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo de manera conjunta con el Departamento de Defensa compartiendo los costos correspondientes; la participación en ciertas actividades contra-terroristas; la adquisición de tecnologías capaces de resistir ataques con uranio empobrecido; la posibilidad de recibir de manera prioritaria y expedita bienes militares; la posibilidad de almacenar equipo militar que el Departamento de Defensa guarda fuera del territorio estadunidense; el acceso a créditos para equipo y materiales para la investigación cooperativa y el desarrollo de proyectos y evaluaciones; el permiso para emplear financiamiento estadunidense en la adquisición de equipo; entrenamiento recíproco; procesado expedito de la exportación de tecnología aeroespacial; y el permiso del Departamento de Defensa para que las empresas de los países que cuentan con este estatus, participen en las licitaciones encaminadas a almacenar y proteger los pertrechos militares que EEUU mantiene allende sus fronteras.
Si bien esta figura no equivale a un pacto de defensa mutua, le permite a Estados Unidos apoyar a sus aliados estratégicos –distintos de los europeos- y reafirmar su presencia e influencia en el mundo. Este tipo de cooperación cobra todavía más importancia ante las numerosas alianzas estratégicas que se han gestado, por ejemplo, entre Rusia y China; entre China e India; entre China y Japón; entre Japón y Rusia; y entre todos y cada uno de ellos con Europa. Así, Estados Unidos trata de revalidar su hegemonía, pese a los pobres resultados en sus campañas militares en Afganistán e Irak.
